Se trató del primer fallecido en una situación de protesta social desde el retorno a la democracia en el país.

[1]​ Cuatro años después integraría una lista de trabajadores despedidos, originando la protesta que culminó en su fallecimiento.

En ese marco, la tradicional industria electrónica fueguina (respaldada por una ley nacional que garantizaba exenciones impositivas)[6]​ sufrió a lo largo de la década un desmantelamiento que alcanzaría su punto crítico en el año 2000, con solamente 120 personas ocupadas en la actividad.

[1]​[4]​ El funcionario contó además con un refuerzo de trescientos gendarmes, enviados por el gobierno nacional.

[1]​ Accesoriamente, el sargento primero Rafael López y el cabo primero Carlos Flores fueron condenados por los hechos de represión.