[1][4] Era la primera vez que un Estado legalizó el matrimonio igualitario mediante el voto popular.
[10] Fuentes de gobierno señalaron que las palabras impugnadas por Arnold (beirt y cibé acu is fir nó mná) ya se utilizaban con una intención similar en otras partes de la constitución.
[15] La ministra de Justicia Frances Fitzgerald presentó la enmienda en el Dáil al día siguiente.
[19] Todas las enmiendas a la Constitución tienen que ser refrendadas por el pueblo en un referéndum antes de convertirse en ley.
Algunos académicos legales afirmaron que extender el matrimonio a parejas del mismo sexo no requería una enmienda constitucional y podría haberse logrado mediante una ley ordinaria del Oireachtas.
El mismo día se celebró una elección parcial del Dáil en Carlow-Kilkenny.
Los primeros sondeos rápidamente comenzaron a indicar una victoria para la campaña del sí, con el ministro de Estado Aodhán Ó Ríordáin declarando una victoria «aplastante» en Dublín a solo 8 minutos de haberse contado.
[53] Las regiones urbanas generalmente registraron índices de aprobación más altos para el cambio.
[66][67] Nicholas Kearns, presidente del Tribunal Superior, desestimó ambas solicitudes y cargó las costas a los peticionarios.
[70][71][72][73] El 30 de julio el tribunal confirmó las desestimaciones y las indemnizaciones en costas contra ambos peticionarios.
[77][85] El conferencista Conor O'Mahony sugirió que el magistrado presidente, aunque no estaba obligado a esperar una apelación de la Corte Suprema, mejor hubiese optado por hacerlo.
Estos incluyen eliminar la prohibición legislativa sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo,[87] permitir que los matrimonios extranjeros entre personas del mismo sexo se registren en Irlanda como matrimonios en lugar de parejas civiles[88] y disolver una unión civil si la pareja se casan.
[89] Los oficiantes autorizados para matrimonio religiosos se les permitiría negarse a celebrarlo en ceremonias entre personas del mismo sexo.
[90][91] El abogado Benedict Ó Floinn consideró que la redacción del proyecto de ley debería haberse completado antes del referéndum, para minimizarlagunas legales por las que la ley estaría fuera de sintonía con la Constitución.