En 2006 hubo denuncias de sustracción forzada de órganos sancionada por el Estado a practicantes vivos del movimiento espiritual Falun Gong, las cuales concluyeron en la redacción de un informe compilado por el exparlamentario canadiense David Kilgour y el abogado pro-derechos humanos David Matas.
Esta ley sin embargo no recoge las donaciones por casos como la "muerte cerebral", circunstancia idónea para este tipo de trasplantes.
[15] Dicha norma provisional de 1984 no ha sido todavía derogada.
[16] El desarrollo de una droga, la ciclosporina A, hizo que los trasplantes fueran una opción más viable para los pacientes.
La creciente preocupación sobre los posibles abusos éticos derivados del consentimiento bajo coerción y la corrupción imperante llevó a grupos médicos y organizaciones pro-derechos humanos a condenar esta práctica desde la década de 1990.
[23] La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad del Trasplante (TTS) estipulan que "el uso de prisioneros en cualquier país que tenga pena de muerte viola los estándares éticos médicos dado que los prisioneros no pueden dar su libre consentimiento".
[16] En junio de 2016, un nuevo informe elaborado por los investigadores David Kilgour, David Matas y Ethan Gutmann desveló que el número de órganos que se trasplantan al año en China se situaría entre los 60.000 y 100.000, números muy lejanos a los 10.000 que sostiene el régimen chino.