La cárcel se ubica en un predio que originalmente fue propiedad de la Orden Jesuítica, el cual en 1968 es adquirido por el Ministerio del Interior.

La llegada de nuevas prisioneras requería una constante ampliación y remodelación.

Se construyeron pabellones anexos al edificio central (que originalmente tenía capacidad para 180 personas), nuevos celdarios y calabozos de castigo; no obstante, se vivía en condiciones de hacinamiento, con hasta entre 18 y 22 prisioneras en cada celda.

Se levantaron torres de vigilancia, cercos perimetrales e instalaciones para efectivos militares, que llegaron a ser unos 300, entre tropa femenina y masculina.

La guardia perimetral de la cárcel era realizada por efectivos masculinos, y la guarda interna, en contacto directo con las prisioneras, estaba a cargo del personal femenino.