Como ha señalado Joseph Pérez "ante la Inquisición todo reo es presuntamente culpable", el procedimiento y la instrucción del proceso están orientados a ese objetivo —que el acusado reconozca su culpabilidad—, de ahí la importancia que conceden los inquisidores a "que el acusado se declare culpable y que manifieste su arrepentimiento".[2] Sin embargo, los reconciliados no podían ocupar cargos eclesiásticos ni empleos públicos, ni podían ejercer determinadas profesiones, como recaudador de impuestos, médico, cirujano o farmacéutico.[6] La pena de muerte se reservaba a los acusados relapsos (reincidentes), tanto penitentes —los que confesaban su herejía y se arrepentían, por lo que eran estrangulados antes de ser quemados— como para los impenitentes —que eran quemados vivos por no haberse arrepentido—.Por otro lado, los impenitentes relapsos, según Pérez, "plantean un problema a los inquisidores, que tienen la sensación de haber fracasado en parte, ya que no han logrado convencerles de su error".Por eso los inquisidores están autorizados a utilizar cualquier medio para obtener la conversión y hasta en el auto de fe seguirán presionándolos y si no lo consiguen, tomarán todo tipo de precauciones para impedir que manifiesten sus sentimientos públicamente.
"Condenados por la Inquisición", de
Eugenio Lucas
(siglo XIX,
Museo del Prado
). "La Inquisición generalmente condenaba al culpable a ser "azotado mientras recorría las calles", en cuyo caso (si se trataba de un varón) tenía que aparecer desnudo hasta la cintura, a menudo montado sobre un asno para que sufriera una mayor deshonra, siendo debidamente azotado por el verdugo con el número señalado de latigazos. Durante este recorrido por las calles, los transeúntes y los chiquillos mostraban su odio por la herejía tirando piedras a la víctima.
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