En mayo de 1931 se habían creado los jurados mixtos de la Propiedad Rústica (para entender en primera instancia sobre conflictos entre arrendatarios y propietarios), cuyos fallos se podían recurrir ante una Comisión Mixta Arbitral Agrícola (CMAA) inicialmente adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, al terminar dicho conflicto bélico, los precios de estos productos volvieron a bajar, pero el propietario de la tierra no quiso reducir la renta que cobraba al cultivador directo.
La Confederación envió a Marcelino Domingo las demandas aprobadas en esta asamblea, pero el ministro tardó varios meses en responder;[4] cuando lo hizo fue para trasmitirle que sus aspiraciones requerían la modificación de leyes que sólo podían aprobarse en las Cortes.
Por una parte, casi simultáneamente a la entrega de las demandas al ministro, se convocaron elecciones a vocales arrendatarios en la Comisión Mixta Arbitral Agrícola (CMAA).
Para ese mismo día, la ALE anunció la celebración de un grandioso homenaje nacional de los labradores al ministro Marcelino Domingo, alegando que había publicado, entre otras medidas, una disposición para regular el mercado triguero.
[9] A la sesión inaugural asistieron más de 500 delegados de toda España y durante el acto se produjo un incidente con el presidente de la ALE, Pedro Sánchez Márquez, que asistió a la asamblea después de haber intentado boicotearla y que tuvo que abandonar el salón junto a algunos labradores.
Dicho comité ejecutivo quedó compuesto por Modesto García Almansa (presidente), José de las Casas Pérez (secretario), Juan Canales González (vocal) y Joaquín Fernández Morillo (vocal).
El comité entregó a la prensa las conclusiones de la asamblea (peticiones dirigidas al Gobierno) agrupadas en seis bases o apartados, que hacían referencia a los temas abordados (arrendamientos rústicos, jurados mixtos, crédito agrícola, tasa del trigo y censo electoral social).
[11] Al igual que ocurría con los propietarios de fincas y los obreros del campo, el Instituto de Reforma Agraria (IRA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, que en 1932 dirigía Marcelino Domingo, reservó para los arrendatarios dos vocales en su Consejo Ejecutivo.
[12] A la vista de los datos remitidos, el Ministerio rechazó muchas de las declaraciones aportadas por la AEAAMT, lo que fue denunciado en las Cortes por el diputado socialista Juan Canales González.
El diputado censuró al ministro por haber rechazado una parte importante de los 33.000 asociados declarados por la AEAAMT, impidiendo que a dicha asociación se le otorgase uno de los vocales arrendatarios en el Consejo Ejecutivo del IRA y favoreciendo a la ALE, cuyo domicilio social era el mismo del PRRS.
[13] Como el Gobierno estaba integrado por republicanos y socialistas, entre ellos Indalecio Prieto, la censura a un ministro y el anuncio de una interpelación (sin contar con la preceptiva autorización de la minoría socialista) motivaron que el PSOE abriera un expediente al diputado Canales, que acabó con su expulsión del partido.
Como no fue posible, la asociación cordobesa acordó presentar una candidatura independiente, ajena a cualquier ideología política, y encabezada por García Almansa; en ella se reservaban espacios en blanco para que cada elector pudiera añadir el resto de sus candidatos preferidos.
En una conferencia que García Almansa pretendía dar en Castro del Río sobre jurados mixtos de la Propiedad Rústica, los alborotos y amenazas ocurridos obligaron a suspenderse el acto.
Como en las elecciones no se cubrieron todos los diputados asignados a la provincia de Córdoba, hubo que realizar una segunda votación; en ella, la asociación de arrendatarios aconsejó a sus afiliados que votasen la candidatura socialista.
Sin embargo, desde su propio partido, la CEDA, introdujeron tantas modificaciones a su proyecto que quedó totalmente desvirtuado.
Para las elecciones a vocales arrendatarios del Consejo Ejecutivo del IRA que se convocaron durante esta segunda legislatura republicana, la CEDA formaba parte del Gobierno y deseaba que el IRA contase con una representación campesina de ideología conservadora.
También se modificó el sistema electoral usado para designar los vocales; se adoptó el de "mayorías y minorías", que no respetaba la relación de fuerzas entre las candidaturas.
La AEAAMT optó por participar en ellas y declaró que tenía, unos 186.000 afiliados (votos).
Los dirigentes de la AEAAMT intentaron infructuosamente entregar en la secretaría del IRA la documentación acreditativa restante, llegando incluso a llevar un certificado notarial, pero el IRA se negó a aceptar como válido el número declarado y no le otorgó representación en el Consejo Ejecutivo.
Tal como se había pronosticado durante su debate en las Cortes, muchos propietarios iniciaron el desahucio de sus arrendatarios alegando su intención de explotar la tierra directamente.
El resultado fue que comenzaron a producirse lanzamientos de arrendatarios en masa.
En otras provincias extremeñas y andaluzas se producían casos similares.
El anuncio indicaba solamente “a propuesta de Asociaciones profesionales de labradores, arrendatarios, …”, pero sin señalar ninguna organización convocante, lo que parecía dar a entender que la estaba convocando la AEAAMT.
[31] Tras el triunfo del Frente Popular, la AEAAMT remitió un escrito a la prensa recordando al Gobierno las cuestiones más apremiantes para el campo y sugiriendo algunas medidas para restablecer la tranquilidad.
El nuevo Gobierno derogó gran parte de la legislación agraria aprobada en la segunda legislatura; anuló las elecciones del Consejo Ejecutivo del IRA y convocó otras nuevas en mayo de 1936.
Sin embargo, ante la dificultad de entregar los datos en el plazo señalado por la convocatoria, se amplió dicho plazo en varias ocasiones, extendiéndose hasta agosto de 1936, fecha en que ya se había iniciado la sublevación militar.
Finalmente, no se llegaron a realizar, dado el poder de facto que alcanzaron las centrales sindicales UGT y CNT (al contribuir a sofocar la rebelión en muchas zonas) y el colapso que se produjo en toda la administración.