El reinado de Juan Carlos I de España comenzó el 22 de noviembre de 1975, cuando el entonces príncipe de España Juan Carlos de Borbón juró las Leyes Fundamentales del Reino ante las Cortes franquistas tras la muerte del dictador Franco , quien lo había designado como sucesor en 1969. Finalizó el 19 de junio de 2014, cuando abdicó en favor de su hijo Felipe de Borbón y Grecia , quien juró la Constitución de 1978 y fue proclamado rey por las Cortes Generales con el nombre de Felipe VI.
La transición a la democracia se produjo en los primeros años de su reinado, con lo que España ya no era la única dictadura no comunista que quedaba en Europa. El nuevo rey asumió el proyecto del sector reformista de la élite política franquista que, frente a los conservadores, defendía la necesidad de introducir cambios graduales en las leyes fundamentales para que la nueva monarquía fuera aceptada en el conjunto de Europa.
Este proyecto fue el que intentó poner en marcha su primer gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro , que ya había encabezado el último gobierno del general Franco. Sin embargo, ante la incapacidad demostrada por Arias Navarro, Juan Carlos nombró en julio de 1976 al «reformista» franquista Adolfo Suárez como nuevo Jefe de Gobierno para liderar el proceso de transición a la democracia sin ninguna « ruptura » con el «régimen anterior». Así surgió la Ley de Reforma Política , que fue aprobada por las Cortes franquistas y revalidada en el referéndum de diciembre de 1976. Según esta nueva ley fundamental se debían convocar elecciones libres a Cortes elegidas democráticamente.
El problema de Suárez fue conseguir que el proceso de transición "controlado" establecido en la Ley de Reforma Política fuera aceptado por la oposición democrática, ya que ésta, a cambio de abandonar la "ruptura democrática" y participar en las elecciones, exigía que se desmantelaran las instituciones franquistas y que se legalizaran todos los partidos sin excepción ─incluido el Partido Comunista de España─ . Superando serias dificultades, el presidente Suárez logró estos dos objetivos y el 15 de junio de 1977 pudieron celebrarse las primeras elecciones libres desde 1936 .
Unión de Centro Democrático (UCD), el partido organizado por el presidente Suárez, ganó las elecciones, aunque no por mayoría absoluta, y buscó el consenso del resto de fuerzas políticas ─y en especial del otro gran vencedor, el PSOE─ para crear el nuevo marco jurídico que debía sustituir a las leyes fundamentales del franquismo, así como para hacer frente a la crisis económica, la reaparición de la «cuestión regional» y el aumento del terrorismo de ETA . Esto desembocó en la creación del modelo de transición política a la democracia, que se basó en la Ley de Amnistía de 1977 que recogía todo lo ocurrido durante la dictadura franquista ─constituyendo así un denominado «pacto del olvido»─ [1] [2] y en la aprobación de una Constitución de consenso a cambio de que los partidos de izquierdas abandonaran su pretensión de instaurar la República . El 6 de diciembre de 1978 se celebró el referéndum y se aprobó la nueva Constitución democrática.
Una vez refrendada la Constitución, el presidente Suárez convocó elecciones para marzo de 1979, que ganó la UCD pero de nuevo sin mayoría absoluta. Durante los dos años siguientes, el partido gobernante sufrió un agudo proceso de descomposición interna que culminó con la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981. Al mes siguiente se produjo un intento de golpe de Estado por parte de un sector del ejército que pretendía paralizar el proceso democrático y que sólo la decidida intervención del rey Juan Carlos I consiguió frenar. Tras el 23-F, el nuevo gobierno de la UCD presidido por Leopoldo Calvo Sotelo consiguió gobernar en gran medida gracias al apoyo dado por el PSOE y su líder Felipe González porque la "autodestrucción" de la UCD se prolongó hasta octubre de 1982, cuando se celebraron nuevas elecciones que fueron ganadas de forma abrumadora por el PSOE. Así se hizo con el poder un partido que había sido uno de los derrotados en la guerra civil de 1936-1939.
Después de 1982, el sistema democrático se consolidó y España vivió un largo periodo de estabilidad política en el que hubo alternancia en el gobierno entre la izquierda y la derecha de forma pacífica siguiendo el dictado de las elecciones (el PSOE gobernó entre 1982 y 1996 y entre 2004 y 2011; el Partido Popular , surgido de la «refundación» en 1989 de la Alianza Popular , entre 1996 y 2004 y entre 2011 y 2014). Fue decisivo para la consecución de la estabilidad política que las posiciones de los dos grandes partidos en los temas más importantes no fueran antagónicas y que no se produjeran grandes «fracturas sociales», esto último gracias al desarrollo del Estado del bienestar y de las políticas de «protección social». También durante esos años, España participó activamente en la transformación de la Comunidad Europea , a la que se incorporó en 1986, en la Unión Europea y en el establecimiento de la moneda común, el euro.
Sin embargo, en los últimos seis años de reinado, España sufrió una durísima crisis económica que desembocó en una crisis política, que también afectó a la Corona y que no se había resuelto cuando Juan Carlos I anunció el 2 de junio de 2014 su decisión de abdicar.
En los primeros siete años del reinado de Juan Carlos I se completó la transición a la democracia, convirtiendo a España en la única dictadura no comunista que queda en Europa. La transición española, cuyo final suele situarse en la victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982 , se enmarca en la tercera « ola democratizadora » del siglo XX, que se inició en Portugal en 1974 con la « Revolución de los Claveles » y finalizó con la caída del Muro de Berlín en 1989. [3]
En 1969, el dictador Francisco Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor "a título de rey" con el título de Príncipe de España , en virtud de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. [4]
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el Consejo de Regencia asumió el gobierno interino. Dos días después, Juan Carlos I fue proclamado rey ante las Cortes franquistas . El nuevo rey pronunció un discurso en el que evitó hacer referencia al triunfo de Franco en la Guerra Civil española y en el que, tras expresar su «respeto y agradecimiento» a Franco, afirmó que pretendía alcanzar «un consenso efectivo de concordia nacional». De esta forma, dejó claro que no apoyaba el puro «continuismo inmovilista» propugnado por el búnker ─que defendía la perpetuación del franquismo bajo la monarquía instaurada por Franco, siguiendo el modelo establecido en la Ley Orgánica del Estado de 1967─ [5] sino con un mensaje al Ejército para afrontar el futuro con «serena tranquilidad» que dejaba entrever que la reforma se haría desde las propias instituciones del régimen. [6] [7] El aplauso más entusiasta, sin embargo, no fue para el nuevo rey sino para la familia del general Franco presente en la ceremonia. [5] La oposición antifranquista recibió el discurso del rey con frialdad. [6]
La ratificación de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno provocó una enorme decepción, [8] apenas mitigada por el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda , antiguo tutor del príncipe, como nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino , instituciones clave en el marco dejado por la dictadura franquista. [9] La decepción se mitigó al conocerse la composición del Gobierno, en el que aparecían las figuras más destacadas del «reformismo» franquista, como Manuel Fraga Iribarne , José María de Areilza y Antonio Garrigues y Díaz Cañabate . En este gobierno también participaron otros «reformistas» franquistas de las «familias» católica ( Alfonso Osorio ) y falangista (los «reformistas azules», Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa ). [10] En realidad, los miembros del gobierno fueron impuestos a Arias Navarro por el rey, y en el caso de Suárez había sido una sugerencia de Fernández Miranda. [11] Este nuevo gobierno fue a menudo denominado por la prensa como el "gobierno Arias-Fraga-Areilza-Garrigues". [12]
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Arias Navarro carecía de un plan para reformar el régimen franquista [13] [14] por lo que su gobierno adoptó el presentado por Fraga Iribarne que consistía en conseguir una democracia "liberal" que fuera equiparable a la del resto de países de Europa Occidental mediante un proceso gradual y controlado desde el poder de cambios graduales a las "leyes fundamentales" de Franco. Por eso también se le conoció como "reforma en continuidad" y su base de apoyo sería lo que entonces se denominaba " franquismo sociológico ". [15] Con la oposición democrática no se pretendía negociar ni pactar ningún elemento esencial del proceso y de las elecciones quedarían excluidos los "totalitarios", en referencia a los comunistas . [15] [16]
Por su parte, el PCE, entonces principal partido de la oposición antifranquista, y la Junta Democrática , la plataforma política que había creado en 1974, promovieron una gran movilización contra la monarquía «franquista». Hubo agitación en las universidades, se celebraron manifestaciones al grito de «Libertad y Amnistía», disueltas violentamente por la policía, y se desató una oleada de huelgas, mucho mayor que las ya muy importantes de 1974 y 1975. Los motivos de las huelgas convocadas por las ilegales Comisiones Obreras [14] eran fundamentalmente económicos ─se acentuaba la gravedad de la « crisis del petróleo de 1973 »─ pero también tenían motivaciones políticas ya que las reivindicaciones de aumentos salariales o mejoras en las condiciones de trabajo iban acompañadas de otras como la libertad sindical, el reconocimiento del derecho de huelga , la libertad de reunión y asociación , cuando no reclamando directamente la amnistía para los presos políticos y exiliados. [17]
La respuesta del gobierno fue la represión. [18] El 3 de marzo de 1976 se produjeron los incidentes más graves en Vitoria, que se saldaron con la muerte de cinco personas por disparos de la policía. Inmediatamente se declaró una huelga general en el País Vasco y Navarra en solidaridad con las víctimas, que tuvo un enorme seguimiento ─también en otras zonas. [18] Para gran parte de la oposición, la « masacre de Vitoria » mostró el verdadero rostro de la «reforma Arias-Fraga» y se intensificaron las manifestaciones y las huelgas, con posteriores enfrentamientos con las fuerzas del orden ─en Basauri , cerca de Bilbao, murió otro trabajador poco después. [19]
Pese a todo, las movilizaciones no contaban con el apoyo suficiente para derrocar al gobierno y mucho menos a la «monarquía franquista». Así, cada vez era más evidente que la alternativa de la «ruptura democrática» acompañada de una «acción nacional decidida» no era viable, por lo que su principal apoyo, el Partido Comunista de España, decidió en marzo de 1976 cambiar de estrategia y adoptar la alternativa de la «ruptura democrática pactada» propugnada por la oposición moderada y el PSOE ─que había formado la Plataforma de Convergencia Democrática─ , aunque sin abandonar la movilización ciudadana para ejercer una presión continua sobre el gobierno y obligarle a negociar con la oposición. [20] [21]
El cambio de estrategia del PCE, permitió la fusión el 26 de marzo de las dos organizaciones unitarias de la oposición, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, lo que dio lugar a la creación de la Coordinación Democrática ─conocida popularmente como Platajunta─. En su primer manifiesto rechazó la «reforma Arias-Fraga» y exigió una amnistía política inmediata, la plena libertad sindical y una «ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un periodo constituyente». Así, del primer escenario de ruptura con la sublevación popular surgió la exigencia de la convocatoria de elecciones generales de las que se pudiera derivar un proceso constituyente. [22] [23] Poco después de formarse la Platajunta el gobierno toleró que el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) celebrara en el interior del país su XXX Congreso camuflado bajo el término Jornadas de Estudio , pero al mismo tiempo la policía detuvo al líder de CC OO, Marcelino Camacho . [24]
Artículo publicado en la revista Newsweek el 25 de abril de 1976: El nuevo líder español [el rey Juan Carlos] está seriamente preocupado por la resistencia de la derecha al cambio político. Cree que ha llegado el momento de la reforma, pero el primer ministro Carlos Arias Navarro, un remanente de la época de Franco, ha mostrado más estancamiento que movilidad. El rey opina que Arias es un desastre absoluto, ya que se ha convertido en el abanderado de ese grupo de leales a Franco conocido como El Búnker . [...] Desde que asumió el trono, el rey ha hecho todo lo posible por convencer a Arias, pero se ha encontrado con un presidente de sesenta y siete años cuya respuesta es "Sí, Su Majestad" y no hace nada, si no lo contrario de lo que el rey quiere [...].
