Reconocimiento de uniones del mismo sexo en América

Las uniones del mismo sexo en América son reconocidas en doce de los 35 estados soberanos que conforman el continente: 11 países a nivel nacional a través del matrimonio igualitario (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay); y mediante la unión civil en Bolivia.La homosexualidad, entendida como un acto sexual entre adultos y dentro del ámbito privado, se encuentra despenalizada en todos los territorios, por lo que la comunidad LGBT goza de amplia equiparación de derechos en distintos aspectos.Asimismo, en los territorios dependientes de Groenlandia (Dinamarca) y San Pedro y Miquelón (Francia), las leyes conyugales han sido equiparadas a las de sus respectivas metrópolis, permitiendo así el matrimonio igualitario; en Bermudas (Reino Unido), abolió su ley marital para parejas del mismo sexo en febrero de 2018, colocando en su lugar una figura legal más restrictiva para las parejas de hecho convirtiéndose en el primer territorio del mundo en abolir el matrimonio igualitario, posteriormente la corte obligó a aprobar nuevamente el matrimonio igualitario en noviembre de 2018.La provincia de Ontario ya había sido la primera en aprobar matrimonios igualitarios a nivel local en 2003.En México cada entidad federativa decide sobre sus políticas civiles a través de sus propios mecanismos.[2]​ Sin embargo dicha propuesta fue rechazada alegando que "le corresponde a cada entidad legislar en materia civil".Las primeras leyes que permitieron este tipo de reconocimientos en la región entraron en vigencia a partir del siglo XXI.[10]​ En 2022, se realizó un referéndum en Cuba para aprobar el proyecto de nuevo código de las familias, el cual legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la pluriparentalidad, la gestación subrogada, entre otras disposiciones.El matrimonio entre personas del mismo sexo es actualmente legal en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y en los territorios dependientes de Guayana Francesa e islas Malvinas.De esta manera, Sudamérica se convierte en una de las regiones más permisivas del mundo en esta materia, al igual que América del Norte, Europa Occidental y Australasia.El sexo entre mujeres es legal en toda la región; mientras que Bolivia y Venezuela nunca han criminalizado en su legislación las prácticas homosexuales entre adultos por mutuo consentimiento, al finalizar el siglo XX, las leyes que castigaban la sodomía se encontraban derogadas en todos los países sudamericanos a excepción de Guyana,[15]​ en donde el sexo entre hombres es aún ilegal (no debe confundirse con Guayana Francesa).Con respecto a los derechos de la familia homoparental, la adopción conjunta por parejas reconocidas está permitida en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guayana Francesa y Uruguay; mientras que la subrogación gestacional se encuentra regulada únicamente en Brasil.En los siguientes dos años, las jurisdicciones de Alagoas,[24]​ Bahía, Ceará, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rondonia, Santa Catarina, Santa Rita do Sapucaí, São Paulo y Sergipe legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Río de Janeiro permitió a los jueces locales realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, si estaban de acuerdo en hacerlo.[33]​[34]​ Subsiguientes fallos por la Corte Constitucional, expandieron los derechos a los cueles las parejas entre personas del mismo sexo podían optar.Si una ley no entra en vigencia para esa fecha, las parejas de personas del mismo sexo, automáticamente podrían registrar su relación con la misma solemnidad que las parejas heterosexuales a través del matrimonio.[58]​[59]​ En 2011 el economista y activista Óscar Ugarteche intentó, a través del consulado peruano en México, inscribir su matrimonio con el mexicano Fidel Aroche Reyes, unión celebrada en Ciudad de México en 2010 tras la aprobación del matrimonio igualitario en dicha entidad federativa,[60]​ pero el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se lo denegó argumentando que el artículo 234 del Código Civil establece que el matrimonio «es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella»,[19]​ con lo cual Ugarteche decidió demandar a dicho organismo en 2012.[63]​ En 2018, Ugarteche decidió entonces demandar al Estado peruano ante el Tribunal Constitucional (TC).)[64]​[65]​[66]​ Tras la negativa del TC, Ugarteche anunció que llevará su pretensión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.