A partir del violento proceso de independencia (1810-1824) de las colonias que el Imperio Español tenía en América, los pueblos que vivían en el ex Virreinato del Río de la Plata se autorganizaron en provincias autónomas, con un lazo común republicano, pero sin poder establecer una Constitución que organizara un gobierno nacional, debido al enfrentamiento entre quienes querían una organización unitaria con cabeza en Buenos Aires y quienes querían una federación, que llevó a varias décadas de guerras civiles.
Los recursos con que contaba el Estado nacional presidido por Mitre, eran en su mayor parte los impuestos recaudados por la aduana de Buenos Aires, ahora federalizada.
Estados Unidos había organizado una república federal, régimen de gobierno completamente inusual en aquella época, dominada por sistemas unitarios monárquicos.
[6] La cuestión era de máxima importancia, porque a diferencia de Estados Unidos, donde todos los estados tenían salida al mar, en Argentina apenas cuatro provincias tenían salida al mar (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe), siendo además el puerto y la aduana de Buenos Aires la que monopolizaba la casi totalidad de las exportaciones e importaciones.
[10] Por su parte V. Alsina insistió en la necesidad de reformar los tres temas propuestos en el proyecto original.
[11] El senador Tadeo Rojo fundó la propuesta de reforma constitucional en términos semejantes a los que exhibiera V. Alsina, agregando también las necesidades económicas que resultaban de la Guerra del Paraguay, que Alsina no había mencionado: Ese mismo día el proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma constitucional fue tratado sobre tablas y aprobado por el Senado con 18 votos a favor, contra 1 en contra.
[13] La Cámara de Diputados se encontraba en ese momento en sesiones, esperando para tratar el proyecto.
Una vez aprobado en general el proyecto redactado por la Comisión, se abrió la discusión en particular.
La Comisión de Negocios Constitucionales recomendó aceptar la comunicación del Poder Ejecutivo y así lo hizo la Cámara por mayoría, pese a la opinión contraria del diputado Martín Ruiz Moreno, quien sostuvo que el Poder Ejecutivo no tenía la facultad de cerrar una sesión extraordinaria luego de abrirla.
100),[24] retomando el proyecto inicial de Valentín Alsina, pero la propuesta no sería aceptada.
Ugarte también señaló dos defectos técnicos del proyecto cuyo texto decía "Convóquese a una Convención Nacional con el único objeto de reformar la Constitución...".
Para González la reforma fue errónea, porque la provincia de Buenos Aires buscaba preservar el mismo presupuesto que tenía en 1859, cuando era el Estado de Buenos Aires, sin tener en cuenta que una gran cantidad de esos gastos fueron asumidos a la Nación al producirse la unificación.
[26] Rawson recurrió a la tradición argentina para justificar los impuestos a las exportaciones "desde tiempo inmemorial",[26] no solo por la coyuntura de la guerra, sino por la naturaleza misma de las funciones del Estado: Al igual que Zuviría, Rawson también vinculó los principios de igualdad y progresividad en el impuesto:
[38] Los tres proyectos (necesidad de la reforma, Convención Constituyente y corrección del cronograma electoral) volvieron a la Cámara de Senadores, para que tratara los cambios respecto del proyecto original aprobado en el Senado el año anterior.
La diferencia era sustancial, porque en el primer caso el Senado no podía introducir nuevas modificaciones, debiendo limitarse a convalidar la redacción definida en Diputados, o rechazar la misma para insistir en la redacción original dada por el Senado.
El senador tucumano Uladislao Frías presentó el dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales, recomendando rechazar la modificación propuesta por Diputados por ser demasiado genérica e insistir en la redacción original del Senado.
[39] La voz opositora la tuvo el senador sanjuanino Tadeo Rojo, quien apoyado en la postura de Marcelino Ugarte en Diputados, sostuvo que si la Nación concentraba tanto los impuestos a importación, como los impuestos a la exportación, se formaría un nuevo tipo de unitarismo en cabeza del Estado nacional.
[40] Valentín Alsina, iniciador del proyecto, también intervino en el debate para justificar el breve lapso de tiempo con la reforma anterior.
Desde la oposición, Marcelino Ugarte intentó cuestionar la constitucionalidad del proyecto, debido a que el Senado se consideró como cámara revisora de un proyecto que, a su entender, había iniciado,[43] pero luego de un breve debate la ley fue aprobada por 25 votos a favor y 4 en contra.
[46] Políticamente, la reforma fue impulsada por el presidente Bartolomé Mitre y fue resistida en nombre del federalismo por Justo José de Urquiza, desde la provincia de Entre Ríos, que cuatro años después sería asesinado.
Allí el mitrismo sufrió una seria derrota, a manos del Partido Autonomista, que se oponía a la reforma y que concurrió liderado por Marcelino Ugarte, Carlos Tejedor y José Mármol.
Las únicas constancias directas son las que recogieron los periódicos de la época.