Ad extirpanda

En ella, dado que desde tiempos de Inocencio III la herejía era considerada un crimen de lesa majestad, se autorizaba a la Inquisición pontificia el uso de la tortura como medio confesional para obtener la legitimación de los herejes.[1]​ Originariamente los inquisidores no estuvieron autorizados a utilizar la tortura contra los herejes, pero en la constitución Ad extirpanda se decía:[2]​Así pues, en 1252 el papa Inocencio IV, tras proclamar que «los heréticos eran ladrones y asesinos de almas, y que no debían ser tratados mejor que si fuesen literalmente ladrones y asesinos», legaliza y reglamenta el uso de la tortura en el proceso inquisitorial.En el siglo XIV la jurisdicción francesa distinguía entre la question prèpartoire, la tortura aplicada para obtener una confesión, y la question préalable, la tortura aplicada después de la confesión y cuyo objetivo era obtener el nombre de los cómplices.[4]​ Esta bula también concedió a los monarcas del tiempo una parte de los bienes confiscados a los herejes hallados culpables,[5]​ así como antes se daban semejantes concesiones a los delatores de herejes.