A principios de junio de 1976, el Rey visitó Estados Unidos y en su discurso ante el Congreso , de cuyo contenido exacto Arias Navarro no tuvo conocimiento, ratificó su compromiso de dotar a España de una democracia plena. Juan Carlos anunció la voluntad de la Corona de «asegurar el acceso al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos libremente expresados por el pueblo español». [25] Un mes y medio antes, la revista Newsweek había asegurado que el rey Juan Carlos había dicho a uno de sus periodistas ─lo que nunca fue desmentido─ que «Arias era un desastre sin paliativos». [13] Por las mismas fechas Arias Navarro había hecho unas declaraciones en televisión en las que había lanzado duros ataques a la oposición democrática, al tiempo que sus relaciones con el rey se habían deteriorado hasta el punto de que Arias había confesado a uno de sus colaboradores más cercanos: «Me pasa como con los niños; no lo soporto más de diez minutos». [26]
Tras comentar a Areilza que «esto no puede seguir así, a riesgo de perderlo todo ...», [26] Juan Carlos exigió el 1 de julio a Arias Navarro que presentara su dimisión, lo que éste hizo de inmediato. Unos días después, Torcuato Fernández Miranda consiguió que el Consejo del Reino incluyera entre los tres aspirantes a la presidencia del Gobierno al «candidato del rey»: Adolfo Suárez, un «reformista azul» que no había destacado demasiado hasta entonces. [26] [27] El nombramiento de Suárez provocó un enorme desconcierto y decepción entre la oposición democrática y los círculos diplomáticos, así como en las redacciones de los periódicos. [27] Un comentarista político que acabaría siendo ministro de Suárez escribió que su nombramiento había sido un «inmenso error». [28] [29]
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Adolfo Suárez formó un Gobierno de jóvenes «reformistas» franquistas, en el que no incluyó a ninguna figura destacada ─Fraga y Areilza, se negaron a participar─ pero al que no le faltaba experiencia política. [30] [31] [32] En su primera declaración, realizada ante las cámaras de TVE , el nuevo presidente presentó su proyecto «reformista» que contenía importantes novedades de lenguaje y objetivos y que causó un gran impacto en la mayoría de la población. Afirmó que su objetivo era conseguir «que los gobiernos del futuro sean fruto de la libre voluntad de la mayoría de los españoles» [32] y, tras manifestar su convicción de que la soberanía residía en el pueblo, anunció que éste se expresaría libremente en unas elecciones generales que se convocarían antes del 30 de junio del año siguiente. Se trataba de «elevar a la categoría de normalidad lo que a pie de calle es simplemente normal». [33] Finalmente, Suárez anunció que la «reforma política» que se iba a emprender se sometería a referéndum. [31]
El proyecto de Ley de Reforma Política , que fue redactado conjuntamente por el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda , el vicepresidente del Gobierno Alfonso Osorio y el ministro de Justicia Landelino Lavilla , era muy sencillo. Se creaban unas nuevas Cortes, formadas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, integradas por 350 y 204 miembros respectivamente y elegidas por sufragio universal , a excepción de los senadores designados por el rey. [34] Y al mismo tiempo se suprimían implícitamente todas las instituciones establecidas en las leyes fundamentales distintas de las Cortes, es decir, todas las instituciones franquistas sin excepción, de modo que la ley de reforma liquidaba en realidad lo que pretendía reformar. [35] [36]
Además, la nueva actitud del gobierno y especialmente la de su presidente cambió el clima político, superando la tensión que se había vivido durante el gobierno de Arias Navarro. [32] El 31 de julio el gobierno aprobó la amnistía, una de las principales reivindicaciones de la oposición antifranquista, aunque se excluyeron los "crímenes de sangre", por lo que muchos "presos vascos", supuestos miembros de ETA , permanecieron en la cárcel. [35] [14] [30] Esto unido a que las manifestaciones en el País Vasco y Navarra normalmente estaban prohibidas precisamente porque incluían la petición de amnistía para los "presos vascos" y la reivindicación de autogobierno que las autoridades vincularon inmediatamente a la actividad de ETA ─que continuó con los atentados─ explicaría que allí el clima de tensión (y radicalización política) aumentara mientras que en el resto de España disminuía. [35]
El obstáculo que más preocupaba al gobierno para llevar a cabo la «reforma política» no era lo que pudiera decir la oposición democrática, sino el Ejército, al que se consideraba el máximo garante del «legado franquista». El 8 de septiembre, Adolfo Suárez se reunió con la cúpula militar para convencer al alto mando de la necesidad de la reforma. En esa reunión se habló de los límites que nunca se traspasarían: no se cuestionaría ni la monarquía ni la «unidad de España»; no se exigirían responsabilidades por lo ocurrido durante la Dictadura franquista; no se formaría ningún gobierno provisional que abriera un proceso constituyente; no se legalizarían los partidos «revolucionarios» ─entre los militares se encontraba el Partido Comunista, su bestia negra desde la guerra civil─. En definitiva, el proceso que condujera a las elecciones estaría siempre bajo el control del gobierno. Una vez aclarados los límites, los recelos del Ejército se disiparon y Suárez obtuvo el visto bueno para el proceso que se disponía a emprender. [37] [38]
El proyecto de Ley de Reforma Política comenzó a discutirse en las Cortes franquistas el 14 de noviembre, dos días después de una huelga general convocada por la oposición democrática que tuvo un apreciable seguimiento. Sometida a votación el 18 de noviembre [39] el gobierno de Suárez obtuvo un rotundo éxito al ser aprobada por 435 procuradores , mientras que sólo 59 se opusieron, 13 se abstuvieron y 24 no votaron. Esto se logró con la inestimable colaboración del presidente de las Cortes, Fernández Miranda: la Ley se tramitó por el procedimiento de urgencia, lo que limitó los debates y la votación final no fue secreta; a los procuradores que ocupaban altos cargos en la administración se les advirtió de que corrían el riesgo de perderlos si no la apoyaban; a otros se les prometió que podrían renovar sus cargos en las nuevas Cortes que se eligieran formando parte de candidaturas que el gobierno estuviera dispuesto a apoyar. Esto explicaría por qué las Cortes franquistas habían decidido "suicidarse" ─hacerse el harakiri por decisión propia, como titulaban algunos periódicos al día siguiente de la votación. [40] [41]
Una vez aprobado, el referéndum de reforma política fue convocado para el 15 de diciembre. El gobierno no dio ninguna oportunidad a la oposición de exponer su posición ─la abstención─ en los medios que controlaba, especialmente en el más influyente, la televisión ─ni siquiera en la radio─ y desplegó una formidable campaña a favor del SÍ , por lo que el resultado del referéndum no deparó ninguna sorpresa: hubo una alta participación, salvo en el País Vasco, y el SÍ ganó con el 94,2% de los votos, mientras que el NO , defendido por el búnker , solo consiguió el 2,6%. [35] [42] [43] La «reforma política», e implícitamente la monarquía y su gobierno, quedaron así legitimados por el voto popular. A partir de ese momento, la exigencia de la oposición de la formación de un gobierno de «amplio consenso democrático» ya no tenía sentido. Sería el gobierno de Suárez el que asumiría la tarea que la oposición había asignado a ese gobierno: convocar elecciones generales. [40] [44]
Durante la última semana de enero de 1977 se produjo el momento más delicado de la transición antes de las elecciones, ya que los franquistas del búnker se propusieron frenar el proceso de cambio creando un clima de pánico que justificara la intervención del Ejército. La primera provocación se produjo en la Gran Vía madrileña, cuando un estudiante, Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación a favor de la amnistía fue asesinado por matones del grupo de extrema derecha Fuerza Nueva ─en la manifestación de protesta por el crimen una manifestante, María Luz Nájera, fue asesinada por una bomba de humo de la policía. [45] Dos días después se produjo el hecho más grave: unos pistoleros "ultras" irrumpieron en el despacho de unos abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista, situado en la calle Atocha de Madrid, y pusieron contra la pared a ocho de ellos y a un conserje, disparando a continuación. Cinco miembros del despacho murieron en el acto y otros cuatro resultaron gravemente heridos. [46] [47]
Pero la matanza de Atocha de 1977 no logró su objetivo de crear un clima que evocara la guerra civil. Al contrario, levantó una ola de solidaridad con el Partido Comunista, que reunió en las calles una multitud ordenada y silenciosa para asistir al entierro de los militantes comunistas asesinados. El Ejército, por tanto, no tenía por qué intervenir y ni siquiera el gobierno decretó el estado de excepción, como reclamaba la extrema derecha. [48] Y cuando parecía que la crisis había sido superada reaparecieron los GRAPO , que al igual que la extrema derecha también querían frenar el proceso de transición política, y secuestraron al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Emilio Villaescusa Quilis ─mientras aún tenían como rehén a Antonio María de Oriol , presidente del Consejo de Estado─ y mataron a tres policías. Pero ni el gobierno de Suárez ni el Ejército cayeron en la provocación tampoco en esta ocasión. [49]
La crisis de los "siete días de enero" produjo el efecto contrario de quienes pretendían desestabilizar el sistema, ya que aceleró el proceso de legalización de los partidos políticos [50] y el desmantelamiento de las instituciones franquistas, sin llevar a cabo ningún tipo de depuración de sus funcionarios, que fueron trasladados a otros órganos del Estado. El 1 de abril un decreto estableció la libertad sindical [51] y poco después, el Sábado Santo 9 de abril, se legalizó el Partido Comunista de España , lo que constituyó la decisión más arriesgada tomada por el presidente Suárez en toda la transición. [45] [52] La reacción más dura vino de las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga , dimitió y el gobierno tuvo que recurrir a un almirante de reserva para cubrir su puesto, pues ninguno en activo quería sustituirle.
El Consejo Supremo del Ejército manifestó su conformidad "en consideración a los intereses nacionales de orden superior", aunque no se abstuvo de manifestar su opinión contraria. Algunos otros altos mandos militares manifestaron su opinión de que Suárez les había "mentido" en la reunión que habían mantenido con él el 8 de septiembre y que les había "traicionado". Así, la legalización del PCE se convirtió en un "punto neurálgico de la transición" porque "era la primera gran decisión política tomada en España desde la guerra civil sin el beneplácito del ejército y en contra de su opinión mayoritaria". [49] El Partido Comunista a cambio tuvo que aceptar la monarquía como forma de gobierno y la bandera rojiamarilla , [53] y las banderas republicanas desaparecieron de sus mítines. [54]
El 13 de mayo, el avión procedente de Moscú aterrizó en Madrid llevando a bordo a la presidenta del PCE Dolores Ibárruri , la Pasionaria , que regresaba a España tras un exilio de 38 años. Al día siguiente otro exiliado, don Juan de Borbón , cedió sus derechos sobre la Corona española a su hijo, el rey Juan Carlos I. [ 55] A finales de mayo, Torcuato Fernández Miranda , «importante artífice de la transición como presidente de las Cortes», presentó su dimisión a su cargo, lo que «parecía indicar el inicio de una nueva etapa política». [56]
Finalmente, el 15 de junio de 1977 se celebraron las elecciones generales sin ningún incidente y con una participación muy elevada, cercana al 80% del censo. La victoria fue para la Unión de Centro Democrático , una coalición de partidos moderados e «independientes» liderada por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, aunque no logró la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados ─obtuvo el 34% de los votos y 165 escaños: se quedó a 11 escaños de la mayoría absoluta. [57] [58]
El segundo vencedor fue el PSOE, que se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda, al obtener el 29,3% de los votos y 118 diputados, desbancando por amplio margen al PCE, que obtuvo el 9,4% de los votos y se quedó con 20 diputados, pese a que era el partido que había tenido mayor peso en la lucha antifranquista. También fue desbancado el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván , que obtuvo tan solo seis diputados y el 4% de los votos. El otro gran perdedor de las elecciones, junto al PCE, fue la neofranquista Alianza Popular de Manuel Fraga que solo obtuvo el 8,3% de los votos y 16 diputados, 13 de los cuales habían sido ministros del franquismo. [59] Pero el mayor revés lo sufrió la democracia cristiana de Joaquín Ruiz-Giménez y José María Gil Robles , líder de la CEDA durante la Segunda República , que no obtuvo ningún diputado. [60] [61] Por otro lado, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda lograron representación parlamentaria. [62]
Tras las elecciones, se dibujó un sistema de partidos denominado de " bipartidismo imperfecto ", donde dos grandes partidos o coaliciones (UCD y PSOE), que se situaban hacia el "centro" político, habían recogido el 63% de los votos y se repartían más del 80% de los escaños (283 de 350), y otros dos partidos o coaliciones se situaban, con mucho menos apoyo, en los extremos ─AP a la derecha, PCE a la izquierda. La excepción al bipartidismo imperfecto fue el País Vasco, donde el PNV consiguió 8 escaños y la coalición Euskadiko Ezkerra 1, y Cataluña donde el Pacte Democràtic per Catalunya liderado por Jordi Pujol consiguió 11 y la coalición Esquerra de Catalunya 1. [60] [63]
