[4]​ Su aprobación recibió amplia atención mediática al darse con un margen de votos muy ajustado, y el decreto fue inicialmente considerado rechazado en la votación al existir dos votos en contra por parte de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, partido que, sin embargo, había pactado previamente su apoyo con el Gobierno.

[4]​ La norma introdujo cambios sustanciales en materia laboral: aportó prioridad a la contratación indefinida frente a la temporal, dio mayor peso a los convenios sectoriales en los salarios y afianzó la participación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en empresas con problemas económicos, entre otros.

[10]​ También entre los puntos de ese mismo texto se incluían otros cambios sustanciales en materia laboral como la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio en España, la revisión de los contratos formativos y la lucha contra el fraude laboral (que incluye menciones a la contratación temporal y de falsos autónomos).

[17]​ En cuanto a las votaciones internas, mientras que los sindicatos otorgaron su apoyo al texto de forma unánime, el representante de los empresarios, Antonio Garamendi, tuvo mayores dificultades y solo lo consiguió después de que varias organizaciones empresariales se desmarcaran del debate.

Hoy avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales del siglo XXI».

Los grupos parlamentarios que dieron su aprobación fueron el PSOE, Unidas Podemos, Más País, Ciudadanos, Teruel Existe, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís y PDeCAT.

[24]​ En contra se posicionaron PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, Junts, Candidatura de Unidad Popular, BNG, Foro, UPN así como el antiguo diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero.

[26]​ Sin embargo, en contra de las previsiones del ejecutivo, los diputados de UPN emitieron un «no», lo cual habría dejado a la votación en 174 votos a favor y 175 en contra, con su consecuente reprobación.

No obstante, debido a un error por parte de un diputado del Partido Popular, Alberto Casero Ávila,[27]​[28]​ que votó «sí» de forma telemática por accidente, el recuento final permitió alcanzar la mayoría necesaria.

La retribución para este tipo de contrato estará adaptada al convenio y no podrá bajar del 60% en el primer año y del 75% en el segundo.

[37]​ De estos, la mayoría (173 960) lo hicieron para cubrir una jornada completa.

Los dos primeros meses de ese año registraron un aumento del 116,47% en cuanto a contratación indefinida respecto al mismo lapso de tiempo del año anterior.

La reforma también tuvo consecuencias positivas en cuanto a los datos para la población más joven, produciéndose el doble de firmas de contratos indefinidos respecto al mes anterior.

[45]​ La tendencia fue similar para el mes de mayo, en el que se firmaron 730 427 contratos indefinidos (un 44,5 % del total);[46]​ el paro registró su cifra más baja desde noviembre de 2008.

Igualmente, los representantes no renunciaron a sus escaños en el Congreso, al no ser exigido por el Comité de Garantías y Disciplina del partido, que declaró que la suspensión de militancia e inhabilitación «afecta a la esfera interna en tanto que son afiliados de UPN, pero no al núcleo de sus funciones representativas como diputados» y que la dimisión quedaría, por tanto, como una «decisión personal».

[54]​ La formaciones conservadoras Vox y Partido Popular —que votaron en contra de la reforma— anunciaron que llevarían la votación al Tribunal Constitucional y que iniciarían un proceso legal contra la entonces Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al considerar que el voto por error del diputado del PP, Alberto Casero, —gracias al cual pudo aprobarse el texto— debería haber anulado el resultado.