La principal fuente de ingresos obtenidos por la Corona española residía en la explotación minera, actividad que experimentó expansiones constantes a medida que se iban extendiendo las fronteras de las posesiones españolas en América.A esto debe agregarse el desarrollo técnico que experimentó dicha actividad para el mejor aprovechamiento del mineral.Además se consideró a 12 consultores, mineros con experiencia a quienes pudiera pedirse dictamen en caso de necesidad, con un secretario encargado del personal del Tribunal.También conocían en materia criminal de los hurtos cometidos sobre metales en piedra oro, plata, plomo, herramientas y demás artículos pertenecientes a las minas, así como de otros crímenes, como las insubordinaciones, cometidos en las minas o beneficios.Las apelaciones procedían solamente en asuntos con un importe mayor a 400 pesos y respecto de sentencias definitivas que produjesen un daño irreparable.En cada provincia había además un Juzgado de Alzadas integrado por un juez, nombrado por el rey, y dos mineros.Para su funcionamiento se formó un fondo dotal con el impuesto cobrado a los mineros (“señoreaje”) y con el impuesto cobrado por la plata que entrara en la casa de moneda o se remitiera en pasta a España.El Tribunal, por su parte, hacía todas las diligencias judiciales y extrajudiciales convenientes al caso.En las ordenanzas quedó establecido que la dirección y el gobierno del Colegio estaría a cargo del director general de minería, quien estaba facultado para proponer al tribunal a maestros y empleados, así como hacer selección de alumnos, proponer materias y métodos o planes de estudio previa consulta al cuerpo docente.El "Establecimiento de Minería" al suceder al Tribunal novohispano, sin facultades jurisdiccionales, era esencialmente una oficina encargada del pago de los acreedores del fondo dotal.
José Gálvez. Visitador de España a la Nueva España.
El señorial patio principal del Palacio de Minería en la actualidad.
