Su objetivo fue proporcionar transitoriamente toda una administración civil efectiva, incluyendo el desempeño de la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial; mientras el país atravesaba un proceso político convulso que culminó con su independencia.
En dicha resolución el Consejo decidió que la UNTAET, además de ocuparse de la administración general de Timor Oriental, debía mantener el orden público, establecer una administración eficaz, contribuir al desarrollo de los servicios civiles y sociales, realizar labores de ayuda humanitaria, fomentar el autogobierno y ayudar para al desarrollo sostenible de la economía local.
Tuvo autorización para desplegar hasta 9.150 militares y 1.640 policías civiles.
Un total de 29 países contribuyeron con personal militar a la misión y 39 enviaron policías.
La UNTAET sufrió 17 bajas mortales: 15 militares, un policía y un observador militar.