La dirigencia sindical en Guayana denunció que la medida desmejoró sus beneficios laborales en más de 70 %.
González fue acusado de delitos militares y procesado por tribunales castrenses.
González fue acusado de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, basándose en el intento de detención que la Guardia Nacional intentó practicar dos meses antes, y los cargos fueron tanto imputados como ratificado durante el juicio del tribunal militar.
Degraim Marchales, miembro de Sintraferrominera y familiar político de González, informó que el veredicto se apelaría y que se ejercerían acciones en rechazo a la sentencia.
[5] Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, condenó la medida contra González declarando que era una violación flagrante a la constitución porque los civiles no pueden ser juzgados por militares.