Rodrigo Medina de la Cruz

[1]​ Luego de su salida en dicho mandato, fue vinculado por la llamada “Operación Tornado”[2]​ a un proceso legal en su contra por peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones junto a otros 14 servidores públicos más, diputados y exdiputados así como familiares y socios del político.

[29]​ Al cumplirse un año de dicho atentado se tienen 19 presuntos responsables detenidos, incluido el autor intelectual.

[32]​ El 7 de octubre de 2011 se dio a conocer que el gobernador tomó dos días laborales para viajar con su familia a Orlando, Florida, Estados Unidos asegurando que "trabaja por teléfono".

Dicha información está relacionada al quebranto económico del Issteleón de casi 288 millones de pesos que subió a 359 millones por adquirir instrumentos hipotecarios sin garantía.

[38]​ Los incentivos fiscales otorgados por el gobierno de Nuevo León, según investigaciones posteriores, serían superiores a los determinados por las leyes mexicanas[39]​ y fueron calculados en tres mil 689 millones de pesos.

[40]​ Dichos incentivos serían extensivos a proveedores de la empresa coreana.

[41]​ Según una acusación posterior, el convenio con Kía se aprobó en unas horas sin la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, como es determinado por ley, y habría presentado espacios en blanco.

[41]​ La inmobiliaria fue creada un mes antes de la operación financiera por Bernardo Castillón Gómez y Juan Manuel García Cañamar, el primero según investigaciones periodísticas, es compadre de Rodrigo Medina y el segundo sería cercano también al político.

[44]​ Otros tres terrenos habrían sido comprados a particulares como el padre del entonces alcalde de Apodaca, Oscar Cantú.

[41]​ Castillón Gómez ante las acusaciones se defendió diciendo que la compra de los terrenos habría sido "casualidad" y negó haber tenido información confidencial que le beneficiara para la compra de los terrenos.

[40]​ Un juez determinó que el político no había sido responsable de peculado y daños patrimoniales en este caso.

Asimismo anunció que debido a la dificultad del caso en el futuro considerará más inversiones en México.

[4]​ El juzgador determinó la medida cautelar contra Medina debido que la Agencia Estatal de Investigaciones comprobó que el político no contaría con los recursos para resarcir los fondos presuntamente desviados, tampoco cuenta con arraigo en el estado o propiedades y había indicios de que podía evadir la acción legal.