Así, los tributos concretos de una provincia u otro lugar eran arrendados por los censores en bloque a una o varias de esas societates, que pagaban un tanto alzado en efectivo al tesoro republicano, y después, cobraban el impuesto, evidentemente con un sustancioso beneficio.
Además, como muchos gobernadores tenían intereses particulares en enriquecerse, solían estar de acuerdo con los publicanos para exprimir a sus súbditos.
Solo prosperaban algunos casos especialmente escandalosos, como el ataque realizado por Cicerón en defensa de los sicilianos contra Cayo Verres.
Así mismo, las comunidades privilegiadas de las provincias, colonias y municipios, debían satisfacer al estado romano un impuesto equivalente llamado tributum.
Este sistema provocaba numerosos problemas de orden público, por lo que, progresivamente, las societates publicanorm fueron sustituidas a lo largo del siglo I por procuradores ecuestres nombrados por el emperador, y dotados de capacidad y personal para poder realizar estas funciones.