La medida que los recién elegidos diputados de las Cortes consideraron más urgente fue promulgar una ley de amnistía total que liberara a los presos que seguían en la cárcel por delitos «de motivación política», incluidos los «de sangre». La izquierda aceptó que la ley también abarcara a las personas que habían cometido delitos durante la represión franquista, lo que constituía una especie de «pacto del olvido» porque, como decía el comunista Marcelino Camacho , encarcelado durante la dictadura, «¿cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos ido matando, si no borrábamos de una vez por todas ese pasado?». [64] Sin embargo, a pesar de que la Ley de Amnistía liberó a todos los «presos vascos», ETA no sólo no abandonó la «lucha armada» sino que incrementó el número de atentados ─en 1978, perpetró 71 con resultado de 85 muertos. [65]
Un asunto urgente que había que afrontar era la crisis económica iniciada en 1974. El ministro de Economía Fuentes Quintana propuso la firma de un gran «pacto social» que «compensara» las duras medidas de ajuste que había que tomar mediante mejoras sociales y algunas reformas jurídico-políticas. [66] [67] Esto dio lugar a los Pactos de la Moncloa firmados el 27 de octubre de 1977, [68] [69] que consiguieron estabilizar la economía y controlar la inflación ─ del 26,4% en 1977 al 16,5 al año siguiente ─ [70] y se incrementó a cambio el gasto social ─ prestaciones por desempleo, pensiones, educación y gasto sanitario ─ gracias a la reforma fiscal implantada por el ministro Francisco Fernández Ordóñez . [71]
Otro asunto acuciante era la « cuestión regional », pues las reivindicaciones de autogobierno por parte de Cataluña y el País Vasco no admitían más dilaciones. En el caso de Cataluña se exigía la restauración del Estatuto de Autonomía aprobado por la República, [72] pero Suárez optó por aprobar un decreto-ley de 29 de septiembre de 1977 que restablecía «provisionalmente» la Generalitat aunque sin remisión al Estatuto de 1932 que permitía el regreso del exilio del «president» Josep Tarradellas . [71] [73] Para el País Vasco se constituyó el Consejo General Vasco en diciembre de 1977 bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial , pero como en el caso de Cataluña, tampoco se restableció el Estatuto de Autonomía aprobado por la República. [73] [74] La concesión de un régimen de "preautonomía" a Cataluña y al País Vasco alentó o "despertó" los movimientos "autonomistas" en otras regiones, que el gobierno canalizó procediendo a la constitución de órganos de preautonomía en todas aquellas que lo reclamaron. [65]
Pero el deber esencial de las Cortes y del Gobierno era la elaboración de una Constitución. Para ello se creó una Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso de los Diputados, que a su vez nombró una comisión de siete miembros para presentar un anteproyecto. Estaba formada por tres diputados de la UCD ( Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón , José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros ), uno del PSOE (Gregorio Peces Barba), uno del PCE-PSUC ( Jordi Solé Tura ), uno de Alianza Popular ( Manuel Fraga Iribarne ), y uno por las minorías vasca y catalana ( Miquel Roca ). [75]
Los ponentes se propusieron lograr un texto de consenso que fuera aceptable para las grandes fuerzas políticas para que cuando se alternaran en el gobierno no tuvieran que cambiar la Constitución. [76] [77] Mientras que UCD cedió a las demandas de la izquierda de un texto amplio en el que se reconocieran todos los derechos y libertades fundamentales, el PSOE y el PCE renunciaron a la forma republicana de Estado en favor de la monarquía sin la convocatoria de un plebiscito específico sobre el tema, aunque lograron dejar prácticamente sin efecto los poderes de la Corona. [78]
Por otra parte, los partidos de ámbito estatal aceptaron la propuesta del nacionalista catalán, Miquel Roca, de introducir el término «nacionalidades» en la Constitución. Uno de los momentos más críticos, que casi rompió el consenso, fue la discusión del artículo 27 relativo a la «cuestión religiosa», pero finalmente se llegó a una redacción consensuada en la que se reconocía la « libertad de enseñanza » y la «libertad de creación de centros educativos» ─y por tanto, el derecho de la Iglesia católica a mantener sus centros religiosos─ pero se admitía que «los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos» ─es decir, no sólo los centros estatales, sino también los centros privados o religiosos subvencionados por el Estado. [79] Otras cuestiones polémicas se pactaron recurriendo a una redacción ambigua del articulado, como ocurrió con el aborto . [80]
La comisión terminó sus trabajos en abril de 1978 y la Comisión de Asuntos Constitucionales empezó a debatir el anteproyecto el 5 de mayo. Pero la verdadera negociación la llevaron a cabo al margen de la comisión Fernando Abril Martorell en representación de la UCD y del Gobierno y el vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra , que se reunieron en privado para consensuar los temas controvertidos, lo que permitió la rápida aprobación del articulado del anteproyecto. El consenso se extendió a comunistas y nacionalistas catalanes pero no se adhirieron a él una parte de Alianza Popular, que rechazaba entre otras cosas la incorporación del término «nacionalidades», y el PNV, que exigía el reconocimiento de la soberanía nacional de los vascos. [81] [82]
Finalmente, el 31 de octubre de 1978, el proyecto de Constitución fue votado en el Congreso y en el Senado. En el Congreso, 325 diputados votaron a favor, 6 en contra (cinco diputados de AP y el diputado de Euskadiko Ezkerra), y 14 se abstuvieron (los 8 diputados del PNV, más 6 de AP y el grupo mixto). [83] En el Senado, 226 senadores la apoyaron y 5 votaron en contra. La Constitución obtuvo así un enorme apoyo parlamentario. [76]
El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue sometida a referéndum , siendo aprobada por el 88% de los electores, y rechazada por el 8%, con una participación del 67,11% del censo. En el País Vasco, la campaña abstencionista impulsada por el PNV tuvo éxito de manera que allí la Constitución fue aprobada por tan solo el 43,6% del censo electoral. [84] Fue también en el País Vasco donde se registró un mayor porcentaje de votos negativos (23,5%). Una situación diferente a la de Cataluña, donde el nivel de participación fue similar al del resto de España, y los votos positivos superaron el 90%. [85]
Una vez aprobada la Constitución, Adolfo Suárez disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones . [86] [87] El resultado no satisfizo a ninguno de los dos grandes partidos pues las cosas quedaron como en 1977. La UCD volvió a ganar pero sin alcanzar la mayoría absoluta como pretendía y el PSOE no mejoró sensiblemente sus resultados y se mantuvo en la oposición pese a que había absorbido al PSP de Tierno Galván. Lo mismo ocurrió con AP, que se presentó bajo el nombre de Coalición Democrática , y el PCE, que tampoco logró ganar posiciones. [88] [89] [90]
Un mes después de las elecciones generales, tuvieron lugar las primeras elecciones municipales desde la II República , que en esta ocasión se saldaron con la victoria de la izquierda, ocupando las alcaldías en la mayoría de las grandes ciudades gracias a los pactos postelectorales firmados por el PSOE y el PCE. Mientras que los socialistas Enrique Tierno Galván y Narcís Serra , ocupaban las alcaldías de Madrid y Barcelona, respectivamente, el comunista Julio Anguita se convertía en el primer alcalde comunista de una gran ciudad española ─Córdoba─ de toda su historia. [91]
El fracaso en la victoria en las elecciones generales supuso una profunda decepción en el seno del PSOE y abrió el debate interno. [92] En el XXVIII Congreso del PSOE celebrado en mayo de 1979, la mayoría de los delegados se opusieron a la propuesta de la dirección de que para ganar las elecciones era necesario eliminar el marxismo de la definición del partido. Entonces dimitieron el secretario general Felipe González y el resto del comité ejecutivo. [92] [93] Sin embargo, en el Congreso Extraordinario celebrado en septiembre de 1979, Felipe González fue aclamado por los delegados y se eliminó la definición marxista del partido. [94] Esto fortaleció el liderazgo de Felipe González y culminó el proceso de "refundación" del PSOE iniciado cinco años antes en el Congreso de Suresnes. [95]
El asunto más acuciante que debía abordar el gobierno era el «autonómico», pues tanto catalanes como vascos reclamaban la tramitación inmediata de sus respectivos proyectos de estatuto, el de Sau y el de Guernica . [96] En el verano de 1979, Suárez negoció el Estatuto del País Vasco con el nuevo presidente del Consejo General Vasco ─el nacionalista vasco Carlos Garaikoetxea─ llegando a un acuerdo que incluía la creación de una policía propia y el restablecimiento de los conciertos económicos . El 25 de octubre fue sometido a referéndum en el que participó el 59,7% del censo, siendo aprobado por una amplísima mayoría. [97] [98] También culminó con éxito la negociación del Estatuto de Autonomía de Cataluña , que obtenía un nivel similar de autogobierno ─aunque allí no se implantaría el sistema de conciertos─ y unas instituciones propias similares. Fue sometido a referéndum el mismo día que el del País Vasco, siendo aprobado con una participación electoral similar a la vasca. [97] Poco después se celebrarían las primeras elecciones a los respectivos parlamentos, que dieron la victoria a los nacionalistas del PNV en el País Vasco (con Carlos Garaikoetxea como nuevo lehendakari ) y a los nacionalistas de Convergència en Cataluña (con Jordi Pujol como nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya ). [99] [100] [101]
La aprobación de los Estatutos vasco y catalán ─y la discusión del gallego─ dispararon las expectativas autonómicas de muchas regiones de modo que el Gobierno, ante la perspectiva de desencadenar un «carrusel» de referendos autonómicos, decidió «racionalizar» el proceso. [102] El problema surgió en Andalucía, donde ya se habían dado los primeros pasos que establecía el artículo 151 para dotarse de un Estatuto con el mismo nivel de autogobierno que los vascos y catalanes, por lo que el Gobierno se vio obligado a convocar el referéndum autonómico recomendando al mismo tiempo la abstención de los electores. El referéndum se celebró el 28 de febrero de 1980, y el resultado fue que la iniciativa autonómica fue aprobada por la mayoría absoluta de los electores inscritos, lo que supuso un desastre para el Gobierno y para la UCD. [99] El gran beneficiado fue el PSOE, que lideró la campaña a favor del voto «SÍ» y a partir de entonces se convirtió en la fuerza política hegemónica en Andalucía. [103]
Al revés sufrido por la UCD en Andalucía se sumó la derrota en las elecciones municipales y autonómicas en Cataluña y el País Vasco. A ello se sumó el empeoramiento de la situación económica a raíz de la « segunda crisis del petróleo » de 1979 (el número de parados superó el millón), el recrudecimiento de la acción de ETA que en 1979 y 1980 supuso el punto álgido de su actividad (174 muertos en atentados perpetrados por ETA en esos dos años, buena parte de ellos militares), el creciente «desencanto» ciudadano, etc. [99] [104] Todo ello acentuó las diferencias políticas entre los grupos que componían UCD sobre diversas cuestiones lo que abrió una crisis de gobierno a mediados de abril de 1980 que desembocó en la formación de uno nuevo cuyo «hombre fuerte» era el amigo del presidente, Fernando Abril Martorell . [105] [106] [107] Felipe González presentó entonces una moción de censura contra Suárez, que aunque no consiguió sacarla adelante le convirtió en el líder político mejor valorado en las encuestas, desbancando por primera vez a Adolfo Suárez, [105] y el PSOE pasó a aventajar a UCD en intención de voto. [107]
Suárez salió muy debilitado de la moción de censura socialista, lo que provocó una segunda crisis en su gobierno en septiembre de 1980, que se saldó con la salida del antiguo «hombre fuerte» Fernando Abril Martorell. Sin embargo, el sector democristiano no se conformó e inició «una rebelión en toda regla». [108] El resultado fue que el 29 de enero de 1981 Adolfo Suárez hizo pública en televisión su decisión de dimitir de la presidencia del gobierno y del partido. La justificó con la enigmática frase: «No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la vida de España». [109] [110] Dos días después Suárez reunió a los «barones» de UCD que acordaron proponer a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del gobierno. [111] [112] [113]
La crisis política que atravesaba el país se agravó al conocerse que ETA había asesinado a José María Ryan, ingeniero industrial de la Central Nuclear de Lemóniz que había sido secuestrado unos días antes, y coincidió con la muerte por torturas en el Hospital Penitenciario de Carabanchel del presunto etarra José Ignacio Arregui. [114] También avivó la tensión las muestras de rechazo que recibieron los reyes por parte de representantes de Herri Batasuna cuando visitaron la Casa De Juntas De Gernika junto al lehendakari Carlos Garaikoetxea . [115]
El 22 de febrero Calvo Sotelo sometió su programa de gobierno a la aprobación del Congreso de los Diputados pero no alcanzó la mayoría absoluta, por lo que la votación tendría que repetirse al día siguiente, y entonces bastaría una mayoría simple para obtener la investidura de la Cámara. [114] La tarde del día 23, cuando se estaba realizando la segunda votación, un grupo de guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados. [116] [117] [118] Al mismo tiempo, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch , declaró el « estado de guerra » en su demarcación al grito de «¡Viva el Rey y viva España para siempre!», estableció el toque de queda y ordenó a los tanques ocupar la ciudad de Valencia, sede de la capitanía general. Milans también contactó con el resto de capitanes generales para que secundaran su iniciativa, alegando que esperaba órdenes del rey. Así comenzó un golpe de Estado que se venía gestando desde hacía meses. [119]
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Nación, no tolerará en modo alguno acciones o actividades de individuos que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático determinado por la Constitución aprobada por el pueblo español mediante referéndum. —Discurso del Rey Juan Carlos I en la madrugada del 24 de febrero.
