Reforma universitaria (Chile)

Pero la fase central (o más conocida) se produjo entre 1967 y 1973; impulsada por un movimiento de protesta estudiantil, que muchas veces contó con el apoyo de docentes y funcionarios.

Las reformas se podrían resumir en el principio de democratización: aplicado a la enseñanza, al acceso popular a la cultura y al funcionamiento de la propia institución universitaria.

Este principio se enlazaba con el compromiso hacia los problemas sociales del país, representados principalmente por la desigualdad social, las necesidades de los grupos más desfavorecidos de la población y los desafíos del desarrollo.

Este movimiento, al igual que otros elementos de la época, como el mayor protagonismo del movimiento obrero en Chile, el debate en las élites sobre lo que denominaron la "cuestión social", el fin de la Primera Guerra Mundial (1918) y la Revolución Rusa (1917), tuvo fuertes repercusiones en los estudiantes chilenos.

La influencia de los principios originados en Córdoba se hizo sentir en Chile ya en 1918.

Cuando en Argentina se producía el levantamiento universitario de Córdoba, la FECH creaba la Universidad Popular Lastarria, que tenía como fin entregar educación a las clases trabajadoras.

Un hecho que fue interpretado por las organizaciones xenófobas denominadas ligas patriótica como fruto de un supuesto complot digitado desde Perú.

Los atacantes salieron de una multitud formada por la juventud aristocrática "y quienes querían parecérseles".

Y fue más específico, acusando que esos "traidores" tenían su "cueva" a dos cuadras de allí.

Tras lo cual la multitud se dirigió furiosa al local de la FECH, encabezada por dos oficiales del Ejército.

En Ahumada 74, las pocas personas que estaban en la federación en ese momento salvaron sus vidas ocultándose en el techo, mientras los atacantes destrozaban el recinto, lanzaban un piano de cola a la calle desde los pisos superiores y hacían una hoguera con los libros de la biblioteca.

[12]​ En ella colaborarían las principales figuras de esa generación estudiantil, entre quienes destacan el entonces estudiante Pablo Neruda (futuro Premio Nobel de Literatura), José Santos González Vera y Manuel Rojas (que llegaría a ser Premios Nacionales en la misma disciplina).

La gran prensa cambió su trato hacia la FECH y el proceso contra sus dirigentes perdió fuerza.

Pero, pese a todos estos avatares y al papel jugado por los estudiantes, Alessandri no concretó durante su gobierno las demandas de Reforma Universitaria levantadas por la FECH.

El proceso, pasada la emergencia política y la primera fase represiva, volverá a agudizarse en 1922, reenfocado ahora en la problemática universitaria.

Más aún, ya no se pudo seguir publicando Claridad bajo el gobierno autoritario.

A ellos también se sumarían, en definitiva, muchos militantes de izquierda (Juventudes Comunistas y Juventud Socialista), e incluso miembros de grupos revolucionarios (MIR), que se implicaron en el proceso.

El movimiento de la UCV alcanzó sus principales objetivos en pocos días.

Sin ir más lejos, Guzmán se transformó en uno de los redactores principales de la constitución impulsada por dicho régimen y aprobada mediante un plebiscito cuestionado por las diversas irregularidades formales que rodearon su celebración.

[18]​ Por otro lado, la intervención militar de las universidades era entendida -al interior del régimen- como un primer paso hacia la reestructuración total del sistema de educación superior en un sentido contrario al obrado por la Reforma.

[22]​ La Comisión Valech, por su parte, estableció en su primer informe provisional que algo más del 15% de las personas que sufrieron "prisión política calificada" en Chile, entre 1973 y 1990, eran estudiantes (4.114 casos),[23]​ de los cuales una gran cantidad sufrió torturas.

Se debe aclarar que esta cifra no incorpora el aumento final de "casos calificados", que se ha incrementado notablemente en los sucesivos informes complementarios de la Comisión Valech.

Tampoco hay información desagregada a nivel nacional respecto a las víctimas entre académicos y funcionarios universitarios, pero el registro de las comisiones oficiales indica que esos casos fueron numerosos.

[24]​ Esta etapa (1978-1990) es la misma en que se implementan las medidas más radicales de contrarreforma en las universidades.

Un atribución que el régimen se confirió a sí mismo el 7 de febrero de 1980, con la publicación del Decreto Ley N.º 3.168 que ponía en manos del ministro del Interior la posibilidad de relegar discrecionalmente a cualquier persona, sin presentar cargos contra ella.

Entre tanto, el régimen insistía, en su discurso oficial, sobre los vicios y errores de la Reforma.

Un rediseño institucional que tiene sus bases en la "Directiva Presidencial sobre la Educación Nacional", despachada por Pinochet en 1979.

Esta ley decretaba la fragmentación de las dos grandes universidades públicas (que tenían sedes en diversas provincias), con el doble fin de atomizar cualquier movimiento estudiantil y descentralizar la gestión.

Además, la ley decretó, como había anunciado Pinochet en 1979, el fin de los aranceles diferenciados, que —en los hechos— permitían a la mayoría de los estudiantes acceder gratuitamente a la educación superior pública.