El proyecto estuvo planteado como la segunda modificación a la constitución actual de 1999 desde la enmienda de 2009,[1] sin embargo, no se concretó; la Asamblea Nacional Constituyente alargó sus funciones hasta 2020, cuando fue disuelta sin proponer cambios constitucionales.
[2] La crisis institucional de Venezuela, iniciada el 2017 y zanjada en 2023,[6][7][8] son los hechos que la Asamblea Nacional venezolana[9] y la Fiscalía General para entonces[10] consideran una "ruptura del hilo constitucional"[11] en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro,[cita requerida] según la Sala Constitucional «hasta que persista la situación de desacato» del parlamento.
[12][13] La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional",[14] lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional.
[27][28] Sin embargo, países aliados del gobierno venezolano reconocieron los resultados, incluyendo a Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
[38][39] Maduro declaró en un discurso televisado que los cambios propuestos servirían para la construcción “de una paz verdadera”.