Cuando el Rey se enteró de lo que estaba sucediendo, ordenó a todos los Capitanes Generales que permanecieran en sus puestos y no sacaran las tropas a la calle, y a Milans del Bosch que ordenara a los tanques y soldados que ocupaban Valencia que volvieran a sus cuarteles. [120] Mientras tanto, el general Armada , otro de los conspiradores, intentó que el rey le autorizase a comparecer en su nombre en el Congreso de los Diputados, pero Juan Carlos I se negó. A pesar de ello, Armada acudió al Congreso donde se entrevistó con Tejero, a quien le explicó su plan de formar un gobierno de concentración presidido por él y le pidió que le dejase dirigirse a los diputados. Tejero se negó en redondo porque quería un gobierno puramente militar. [120] [121]
A la una de la madrugada, el rey, vestido de capitán general como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se dirigió al país condenando el golpe militar y defendiendo el sistema democrático. Era «el momento decisivo para derrotar el golpe». [122] Dos horas después, Milans del Bosch ordenó la retirada de sus tropas y a la mañana siguiente Tejero se rindió, liberando al gobierno y a los diputados. El golpe del «23-F» había fracasado. [123] Poco después se convocaron manifestaciones en apoyo de la Constitución y en defensa de la democracia, que fueron las más numerosas de las celebradas hasta ese momento. [124]
Aunque rechazó la oferta de Felipe González de formar un gobierno parlamentario de amplia base, [125] Calvo Sotelo pactó con el PSOE los dos asuntos más urgentes, la «cuestión militar» y la « cuestión autonómica ». Respecto a la primera, los socialistas acordaron que sólo 32 de los más de 200 militares implicados en el golpe fueran juzgados y sólo un civil [126] ─Tejero, Armada y Milans del Bosch fueron condenados por el Tribunal Supremo a la pena máxima de treinta años de cárcel─ [127] y apoyaron también la Ley de Defensa de la Constitución destinada a impedir cualquier nuevo intento de golpe de Estado. [128] En cuanto a la «cuestión autonómica», UCD y PSOE coincidieron en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) destinada a «reordenar» el llamado « Estado autonómico ». [128] [129] [130]
El Gobierno no encontró el apoyo del PSOE en la decisión de solicitar la adhesión de España a la OTAN [131] [132] y cuando fue aprobada en el Congreso el 29 de octubre de 1981, Felipe González prometió que cuando tomara el poder convocaría un referéndum sobre la permanencia. [133] [134]
Calvo Sotelo no consiguió frenar la crisis interna de UCD [135] ─el «sector crítico» liderado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Oscar Alzaga se acercó a Alianza Popular y el «sector socialdemócrata» liderado por Francisco Fernández Ordóñez se acercó al PSOE─ que se agravó con la derrota en las elecciones gallegas de octubre de 1981, en las que los centristas fueron superados por Alianza Popular. [136] Calvo Sotelo intentó entonces recomponer la unidad del partido asumiendo personalmente la presidencia del partido y reorganizando su gobierno, en el que el «hombre fuerte» pasó a ser el vicepresidente Rodolfo Martín Villa , pero a principios de 1982 se inició la «fuga» de diputados hacia Alianza Popular. En mayo, UCD sufrió un nuevo revés en las elecciones autonómicas andaluzas, en las que el PSOE obtuvo la mayoría absoluta [137] y Alianza Popular volvió a superar en votos a UCD. Entonces Landelino Lavilla asumió la presidencia del partido pero tampoco logró frenar la «hemorragia de escisiones». Los democristianos fundaron un nuevo partido, el Partido Demócrata Popular , e incluso Suárez abandonó la UCD para formar el suyo propio, el Centro Democrático y Social . [138] Ante esta situación, un partido roto y desmantelado, Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 1982 y convocó elecciones generales. [136] [139]
En las elecciones de 1982 , el PSOE obtuvo una contundente victoria al obtener mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (202 diputados) y en el Senado. La segunda fuerza política más votada fue la coalición formada por Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular, que se convirtió con sus 106 diputados en la alternativa conservadora al poder socialista. El PCE (con 4 diputados) y la UCD (con 12) quedaron prácticamente borrados, así como el Centro Democrático y Social de Suárez (que sólo obtuvo 2 diputados). [140] [141]
Con este resultado, calificado como un auténtico «terremoto electoral», el sistema de partidos experimentó un cambio radical desde el bipartidismo imperfecto (UCD/PSOE) de 1977 y 1979 a un sistema de partidos dominante (el PSOE). [142] Las elecciones de 1982 han sido consideradas por la mayoría de los historiadores como el final del proceso de transición política iniciado en 1975. En primer lugar, por la elevada participación, la más alta jamás registrada hasta entonces (79,8%), que reafirmó el compromiso de la ciudadanía con el sistema democrático y demostró que la «vuelta atrás» propugnada por los sectores involucionistas no contaba con el apoyo del pueblo. En segundo lugar, porque por primera vez se producía la alternancia política propia de las democracias, gracias al libre ejercicio del voto por parte de los ciudadanos. En tercer lugar, porque accedía al gobierno un partido que nada tenía que ver con el franquismo , ya que era uno de los partidos derrotados en la guerra civil . [140]
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Tras su victoria en las elecciones de octubre de 1982, el PSOE se mantuvo en el poder durante casi catorce años. Confirmó su mayoría absoluta en las dos elecciones siguientes (1986 y 1989) y a partir de 1993, aunque la perdió, siguió siendo el partido más votado y pudo seguir gobernando gracias al apoyo de otros grupos. Durante este prolongado periodo se produjo la consolidación de la democracia española, y España se convirtió en una sociedad plenamente comparable a la de sus vecinos europeos. [143]
El programa político desarrollado por los gobiernos presididos por Felipe González no era un proyecto de «transformación socialista» sino de «modernización» de la sociedad española para ponerla a la altura del resto de sociedades democráticas «avanzadas». [144] El programa electoral del PSOE era muy ambicioso pues pretendía consolidar la democracia y hacer frente a la crisis económica así como adaptar las estructuras productivas a una economía más eficiente y competitiva y conseguir una sociedad más justa e igualitaria con la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones. Esto se sintetizaba en el lema « Que España funcione » gracias a un « gobierno que gobierna ». [145] Sin embargo, la situación económica y política que le legó el gobierno de Calvo Sotelo era muy complicada. El estancamiento económico continuaba, con un paro superior al 16%, una inflación que no bajaba del 15% y un déficit presupuestario desbocado . La actividad de ETA continuaba y la amenaza de un golpe de Estado no había desaparecido. [146] [147]
El gobierno de Felipe González entendió que para consolidar el régimen democrático en España era necesario acabar con sus dos principales enemigos: el « golpe de Estado » y el « terrorismo ». En cuanto al primero, se pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a la «profesionalización» del Ejército y su subordinación al poder civil con las que se descartó por completo la idea de un poder militar «autónomo». [148] El gobierno aún tuvo que hacer frente a un último intento de golpe de Estado en junio de 1985 que fue desmantelado por los servicios de inteligencia y que no fue informado a la opinión pública hasta más de diez años después. A raíz de este caso, los intentos de golpe de Estado desaparecieron de la vida política española. [147]
En cuanto a la política antiterrorista, los primeros gobiernos socialistas mantuvieron la reinserción de los separatistas presos ─muchos de ellos pertenecientes a la facción político-militar de ETA─ que condenaban la violencia de ETA y se desmarcaban de ella, [147] pero de cara a bajo su mandato se incrementó la «guerra sucia» contra ETA liderada por los GAL , [149] un «grupo formado inicialmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y engrosado posteriormente por algunos mercenarios españoles y extranjeros vinculados a la antigua Brigada Político-Social del franquismo». Hasta 1987, los atentados de los GAL causaron 28 víctimas mortales, la gran mayoría de ellas en el llamado «santuario francés». [150]
Simultáneamente, el Gobierno intentó una negociación directa con la dirección de ETA pero las «conversaciones de Argel» no condujeron a ningún resultado; por el contrario, el grupo perpetró algunos de los atentados más sangrientos de su historia: el atentado de Hipercor , en Barcelona, y el atentado del cuartel de Zaragoza . El Gobierno pretendió entonces alcanzar un gran pacto «antiterrorista» que incluyera también al nacionalismo democrático vasco, lo que finalmente se logró con la firma del Pacto de Ajuria Enea en enero de 1988. [151] Unos meses después, dos policías, José Amedo y Michel Domínguez fueron detenidos, acusados de estar implicados en el secuestro de Segundo Marey entre otros delitos cometidos por los GAL, y con el agravante de que habían contado con los fondos reservados del Ministerio del Interior para llevar a cabo los atentados. El conocimiento de este hecho obligó al ministro del Interior José Barrionuevo a dimitir y fue sustituido por José Luis Corcuera . [152]
La consolidación del sistema democrático incluyó el desarrollo de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución de 1978. En el ámbito educativo, las Cortes aprobaron la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que, entre otras cosas, reconocía y regulaba las subvenciones a recibir por los centros educativos privados, mayoritariamente religiosos, en adelante llamados centros "concertados", [153] [154] y la Ley de Reforma Universitaria (LRU) que otorgaba una amplia autonomía económica y académica a las Universidades y establecía un sistema para lograr la estabilidad del profesorado. [155] [156] La reforma vino acompañada de la creación de nuevas universidades y de un aumento del número de becas, lo que se tradujo en un aumento del alumnado universitario cuyo número superó por primera vez el millón en 1990. [157]
Las Cortes también aprobaron la ley de Habeas Corpus , la ley de libertad de reunión , la ley de extranjería y la ley de Libertad Sindical. [158] La más controvertida fue la ley del aborto , aprobada en la primavera de 1985, y que provocó la movilización de sectores católicos en defensa del «derecho a la vida». Alianza Popular la recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero éste falló a su favor. [159] También controvertida y objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional fue la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial , pero de nuevo el tribunal falló a favor de la ley. [160] [161]
En cuanto a la «cuestión autonómica», además de la aprobación de los pocos estatutos de autonomía que quedaban, se produjo una enorme descentralización del gasto público, con el traspaso a las comunidades autónomas de las competencias determinadas por sus respectivos estatutos. En 1988, el gasto medio de las comunidades autónomas ya había alcanzado el 20% del gasto público total, y desde entonces ha seguido aumentando. Sin embargo, tanto el gobierno del País Vasco, presidido desde 1984 por el « peneuvista » José Antonio Ardanza como el de Cataluña, presidido desde 1980 por el líder de CiU Jordi Pujol , siguieron reclamando mayores niveles de autogobierno y se opusieron a la «nivelación» de todas las comunidades autónomas, acusando además al gobierno de cercenar sus competencias recurriendo a leyes orgánicas. [162]
Los socialistas propusieron la plena integración de España en Europa, [163] pero cuando tomaron posesión del cargo las negociaciones para la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) estaban todavía bloqueadas a causa de la "pausa" en la ampliación impuesta por el presidente francés Giscard d'Estaing . Sin embargo, el triunfo en las elecciones presidenciales del socialista François Mitterrand permitió avanzar rápidamente en las negociaciones y así el 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión a la CEE y el 1 de enero de 1986 España entró en la CEE junto con Portugal. [164] [165]
Tras la incorporación de España a la CEE, llegó el momento de convocar el prometido referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN . Pero Felipe González y su Gobierno ─el ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán dimitió al mostrarse en desacuerdo─ anunciaron que iban a defender la permanencia de España en la OTAN, bajo tres condiciones atenuantes: la no incorporación a la estructura militar, la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y la reducción de las bases militares estadounidenses en España. [166] [167] Ante el «giro» del PSOE, la bandera del rechazo a la OTAN fue retomada por el Partido Comunista de España ─liderado ahora por el asturiano Gerardo Iglesias que había sustituido a Santiago Carrillo─ que formó una amplia coalición de organizaciones y partidos de izquierda, de la que surgiría Izquierda Unida . Mientras, la «proatlantista» Alianza Popular optó paradójicamente por la abstención, dejando en paz al Gobierno. [168]
Contra todo pronóstico, Felipe González ─que anunció que dimitiría si ganaba el NO, lo que parece haber influido en muchos votantes─ consiguió finalmente dar la vuelta a las encuestas y el SÍ acabó imponiéndose en el referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986, aunque por un estrecho margen. [169] El resultado del referéndum, «la prueba más dura de su prolongado mandato», [170] reforzó el liderazgo de Felipe González, tanto en su partido como en el conjunto del país, como pudo comprobarse en las elecciones generales celebradas ese año , en las que el PSOE volvió a obtener la mayoría absoluta. A ello no fue ajeno el hecho de que se había superado la crisis económica y se había entrado en una fase de fuerte expansión, que se prolongaría hasta 1992. [171] [172]
Aunque su desarrollo se inició durante la última etapa de la dictadura franquista y se desarrolló durante la transición bajo los gobiernos de la UCD, el « Estado del bienestar » comparable al del resto de los países europeos avanzados se completó durante el periodo socialista. Fue entonces cuando la sanidad (se aprobó la Ley General de Sanidad en 1986) y la educación (se implantó una nueva organización del sistema educativo en 1990 y se amplió la educación obligatoria hasta los 16 años con la aprobación de la LOGSE) se extendieron a toda la población, y el gasto social en pensiones y prestaciones por desempleo, además de otras prestaciones sociales, se incrementó considerablemente. [173]
Esto fue posible porque los gobiernos socialistas aumentaron el tipo impositivo, que en 1993 era del 49,7% del PIB, frente al 22,7% veinte años antes, [158] aprovechando la favorable coyuntura económica de 1985-1992, cuando la economía española superó la crisis y creció por encima de la media europea. [173]
El ministro de Economía y Finanzas del primer gobierno socialista Miguel Boyer y su sucesor a partir de 1985 Carlos Solchaga aplicaron una política de ajustes y moderación salarial para sanear la economía y reducir la inflación. Consiguieron situar la subida de los precios por debajo del 10% pero a costa de un aumento del paro, que en 1985 superó el 20% de la población activa, una cifra récord, [174] aunque en su crecimiento intervinieron otras dos variables: la entrada en la fuerza laboral de la generación del baby boom de los años 1960 y la incorporación masiva de la mujer. [175] Asimismo, el primer gobierno socialista reformó en 1984 el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de "flexibilizar" el mercado de trabajo lo que acabó provocando una " precarización " del empleo, al aumentar considerablemente los contratos temporales frente a los indefinidos. [158]
Además, también se preocupó de la «modernización» de las estructuras productivas, mediante un ambicioso programa de «reconversión industrial». Se cerraron empresas obsoletas o ruinosas y se concedieron créditos a las empresas para que introdujeran las mejoras tecnológicas necesarias para hacerlas más competitivas, entre otras medidas. Los sectores más afectados fueron la siderurgia y la construcción naval, especialmente las grandes empresas públicas heredadas del franquismo. No casualmente fue en estos sectores donde se produjeron los conflictos más importantes, con una proliferación de enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas de orden público, siendo los más graves los de Sagunto . [176] Este programa vino acompañado de fuertes inversiones en infraestructuras ─gracias sobre todo a los fondos europeos llegados tras la entrada en la CEE─ que permitieron a España dotarse de una red de autopistas y autovías e iniciar la construcción de la primera línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla que entró en funcionamiento en 1992. [173]
Los efectos positivos de la política económica comenzaron a notarse a partir de 1985, cuando la economía española inició una fuerte expansión que duraría hasta 1992. [177] Sin embargo, durante esos años también se produjo un aumento de los movimientos especulativos de capital liderados por personas vinculadas al mundo de las finanzas que buscaban un enriquecimiento fácil. [178]
Fue en este contexto cuando la UGT y el PSOE se separaron por primera vez en su historia. La ruptura comenzó cuando el Gobierno dejó de aplicar el programa electoral que en materia económica y social el PSOE había pactado con UGT y en su lugar implementó una dura política económica de ajustes, "flexibilizó" el mercado de trabajo e inició la "reconversión industrial", además de retrasar la implantación de la semana laboral de cuarenta horas. [179] [180]
El primer enfrentamiento público se produjo en 1985, con motivo del Proyecto de Ley de Pensiones, no consensuado por el gobierno con la UGT, que aumentaba de 10 a 15 los años de cotización necesarios para tener derecho a percibir una pensión y ampliaba de dos a ocho años el periodo de cotización para el cálculo de la pensión. El secretario general de UGT Nicolás Redondo , diputado socialista en el Congreso, votó en contra de la ley y Felipe González dejó de acudir a la manifestación del 1 de mayo. [181] La ruptura definitiva se escenificó ante las cámaras de televisión el 19 de febrero de 1987, durante el agrio debate entre Nicolás Redondo y el entonces ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga . Unos meses después Redondo abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados, junto al también líder de UGT Antón Saracíbar. [182]
La ruptura desembocó en un enfrentamiento cuando el Gobierno presentó su Plan de Empleo Joven que UGT y Comisiones Obreras rechazaron y que motivó la convocatoria de una huelga general el 14 de diciembre de 1988, bajo el lema " Por el giro social ". [183] La huelga fue un éxito total y el país quedó completamente paralizado. [184] [185]
Felipe González convocó elecciones generales para octubre de 1989, en las que volvió a renovar su mayoría absoluta pero esta vez por un solo escaño. [186] El Partido Popular nacido de la «refundación» de Alianza Popular llevada a cabo en el Congreso extraordinario celebrado en enero de ese mismo año, se presentó a las elecciones. Como candidato a la presidencia del gobierno, Manuel Fraga propuso a José María Aznar , entonces presidente de la Junta de Castilla y León . El PP «refundado» obtuvo el 25,6% de los votos y 107 escaños, y en marzo de 1990, durante el X Congreso, Aznar fue elegido presidente del PP, mientras que Manuel Fraga ocupó la presidencia de la Xunta de Galicia tras ganar las elecciones autonómicas celebradas en diciembre de 1989. [187]
El primero de los escándalos que fue minando paulatinamente la confianza en el PSOE y en su Gobierno fue el «caso Guerra», llamado así por el hermano del vicepresidente del Gobierno que fue acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En un primer momento Alfonso Guerra se negó a dimitir [188] y la dirección del PSOE le apoyó, [189] pero finalmente Felipe González no tuvo más remedio que destituirle en enero de 1991. [190] La salida del Gobierno de Alfonso Guerra ahondó la división interna del PSOE que se había manifestado en el 32º Congreso celebrado en noviembre de 1990 y desencadenó una sorda pugna entre guerristas y renovadores que se agravó con el estallido en mayo de 1991 de un nuevo escándalo de corrupción, el «caso Filesa», que esta vez implicó a todo el partido. [190] [191] El juez Marino Barbero procesó a 39 personas, ocho de las cuales serían condenadas en 1997 por la Corte Suprema a penas que iban desde once años de prisión hasta seis meses de prisión. [192]
Un tercer caso de corrupción que salpicó al PSOE fue el "caso Ibercorp", conocido en febrero de 1992 y destapado también por el diario El Mundo , y el del gobernador del Banco de España Mariano Rubio que obligó a dimitir como diputado al exministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga , que lo había nombrado. [192] [193] El PSOE fue tan cuestionado que "exhibió una falta de credibilidad casi total" cuando presentó la denuncia de un caso de corrupción que involucraba al Partido Popular, el "caso Naseiro", con el nombre del "tesorero" del PP Rosendo Naseiro. [194]
En medio de este clima político, se celebraron los dos grandes eventos previstos para 1992 ─los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 y la Expo de Sevilla de 1992─ , que brindaron «la oportunidad de presentar a España en el Quinto Centenario de Colón como un país moderno, definitivamente alejado del estereotipo romántico (de charanga, pandereta, bandoleros y toreros)». [195] Esta nueva imagen de España vino acompañada del fortalecimiento de su papel internacional, como la celebración en Madrid de la Conferencia de Paz de Oriente Próximo y la participación activa de Felipe González en la aprobación del Tratado de Maastricht que transformó la Comunidad Europea en la nueva Unión Europea . Asimismo, el gobierno español envió tres unidades de la Armada para apoyar las operaciones militares aliadas lideradas por Estados Unidos durante la Primera Guerra del Golfo de 1990-1991. [196]
Sin embargo, los dos grandes acontecimientos de 1992 y el rotundo éxito de la política antiterrorista que condujo a la detención de los tres máximos dirigentes de ETA en la localidad francesa de Bidart , no pudieron ocultar el hecho de que se había iniciado una fuerte recesión económica, que se tradujo en un brutal aumento del paro que alcanzaría la cifra sin precedentes de 3,5 millones de parados, lo que representa el 24% de la población activa. [197] También ese mismo año, se produjo una huelga general convocada por UGT y Comisiones Obreras en protesta por el "decretazo" del gobierno de recorte de las prestaciones por desempleo. [198] El deterioro de la situación económica y del clima social, junto con las divisiones internas en el seno del PSOE, llevaron a Felipe González a adelantar las elecciones generales a junio de 1993. [199] [200]
En las elecciones de junio de 1993, el PSOE volvió a ganar y el Partido Popular de José María Aznar , que estaba convencido de su victoria, fue derrotado. [199] El PSOE logró 159 escaños frente a los 141 del PP, mientras que Izquierda Unida , liderada por Julio Anguita , logró 18 diputados. [201] [202] Como los socialistas no renovaron la mayoría absoluta que ostentaban desde 1982 (17 escaños menos) Felipe González tuvo que llegar a un acuerdo parlamentario con los nacionalistas catalanes y vascos para ser investido de nuevo presidente del gobierno. [202]
La tarea más urgente del nuevo gobierno era hacer frente a la crisis económica. El ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes presentó a finales de 1993 un paquete de Medidas Urgentes para el Fomento del Empleo, al que respondieron los sindicatos UGT y CC OO con la convocatoria de una huelga general para el 27 de enero de 1994, que tuvo un gran éxito. [203] En cambio, el gobierno socialista sí logró el respaldo de los sindicatos y del resto de fuerzas políticas en la cuestión de las pensiones, cuyo fruto fue el llamado Pacto de Toledo de abril de 1995. [204] Otro campo importante de la acción gubernamental fue la política exterior, en la que destacó la participación española en la intervención de la OTAN en la Guerra de Yugoslavia , y que se tradujo en el nombramiento del entonces ministro socialista de Asuntos Exteriores Javier Solana como secretario general de la OTAN. [205]
Pero el principal problema al que tuvo que hacer frente el gobierno socialista de Felipe González fue la aparición de nuevos escándalos, que desembocaron en un duro enfrentamiento con la oposición, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, de modo que el cuarto mandato socialista sería conocido como la “legislatura de la tensión”. [206] [207]
El de mayor repercusión popular y mediática fue el «caso Roldán», llamado así por el entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán , que fue detenido acusado de haber amasado una fortuna gracias a su cargo y que cuatro meses después, en abril de 1994, se dio a la fuga. [208] El exministro del Interior que nombró a Roldán, José Luis Corcuera , tuvo que dimitir como adjunto, al igual que el entonces ministro del Interior, Antoni Asunción , por dejarle escapar. [193] Roldán fue detenido un año después en Laos y enviado de vuelta a España donde fue juzgado y condenado a 28 años de prisión. [209]
Fue en este contexto en el que se produjeron las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, en las que el Partido Popular superó por primera vez al PSOE en número de votos ─obtuvo el 40% de los sufragios frente al 30% de los socialistas─ [210], lo que les llevó a exigir la celebración de elecciones generales y a pedir la dimisión de Felipe González. [207] [211]
Un mes antes de las elecciones europeas, el juez Baltasar Garzón , que había sido «número dos» de las listas socialistas por Madrid, había abandonado su escaño en el Congreso y el puesto de Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas , y había reabierto de inmediato el caso GAL . Poco después, varios altos cargos de la administración socialista y del PSOE (Julián Sancristóbal, Rafael Vera y Ricardo García Damborenea) fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro y asesinato frustrado del ciudadano francés Segundo Marey. Como también estaba implicado el exministro del Interior José Barrionuevo , diputado socialista, Garzón tuvo que pasar el «caso Marey» al Tribunal Supremo y se hizo cargo de la investigación el juez Eduardo Moner, que en enero de 1996 imputó también a Barrionuevo. [212] [213]
Un año antes se había destapado otro gran escándalo relacionado con la «guerra sucia» contra ETA. En esa fecha fue detenido el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por su presunta implicación en el « caso Lasa y Zabala », el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, supuestos miembros de ETA. [214] [215] Poco después estalló otro nuevo escándalo, conocido como los « papeles del CESID », que forzaron la dimisión del vicepresidente del Gobierno de Narcís Serra y del ministro de Defensa Julián García Vargas . [215] [216]
Ante la acumulación de escándalos, el líder de CiU y presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, retiró el apoyo parlamentario de los diputados de CiU al Gobierno, dejando a éste en minoría en las Cortes . El presidente del Gobierno Felipe González no tuvo más remedio que convocar elecciones generales para marzo de 1996. [216] [217] El Partido Popular ganó las elecciones ─obtuvo 156 diputados, 15 más que el PSOE─ y logró así su objetivo de desbancar a los socialistas del poder, [216] "después de esforzarse mucho durante más de una década". [211]
El Partido Popular (PP) gobernó durante ocho años bajo la presidencia de José María Aznar . Durante su primer mandato (1996-2000), al no conseguir la mayoría absoluta, el PP tuvo que apoyarse en el apoyo de los nacionalistas catalanes de CiU para gobernar [218] , pero en su segundo mandato (2000-2004) no necesitó pactos al conseguir la mayoría absoluta en las elecciones generales de marzo de 2000 [ 219] [220]
El programa económico puesto en marcha por el Partido Popular fijaba como objetivos inmediatos mejorar la eficiencia y competitividad de la economía con la liberalización de los mercados de determinados sectores [221] [ cita completa requerida ] y con la privatización completa de empresas públicas, como Telefónica o Repsol ; reducir la inflación mediante el control del gasto público y la consiguiente reducción del déficit presupuestario ─hasta alcanzar el “déficit 0” ─ y la “moderación salarial” a pactar con los sindicatos; y "flexibilizar" el mercado de trabajo , impulsando el "diálogo social" para reducir las indemnizaciones por despido y fomentar así la contratación indefinida ─ el acuerdo entre la CEOE , UGT y CC OO y el Gobierno se firmó efectivamente en abril de 1997. [222] [223] [224] El objetivo último de estas medidas era cumplir con los requisitos que imponía la Unión Europea para poder adoptar la nueva moneda común, el euro. Y en este terreno el éxito fue completo porque la economía española experimentó un fuerte crecimiento, se redujo el desempleo y la inflación descendió a mínimos históricos, de modo que en mayo de 1998 España pudo formar parte del grupo de los once países de la Unión Europea que adoptaron el euro, aunque no fue hasta el 1 de enero de 2002 cuando los billetes y monedas en euros empezaron a circular físicamente. [225] [226] [227]
La otra cara del fuerte crecimiento económico de estos años fue la “ burbuja inmobiliaria ” que generó ya que el principal “motor” económico era la construcción de casas y la demanda de las mismas se debía a que muchos ahorradores no las compraban para habitarlas sino como inversión para venderlas después a un precio mayor, gracias al constante incremento de su valor. También la adquisición de una vivienda se convirtió en uno de los problemas más acuciantes para muchas personas, especialmente para los jóvenes. [228]
La favorable situación económica permitió compatibilizar el mantenimiento del gasto social (educación, sanidad, pensiones) con la reducción del déficit público y con la reducción de los impuestos directos. [225] [229] En materia de pensiones, el PP reafirmó la vigencia del llamado Pacto de Toledo y presentó en las Cortes un proyecto de ley ─que fue aprobado en 1999─ para la revalorización automática de las pensiones, y la Seguridad Social también logró superar el déficit que tenía en 1995 gracias al espectacular aumento del número de afiliados. [222] [230]
El Gobierno de Aznar no obtuvo el mismo apoyo cuando propuso la reforma de la Ley de Extranjería de 1985 [231] [232] y, por el contrario, los sucesos ocurridos en El Ejido a principios de 2000 ─decenas de marroquíes fueron agredidos por un nutrido grupo de vecinos como respuesta al asesinato de una mujer atribuido a un enfermo mental de origen magrebí─ pusieron de manifiesto el problema de la xenofobia en relación con la emigración en toda su crudeza. [233]
El Gobierno del PP desarrolló una política antiterrorista basada en una idea que ningún gobierno democrático había defendido hasta entonces: que sólo las medidas policiales podían acabar con ETA. Así, el único «diálogo» posible con ETA era la entrega de las armas. [234] [235]
El Gobierno cosechó un primer éxito rotundo con la liberación a principios de julio de 1997 de José Ortega Lara, funcionario de prisiones y militante del PP que llevaba 532 días secuestrado por ETA. Pero pocos días después, el 10 de julio, se produjo un hecho que abriría una nueva etapa en la historia del «conflicto vasco». Ese día ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco , un joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua , lo que provocó la mayor movilización social contra el terrorismo que se recuerda. Pero transcurrido el plazo dado para que los presos de la organización fueran trasladados a cárceles del País Vasco, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, lo que aumentó aún más el rechazo a ETA y a su «brazo político», Herri Batasuna . La prensa empezó a utilizar el término «espíritu de Ermua» para explicar aquella inmensa movilización social antiterrorista. [233] [236]
En marzo de 1998, el lehendakari José Antonio Ardanza anunció un "Plan de Pacificación" en el que, basándose en el Pacto de Ajuria Enea de 1988, proponía que, tras conseguir el cese de la violencia de ETA, se abriera un diálogo entre todas las fuerzas políticas vascas, cuyo resultado debería ser aceptado por el Gobierno central y el resto de instituciones del Estado. Tanto el PP como el PSOE se negaron a participar en el diálogo propuesto en esas condiciones, lo que suponía "la desaparición de la Mesa de Ajuria Enea, que nunca volvería a reunirse". [237]
Tras el fracaso del «Plan Ardanza», el PNV, EA y HB ─y también Izquierda Unida del País Vasco─ firmaron el Tratado de Estella el 12 de septiembre de 1998, y cuatro días después ETA anunció el cese indefinido de la violencia. Así, 1999 fue el primer año desde 1971 sin muertos por atentados de ETA, aunque la violencia callejera de la kale borroka no desapareció. [238] [239]
Durante la tregua, el Gobierno del PP llegó a establecer contactos con la dirección de ETA, pero mantuvo la idea expresada por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja , de que se trataba de una "tregua trampa", es decir, que ETA había proclamado el cese de la violencia sólo para reorganizarse tras los duros golpes policiales que había recibido. [240] [241] [242] En noviembre de 1999, ETA anunció la ruptura de la tregua debido a la falta de avances en el "proceso de construcción nacional" vasco y en enero de 2000 perpetró un nuevo atentado. Otra de las "razones" para poner fin a la tregua había sido que ni las elecciones al Parlamento Vasco de 1998 ni las municipales y forales de junio de 1999 se habían saldado con una victoria aplastante de los partidos partidarios del "Pacto de Lizarra" frente a los partidos "constitucionalistas". [243] [244]
A lo largo del año 2000, ETA cometió varios atentados contra dirigentes y cargos electos de los partidos «constitucionalistas» que se habían opuesto al «Pacto de Lizarra» y el PP y el PSOE decidieron firmar un Pacto Antiterrorista, al que no se adhirieron ni el PNV ni EA. Este pacto, unido al cerco legal a Batasuna , y la creciente eficacia policial debilitaron a ETA hasta tal punto que se redujo el número de atentados. Sin embargo, el enfrentamiento entre «nacionalistas» y «constitucionalistas» no disminuyó como se evidenció en las elecciones vascas de mayo de 2001 en las que triunfó el «frente nacionalista», y el « peneuvista » Juan José Ibarretxe asumió la presidencia del gobierno vasco. [245]
A raíz del relativo fracaso del «frente constitucionalista» en las elecciones vascas de mayo de 2001, el Gobierno del PP propuso la ilegalización de Herri Batasuna ─por entonces integrada en la coalición Euskal Herritarrok─ para lo que pactó con el PSOE y CiU una nueva Ley de Partidos Políticos. Así, tras el atentado perpetrado por ETA en Santa Pola en agosto de 2002 ─que causó la muerte de dos personas y que Batasuna no condenó─ se inició el proceso de ilegalización, que fue acompañado de la «suspensión» de las actividades de Batasuna por orden del juez Garzón, al haber encontrado indicios de su vinculación con ETA. [239] A principios de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna al considerarla el «brazo político» de ETA. Tanto la nueva Ley de Partidos Políticos como el proceso de ilegalización de Batasuna fueron fuertemente contestados por los partidos nacionalistas vascos y, como alternativa, el lehendakari Juan José Ibarretxe propuso un " plan de pacificación " basado en la celebración de un referéndum que regulara "la libre asociación de Euskadi al Estado plurinacional español". [246]
A finales de 2003, la tensión entre el Gobierno central y los nacionalismos «periféricos» se trasladó a Cataluña a raíz de la formación de un Gobierno «tripartito» de izquierdas tras las elecciones catalanas de noviembre de 2003 integrado por el Partido Socialista de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, partido independentista que había experimentado un ascenso meteórico), e Iniciativa per Catalunya Verdes (partido asociado a Izquierda Unida) y presidido por el socialista Pasqual Maragall . El «Pacto del Tinell» del PSC-PSOE, IC y ERC (en el que se pactó el programa «tripartito», excluyendo expresamente cualquier acuerdo con el PP) fue duramente criticado por el Gobierno de Aznar y por el nuevo líder del PP Mariano Rajoy ─quien a finales de agosto de 2003 había sido propuesto por Aznar para sustituirle como candidato en las elecciones del año siguiente. [247] [248]
A finales de enero de 2004 estalló un escándalo que sacudió al Gobierno del "tripartito". En su edición número 24, el diario "ABC" publicó que el líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, conseller en cap de la Generalitat, se había reunido en Perpiñán con la cúpula de ETA para negociar una tregua exclusiva para Cataluña. Carod abandonó el Gobierno tras reconocer que la reunión con ETA había tenido lugar, pero afirmando que no había negociado nada, y menos aún una tregua limitada a Cataluña. Sin embargo, unos días después ETA declaró una tregua "sólo para Cataluña con efectos a partir del 1 de enero de 2004". [249]
Desde el primer momento, el Gobierno de Aznar apostó por una mayor implicación española en las acciones internacionales. [250] [251] Así, se planteó la necesidad de buscar un nuevo modelo de Fuerzas Armadas que las hiciera más operativas, lo que unido al espectacular crecimiento de la objeción de conciencia inclinó al PP hacia la fórmula de un ejército exclusivamente profesional poniendo fin al servicio militar obligatorio ─abandonando así el modelo mixto implantado por los socialistas. [252] [253]
Además, el PP apostó por un mayor alineamiento con Estados Unidos, [254] lo que tuvo inmediatamente reflejo en la política europea, especialmente cuando en 2003 se abrió el debate sobre el proyecto de Constitución Europea , al que el Gobierno español se opuso al no aceptar el reparto de votos propuesto para la adopción de decisiones en los Consejos Europeos . Esta política de «reafirmación internacional» se reflejó también en el deterioro de las relaciones con Marruecos, que alcanzaron un pico de tensión en el verano de 2002 con motivo de la ocupación por gendarmes marroquíes de la deshabitada isla de Perejil , próxima a Ceuta , y que España consideraba bajo su soberanía. [255]
El Gobierno de Aznar apoyó decididamente la “ guerra contra el terrorismo ” declarada por el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, de modo que cuando Estados Unidos inició la guerra de Afganistán en octubre de 2001 y la de Irak en marzo de 2003, contó con su apoyo pese a que en el segundo caso la opinión pública se mostró mayoritariamente en contra. Así, cuatro días después del inicio de la invasión de Irak, el Gobierno decidió enviar una “unidad conjunta de apoyo humanitario”, que llegó a Irak un día después de la caída de Bagdad, el 9 de abril.
Mientras tanto, las manifestaciones contra la guerra seguían produciéndose ─algunas encabezadas por el líder socialista Rodríguez Zapatero─ . Aunque este descontento no se tradujo en votos en las elecciones locales y autonómicas de 2003, ya que éstas no supusieron ningún revés para el Partido Popular ─aunque el PSOE superó al PP en votos totales por primera vez desde 1993. Tras las elecciones, Aznar envió un contingente militar a Irak (1300 soldados) para colaborar en la «reconstrucción» y «seguridad» de ese país ocupado. Rodríguez Zapatero respondió anunciando que si ganaba las elecciones generales del año siguiente enviaría las tropas de vuelta. [256]
El jueves 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, se produjeron en Madrid los atentados del 11-M . Diez bombas estallaron en cuatro trenes de cercanías matando a 191 personas y hiriendo a más de 1.500. Fue el mayor atentado terrorista de la historia española y europea y los partidos políticos decidieron dar por finalizada la campaña electoral. Inicialmente se pensó que había sido obra de ETA, sospecha que confirmó el ministro del Interior, Ángel Acebes , pocas horas después. Sin embargo, la investigación policial pronto se inclinó hacia el terrorismo islamista vinculado a Al-Qaeda —responsable de los atentados del 11-S— , aunque el Gobierno popular mantuvo que la hipótesis principal seguía siendo ETA. La confusión sobre la autoría del atentado quedó patente en las multitudinarias manifestaciones de rechazo al terrorismo que tuvieron lugar al día siguiente —unas 11 millones de personas salieron a la calle el 12 de marzo—, cuando parte de los asistentes gritaron «¿Quién lo ha hecho?» y «Queremos saber la verdad» y otros «ETA asesino». [257]
El sábado 13 de marzo por la tarde, "jornada de reflexión" de cara a las elecciones del día siguiente, varios miles de manifestantes se concentraron frente a las sedes del PP en las principales ciudades acusando al Gobierno de "ocultar la verdad" y exigiendo "conocer la verdad antes de votar", además de gritar "No a la guerra". A las ocho de la noche, el ministro Acebes compareció para informar de la detención de cinco marroquíes como presuntos autores de los atentados. La supuesta responsabilidad de ETA quedó definitivamente en entredicho cuando cuatro horas más tarde el ministro compareció de nuevo para informar de que se había encontrado un vídeo reivindicativo del atentado en el que aparecía un individuo que, en árabe con acento marroquí, decía hablar en nombre de Al Qaeda.
El domingo 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones generales . El PSOE ganó las elecciones por mayoría simple al conseguir 164 diputados, mientras que el PP se quedó con 148. Un mes después José Luis Rodríguez Zapatero fue investido quinto presidente del Gobierno de la democracia. [258]
La segunda etapa de gobierno socialista del reinado de Juan Carlos I duró dos legislaturas muy diferentes: la primera (2004-2008) fueron “años de cambios” y la segunda (2008-2011) “años de crisis”. [259]
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La primera decisión del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue ordenar la retirada de las tropas españolas de Irak, cumpliendo así lo prometido durante la campaña electoral, [260] lo que fue acompañado de un acercamiento a Alemania y Francia. Esto permitió desbloquear las negociaciones del Tratado de la Constitución Europea , que se firmó en Roma en octubre de 2004. Zapatero se apresuró a convocar el referéndum de ratificación celebrado en febrero de 2005, que obtuvo la aprobación del 75% de los votantes pero registró la mayor abstención de toda la democracia. [261] Sin embargo, Rodríguez Zapatero quedó aislado internacionalmente cuando el proyecto de Constitución Europea naufragó y, sobre todo, cuando Alemania y Francia se "reconciliaron" con Estados Unidos. Además, su propuesta de Alianza de Civilizaciones presentada a la Asamblea General de la ONU de 2004 como alternativa a la " guerra contra el terrorismo " del presidente Bush encontró poco respaldo internacional. [262]
El Partido Popular achacó su derrota electoral a la «manipulación» de la opinión pública durante los dos días posteriores al atentado del «11-M» por parte del PSOE y los medios de comunicación afines. Así, el PP cuestionó implícitamente la legitimidad del nuevo Gobierno y en las sesiones de la comisión parlamentaria que se formó para investigar los hechos los portavoces del PP encabezados por Eduardo Zaplana , avalaron la teoría de la conspiración del 11-M . [263]
El Gobierno de Rodríguez Zapatero llevó al Parlamento una serie de reformas legales para la «ampliación de derechos» a los ciudadanos, algunas de las cuales se toparon con una férrea oposición por parte del PP y de sectores conservadores, especialmente la ley de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo , la llamada ley del « divorcio exprés », la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o la Ley de Memoria Histórica . [264] En las movilizaciones contra estas reformas tuvieron un especial protagonismo diversas organizaciones católicas y la propia jerarquía eclesiástica española. [265] Asimismo, los obispos católicos —también del PP— se opusieron frontalmente a la reforma educativa de la LOE impulsada por el Gobierno y especialmente a la introducción en los centros escolares de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. [266]
Tras muchos meses de intensos debates, el Parlamento de Cataluña aprobó el 30 de septiembre de 2005 el proyecto de ley del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que establecía en su artículo 1 que «Cataluña es una nación». Fue inmediatamente criticado por el PP y los medios de comunicación porque, según ellos, suponía la instauración de un nuevo modelo «federal» o «confederal» de Estado que rompía abiertamente con la Constitución de 1978. [ 267] También se alzaron voces en el seno del PSOE contra el «Estatuto» y contra el presidente de la Generalitat de Cataluña Pasqual Maragall, del PSC. Mientras tanto, el PP, apoyado y alentado por los medios de comunicación conservadores, convocaba actos y manifestaciones «en defensa de España». [268]
El 22 de enero de 2006, Zapatero alcanzó un acuerdo sobre el proyecto de Estatuto con el líder de CiU Artur Mas por el que se relegaba al preámbulo la definición de Cataluña como nación y se matizaban sus elementos "soberanistas", entre ellos la financiación autonómica y la relación "bilateral" entre el Estado español y Cataluña. [268] Pero Esquerra Republicana de Cataluña rechazó este pacto por lo que se produjo la paradoja de que en el referéndum celebrado en Cataluña el 18 de junio de 2006 para aprobar el nuevo Estatuto ERC, uno de sus promotores, llamó al "NO", [269] lo que obligó a disolver el gobierno tripartito y a convocar nuevas elecciones para el 1 de noviembre de 2006, a las que Pasqual Maragall, obligado a retirarse por su propio partido, ya no se presentó. El también socialista José Montilla fue el nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya, gracias a un nuevo acuerdo "tripartito" entre el PSC , ICV y ERC . Por su parte, el Partido Popular, que también hizo campaña por el “NO” en el referéndum, presentó un recurso de inconstitucionalidad. [269]
En cuanto al País Vasco, Rodríguez Zapatero anunció poco después de haber rechazado el 1 de febrero de 2005, en el Congreso de los Diputados —con el apoyo del PP— el « Plan Ibarretxe », [270] que estaba dispuesto a «dialogar» con ETA para acabar con el terrorismo. [271] Casi un año después, el 22 de marzo de 2006, ETA anunció un «alto el fuego permanente» y que hablaría con el Gobierno sobre el «fin de la violencia» si en paralelo se formaba una «mesa de partidos» en la que figurara la ilegalizada Batasuna . La respuesta del PP fue acusar al Gobierno de haber roto unilateralmente el Pacto Antiterrorista de 2000 y luego lo sometió a un intenso acoso tanto en las Cortes como en la calle, apoyando la larga serie de manifestaciones contra la «entrega» a ETA convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo . [272]
Sin embargo, la movilización contra el «proceso de paz», como lo denominaron sus defensores, no impidió que el Gobierno iniciara contactos con la dirección de ETA. Para presionar al Gobierno, ETA intensificó los combates callejeros ( kale borroka ) y finalmente el 30 de diciembre de 2006, T-4 Bombing colocó una potente bomba en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte de dos personas y enormes daños materiales. [273] El Gobierno dio por «suspendido» el «proceso de paz» y el 4 de junio ETA anunció el fin de la tregua. Se reanudaron los atentados y se detuvo a miembros de ETA y Batasuna. Asimismo, se inició el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Patrias Vascas y de Acción Nacionalista Vasca . En respuesta, ETA asesinó a sangre fría a un ex concejal socialista en la localidad guipuzcoana de Mondragón en vísperas de las elecciones generales de marzo de 2008. [274] [275]
Cuando el PSOE llegó al poder la economía española se encontraba en plena expansión. [276] Uno de los factores que lo había hecho posible era la llegada de varios millones de emigrantes procedentes de América Latina, el Magreb y Europa del Este. Pero parte de ellos eran inmigrantes " sin papeles ", por lo que el Gobierno decidió proceder a una "regularización" masiva a lo largo de 2005 que afectó a unas 700.000 personas que obtuvieron el permiso de residencia presentando un contrato de trabajo. El PP acusó al Gobierno de provocar un "efecto llamada" de nuevos emigrantes. [277] [278] La integración de los cuatro millones de emigrantes que habían llegado a España en los últimos 10 años -de modo que los extranjeros representaban ahora casi el 10% de la población- suponía un enorme reto para la sociedad española. [277] [279]
El principal "motor" del crecimiento económico estaba siendo el sector de la construcción, [280] impulsado por el aumento de la demanda. Sin embargo, gran parte de éste era fruto de un movimiento especulativo en torno al "ladrillo", ya que mucha gente no compraba las viviendas para habitarlas sino para colocar sus ahorros con la esperanza de venderlas más tarde a un precio más alto. Así se alimentó la " burbuja inmobiliaria española ". [281] Pero en el verano de 2007, el estallido de la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos tuvo una repercusión inmediata en Europa y especialmente en España, donde los precios de la vivienda dejaron de subir, el sector de la construcción se paralizó y esto arrastró a la economía en su conjunto, que empezó a crecer a un ritmo más lento con el consiguiente aumento del desempleo. Así, a partir del otoño de 2007, el debate político empezó a centrarse en la "desaceleración", como el gobierno llamó a la crisis económica, y se convirtió en el tema central de la campaña de las elecciones generales de marzo de 2008. [282]
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El PSOE revalidó su triunfo de 2004 en las elecciones generales de marzo de 2008 , aunque todavía no alcanzó la mayoría absoluta. Esta vez, Rodríguez Zapatero no quiso negociar ningún apoyo para lograr la investidura como presidente del Gobierno, por lo que fue elegido sólo con los votos de su partido el 11 de abril de 2008. [283] [284]
En esta segunda legislatura, las perspectivas económicas no sólo no mejoraron sino que empeoraron notablemente a partir de septiembre de 2008 como consecuencia del impacto de la crisis internacional desencadenada por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers . El desempleo se disparó , primero en el sector de la construcción –también estalló la burbuja inmobiliaria española– y después en el resto de sectores, [276] siendo los emigrantes los más afectados. [285]
El gobierno, al que le resultó difícil reconocer la gravedad de la crisis, [286] respondió con la implementación de medidas de política económica típicamente keynesianas , entre las que destacó el Plan Español de Estímulo de la Economía, más conocido como "Plan E" y aprobado a finales de 2008. Sin embargo, el PIB cayó un 3,7% en 2009 y la tasa de paro superó el 20% de la población activa. [287]
Como consecuencia del aumento del gasto para estimular la demanda y de la caída de los ingresos por la recesión, el déficit público se disparó hasta cerca del 10% del PIB. El ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes defendió entonces la necesidad de reducir el gasto público para sanear las cuentas públicas pero el presidente Rodríguez Zapatero no estuvo de acuerdo, por lo que Solbes abandonó el Gobierno con la remodelación ministerial del 7 de abril de 2009, siendo sustituido por Elena Salgado . Por esas mismas fechas, el paro superaba los cuatro millones. [288] Unos meses después, el Gobierno presentó el proyecto de ley de la Ley de Economía Sostenible pero apenas tuvo repercusión entre la opinión pública y su tramitación parlamentaria fue extremadamente lenta por lo que no fue aprobado hasta el 4 de marzo de 2011. [289]
La crisis de las cajas de ahorros había comenzado poco antes de la salida de Solbe del Gobierno, debido a que durante el "boom" habían financiado a constructoras, promotoras y compradores de viviendas, de modo que cuando estalló la burbuja inmobiliaria española en 2007-2008 se encontraron con que no iban a poder recuperar muchos de los préstamos que habían concedido, creándose así un enorme agujero en sus cuentas. [290] La primera en "caer" fue Caja Castilla-La Mancha , intervenida por el Banco de España , organismo que promovió la fusión de los bancos más problemáticos con los "más saneados" para "sanear" los balances junto con su "bancarización", privatizando sus activos dejando de ser entidades públicas. El Estado tuvo que aportar dinero público a través del FROB para sanear algunas de ellas y hacer posibles las fusiones. [291]
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En los primeros meses de 2010, la crisis económica se agravó debido al estallido de la crisis de deuda europea iniciada por la crisis de la deuda pública griega . [292] Inmediatamente, la deuda del resto de países de la Eurozona que, como en el caso de España, presentaban un fuerte déficit en su balanza de pagos comenzó a ser "atacada" en los mercados financieros con el consiguiente aumento de la prima de riesgo respecto del bono alemán . Entonces los países acreedores de la Eurozona, encabezados por Alemania, impusieron a los deudores disminuir su gasto público para reducir el déficit presupuestario . [293]
El ultimátum de las instituciones europeas al gobierno español llegó en el Consejo Europeo del 9 de mayo de 2010. Tres días después, el 12 de mayo, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso un drástico recorte del gasto público por valor de 15.000 millones de euros –se redujeron los salarios de los funcionarios un 5%, se congelaron las pensiones, se paralizó la inversión en infraestructuras, entre otras medidas–, consumando así el viraje de la política económica del gobierno socialista hacia políticas de “ajuste”. La consecuencia fue cortar de raíz la incipiente recuperación y provocar la caída en una nueva recesión a finales de 2011, con el consiguiente aumento del desempleo. [294]
Siguiendo las directrices de las instituciones europeas, la política de "ajuste" fue acompañada por la introducción de tres importantes "reformas estructurales": la Reforma Laboral de septiembre de 2010 con el objetivo de hacerla más "flexible"; la nueva ley de pensiones aprobada en junio de 2011 que elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años; y el Real Decreto Ley, también de junio de 2011, que "flexibilizó" el sistema de negociación colectiva. [295] También elevó el tipo general del IVA del 16 al 18%. [296]
El giro en la política económica provocó que el Gobierno rompiera con los sindicatos, que convocaron una huelga general para el 29 de septiembre de 2010, la primera desde que Zapatero estaba en el poder. [297]
Pese a todas las medidas adoptadas por el Gobierno, la prima de riesgo de la deuda española siguió subiendo y en el verano de 2011 la situación se hizo insostenible. Entonces el Banco Central Europeo decidió actuar comprando deuda pública española —y la de otros países con problemas, como Italia— [298] pero a cambio exigió nuevas «reformas estructurales». La respuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero fue proceder rápidamente a la reforma del artículo 135 de la Constitución , en la que contó con el apoyo inmediato del Partido Popular, para establecer el compromiso del Estado y de las comunidades autónomas de no «incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros». [299]
La percepción generalizada sobre la gestión económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero durante la “legislatura de la crisis” era que había fracasado, pese a haber logrado evitar el rescate europeo . Esa percepción fue clave para la aplastante victoria del Partido Popular en las elecciones generales de noviembre de 2011. [300]
La profunda crisis económica se tradujo en crisis política desde el momento en que la falta de confianza en la capacidad del Gobierno para afrontarla se trasladó a toda la "clase política" y al sistema en su conjunto. [301] A ello se sumó la proliferación de escándalos de corrupción que implicaron a los dos principales partidos —caso Gürtel , caso Palma Arena , asunto ERE andaluz— e incluso a la Casa Real cuando el yerno del Rey Iñaki Urdangarín fue imputado en 2011, un caso que tuvo una enorme repercusión mediática y deterioró la imagen de la monarquía. [302] [303]
La valoración del Gobierno, de su presidente y del PSOE fue cayendo en las encuestas y en las elecciones regionales gallegas de 2009 y en las elecciones al Parlamento Europeo del mismo año, los socialistas fueron derrotados. [304] La caída se acentuó tras el giro de la política económica de mayo de 2010. [305] La primera confirmación de la caída socialista llegó en las elecciones catalanas de noviembre de 2010 en las que el Partido Socialista de Cataluña perdió nueve diputados, y el "tres partidos" fue expulsado del poder por CiU – el "convergente" Artur Mas sustituyó al socialista José Montilla al frente de la Generalitat. [306]
El 2 de abril de 2011, mes y medio antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas , Zapatero, presionado por su propio partido, anunció que no sería cabeza de lista en las siguientes elecciones generales. Sin embargo, la dimisión de Zapatero no evitó la aplastante victoria socialista en las municipales y autonómicas, ya que el PSOE quedó a 10 puntos del Partido Popular. [300] [307] Poco después el PSOE nombró a Alfredo Pérez Rubalcaba como su nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. [308]
El domingo anterior a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, el 15 de mayo de 2011, se produjeron manifestaciones de "indignados", en su mayoría jóvenes, en las principales ciudades españolas convocadas por la organización de base " ¡Democracia Real YA! ". Al día siguiente, un grupo de ellos decidió acampar en la Puerta del Sol de Madrid y el desalojo por parte de la policía no hizo más que aumentar el número de acampados que acabaron ocupando toda la plaza y consiguiendo una gran repercusión mediática nacional e internacional, además de que su ejemplo se extendió rápidamente a las plazas de muchas ciudades. Allí permanecieron varias semanas. [309] Uno de los lemas más repetidos en las asambleas que celebraron fue " ¡No nos representan !" en referencia a los grandes partidos políticos. Así nació lo que se conocería como el movimiento 15-M . [310] [311]
Otro elemento importante de la crisis política fue el espectacular crecimiento del independentismo en Cataluña tras la publicación a finales de junio de 2010 de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, [312] [313] que tras cuatro años de deliberaciones supuso un duro golpe a las aspiraciones del nacionalismo catalán. El 9 de julio de 2010 se produjo una gran manifestación de rechazo a la sentencia con el lema Som una nació, nosaltres decidim , que desembocó en un plebiscito a favor de la independencia. Cuatro meses después se celebraron las elecciones al Parlamento catalán , que ganó CiU y su líder Artur Mas fue investido como nuevo presidente de la Generalitat. [312] [314]
El cambio de Gobierno en Euskadi tras las elecciones al Parlamento Vasco de 2009 —el socialista Patxi López sustituyó al peneuvista Juan José Ibarretxe— , la salida de las instituciones de los grupos heredados de Batasuna y la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra ETA —en menos de dos años fueron detenidos todos los miembros de la dirección que había impuesto en 2007 la ruptura de la tregua—, entre otros motivos, obligaron a la izquierda abertzale a replantearse su estrategia política. Así, en febrero de 2010 Batasuna presentó un primer documento en el que apoyaba un «proceso democrático en ausencia de violencia», al que siguió la denominada «Declaración de Bruselas» en la que un grupo intermediario internacional encabezado por el abogado sudafricano Brian Currin llamaba a ETA a declarar un alto el fuego permanente. [315]
El 20 de octubre de 2011, un mes antes de las elecciones generales españolas en las que se presentaba la izquierda nacionalista dentro de la coalición Amaiur , ETA anunció el abandono definitivo de la "lucha armada" lo que abrió un nuevo escenario político en el País Vasco. [316]
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Ante la pérdida de apoyos a su gobierno, el presidente Rodríguez Zapatero decidió adelantar cuatro meses las elecciones generales , a noviembre de 2011. El Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta de 186 diputados —su mejor resultado de la historia—, mientras que el PSOE solo logró 110 diputados —su peor resultado hasta entonces—. [300] La coalición Izquierda Unida , liderada por Cayo Lara , obtuvo 11 diputados. UPyD de Rosa Díez logró 5 diputados, la coalición vasca Amaiur logró seis escaños con un programa que defendía el derecho de autodeterminación de Euskadi, y CiU desplazó al PSC como partido más votado en Cataluña. [317] Los socialistas, grandes perdedores en las elecciones, celebraron el 38º Congreso Federal del PSOE en febrero de 2012, en Sevilla, en el que Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general por un estrecho margen frente a Carme Chacón . [318] El 20 de diciembre de 2011, el líder del PP Mariano Rajoy fue investido como sexto presidente del Gobierno de la democracia.
Nada más formarse, el Gobierno de Rajoy acordó una fuerte reducción del gasto público para controlar el déficit presupuestario —que superaba el 8% del PIB, por encima del límite pactado por Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea— , continuando así con las políticas de ajuste del Gobierno anterior y con las « reformas estructurales », la más importante de las cuales fue la Reforma Laboral diseñada por la ministra de Empleo Fátima Báñez y aprobada por el Gobierno en febrero de 2012. [319] La reforma laboral fue rechazada por los sindicatos que convocaron una huelga general en marzo de 2012, [320] a la que siguió siete meses después la huelga general europea de 2012. [ 321]
Para reducir el déficit, el Gobierno no sólo recortó el gasto público –mantuvo congelados los sueldos de los funcionarios y las oposiciones, de forma que no se cubrieran las jubilaciones; recortó los beneficiarios de la Ley de Dependencia; no aumentó el salario mínimo interprofesional ; redujo las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales; etc.– sino que también acordó subidas de impuestos en contra de lo que había prometido en la campaña electoral. En cuanto a las pensiones, decretó una subida mínima del 1%, para diferenciarse de la congelación decidida por el Gobierno de Zapatero en mayo de 2010. [322]
Las políticas de ajuste tuvieron un efecto negativo sobre la actividad económica provocando la segunda recesión de la crisis financiera española de 2008-2014 , que duró más que la primera de 2009, pues se extendió desde el último trimestre de 2011 [323] hasta el segundo trimestre de 2013, [324] lo que se tradujo en un aumento del paro en un millón de personas desde que el PP empezó a gobernar: de 5.273.600 parados en diciembre de 2011, el 22,85% de la población activa, se pasó al récord histórico de 6.202.700 parados en marzo de 2013, situando la tasa de paro en el 27,1% y la tasa de paro juvenil en el 57,22%. [325] [326] [327]
En abril de 2012, el gobierno anunció recortes adicionales del gasto en educación y sanidad por 10.000 millones de euros, lo que levantó protestas de los sectores afectados. [328] El 22 de mayo de 2012 tuvo lugar la primera huelga general de enseñanza de la historia de España. [328] Sólo tres días después, el 25 de mayo, se conoció que Bankia , nacionalizada dos semanas antes, necesitaría una inyección de 19.000 millones de euros de dinero público para ser saneada, poniendo de relieve la fragilidad del sistema bancario español. [329] El 9 de junio, el ministro de Hacienda, Luis de Guindos, anunció que España iba a pedir un rescate financiero a la Unión Europea por un valor máximo de 100.000 millones de euros para sanear las cajas de ahorros con problemas, aunque rechazó utilizar el término «rescate» y prefirió el término «crédito en condiciones muy favorables». [330] Lo mismo hizo el presidente Mariano Rajoy en su discurso del día siguiente que utilizó el término «línea de crédito». [331]
Sin embargo, las duras políticas de ajuste y de “reformas estructurales” puestas en marcha por el Gobierno no lograron frenar la escalada de la prima de riesgo que en julio de 2012 superaba los 600 puntos básicos respecto al bono alemán, un nivel que hacía prácticamente imposible financiar la deuda española en los mercados, por lo que parecía inevitable que el Gobierno pidiera el “ rescate ” como ya habían hecho Grecia, Irlanda y Portugal. [332] El 11 de julio, el presidente Rajoy dijo en el Congreso de los Diputados: [333]
Los españoles hemos llegado a un punto en el que ya no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que nos permiten las circunstancias es o bien aceptar los sacrificios y renunciar a algo; o bien rechazar los sacrificios y renunciar a todo.
Sin embargo, el 26 de julio de 2012, ante el peligro de colapso de toda la eurozona –la prima de riesgo de Italia también se había disparado, y España e Italia eran “demasiado grandes para quebrar”–, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, intervino para asegurar que el BCE iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para sostener el euro, comportándose por fin como un prestamista de última instancia –las palabras de Draghi fueron: “el BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente”. Inmediatamente, la presión del mercado sobre la deuda se alivió y las primas de riesgo españolas e italianas comenzaron a caer, y la amenaza de un rescate retrocedió. [334]
Junto a la crisis económica, el otro gran problema al que tuvo que hacer frente el Gobierno de Mariano Rajoy fue el "desafío soberanista" en Cataluña. El auge del independentismo catalán tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 , que motivó una gran manifestación de rechazo celebrada en Barcelona el 9 de julio de 2010 bajo el lema " Som una nació, nosaltres decidim" , quedó claramente evidenciado en la gran manifestación organizada en Barcelona el 11 de septiembre de 2012, Diada Nacional de Cataluña , con el lema " Catalunya, nou estat d'Europa " y organizada por la autodenominada Assemblea Nacional Catalana . Dos semanas después el Parlament de Cataluña aprobó una resolución instando al Gobierno a celebrar una "consulta" en la que "el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo". A raíz de esto, el presidente de la Generalitat Artur Mas adelantó dos años las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para 2014 y éstas se celebraron el 25 de noviembre. Aunque CiU perdió algunos diputados, tanto Esquerra Republicana como Iniciativa per Catalunya aumentaron su representación parlamentaria, y además la CUP entró en el Parlament con tres diputados, de manera que se configuró una mayoría "soberanista" en el Parlamento de Cataluña. Así, el 23 de enero de 2013, el Parlament aprobó la "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña" cuyo primer artículo fue anulado por el Tribunal Constitucional al año siguiente.
El 11 de septiembre de 2013, una gran cadena humana unió de norte a sur el territorio de Cataluña en lo que se denominó la « Vía Catalana hacia la Independencia » y tres meses después los partidos defensores de la «consulta» pactaron la cuestión y la fecha de la misma, fijada para el 9 de noviembre de 2014. En enero de 2014, el Parlamento de Cataluña aprobó una moción solicitando al Congreso de los Diputados la cesión de la competencia para celebrar el referéndum, pero el 8 de abril la petición fue rechazada por el pleno por abrumadora mayoría. [335]
En cuanto a la crisis política, la llegada al poder del Partido Popular no mejoró la percepción ciudadana de la política. En noviembre de 2012 el barómetro del CIS indicaba que el porcentaje de ciudadanos bastante o muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España era inferior al 30% cuando diez años antes, gobernando también el Partido Popular –pero en un periodo de fuerte crecimiento económico– estaba cerca del 60%. [336] Asimismo, muchas de las instituciones políticas sufrieron una fuerte caída en la valoración de la opinión pública como los partidos políticos, el Gobierno, el Congreso de los Diputados, los sindicatos y las organizaciones empresariales, todas ellas por debajo de la puntuación de 3 (en una escala de 0 a 10), según el barómetro del CIS de 2013, y de la que no se libró la monarquía valorada con un 3,68. [337]
La crisis política se evidenció aún más claramente en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014, en las que por primera vez desde la recuperación de la democracia los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, no superaron el 50% de los votos emitidos –el PP pasó de 24 a 16 escaños y el PSOE de 23 a 14–, mientras que los partidos minoritarios IU, UPyD y Cs crecieron y un nuevo partido llamado Podemos irrumpió y obtuvo cinco diputados. [338] Al día siguiente, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció la convocatoria de un congreso extraordinario del partido que se celebraría en julio en el que no se presentaría a la reelección. [339]
La implicación del yerno del rey Iñaki Urdangarín en el escándalo de corrupción conocido como caso Nóos causó un enorme daño a la imagen de la monarquía, como reflejaron inmediatamente las encuestas. [302] [303] La primera reacción oficial de la Casa del Rey llegó el 12 de diciembre de 2011, cuando se decidió apartar a Urdangarín de los actos oficiales debido a su comportamiento «no ejemplar». [340] En el Mensaje de Navidad el rey habló de que «la justicia sea igual para todos». Cuatro días después, Urdangarín fue imputado y entre el sábado 25 y el domingo 26 de febrero de 2012 tuvo que declarar ante el juez en Palma de Mallorca .
Otro duro golpe al prestigio de la monarquía llegó dos meses después, cuando el 14 de abril de 2012 se supo que el rey Juan Carlos se había roto la cadera en una cacería de elefantes en Botsuana y que había sido trasladado de urgencia a Madrid para ser operado. La noticia desató una enorme polémica que obligó al rey a pedir disculpas al salir de la clínica. "Lo siento mucho. Cometí un error y no volverá a ocurrir", dijo. [341]
El 21 de noviembre de 2013, el rey fue sometido a otra operación de cadera. Era la tercera intervención en menos de un año, y la novena en los últimos cinco. En el primer acto oficial en el que intervino, la celebración de la Pascua Militar el 6 de enero de 2014, apareció cansado y mal. Tan solo un día después, el juez del caso Noos , José Castro Aragón, imputó por segunda vez a la infanta Cristina de Borbón -la primera había sido sobreseída el año anterior por la Audiencia de Palma- por blanqueo de capitales y delitos fiscales. La comparecencia de la princesa ante el juez se produjo el 8 de febrero en medio de una gran expectación mediática nacional e internacional. El impacto en la opinión pública quedó reflejado en el barómetro del CIS de mayo, en el que la monarquía volvió a suspender con una puntuación de 3,72.
El 2 de junio de 2014 se anunció la abdicación de Juan Carlos , tras casi 39 años de reinado. Había tomado la decisión cinco meses antes, el 5 de enero, día de su cumpleaños, y se la había comunicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 31 de marzo. [342]
Los prorrepublicanos reaccionaron a la abdicación celebrando concentraciones en varias ciudades pidiendo un referéndum para decidir la forma de gobierno. [343] Esta reivindicación reapareció en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados el 11 de junio para aprobar la ley orgánica de abdicación. Fue presentada y apoyada por las formaciones que votaron en contra de dicha ley: los 19 escaños que integraban Izquierda Unida - Izquierda Plural , Geroa Bai , Compromís , Nueva Canarias , Esquerra Republicana de Cataluña y BNG . La ley fue aprobada por una mayoría aplastante: 299 diputados del PP , PSOE , UPyD , Foro de Asturias y Unión Popular Navarra . [344] [345]
El 18 de junio, Juan Carlos firmó la ley, que fue el último acto oficial de su reinado. Al día siguiente, Felipe VI fue proclamado Rey por las Cortes.
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