Proceso 8000
A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno posterior, cuando se investigó la campaña del presidente Samper.[2] Desde que inició su mandato tenía diferencias con los Estados Unidos porque en los años 80 había defendido la legalización de la marihuana y como presidente, prefería el Plan Colombia con sustitución social de cultivos y no uno donde prevaleciera la erradicación forzosa, impulsada por la fracasada guerra contra las drogas.Inmediatamente Samper escuchó las cintas, y le exigió al Fiscal Gustavo de Greiff iniciar la investigación .[3] La procedencia de las grabaciones sigue aún en duda, porque cuando Ernesto Samper recibió las cintas, estas ya habían sido editadas.Por eso, y para mayor certeza, el expresidente le solicitó a su contradictor Andrés Pastrana, que al ser los protagonistas de los hechos, exigieran a la Fiscalía General de la Nación que investigara.En los dos casos se demuestra de qué manera los dineros fueron criminalmente desviados en su propio beneficio[7].En el año 2021, Andrés Pastrana también asistió a la Comisión de la Verdad para dar sus aportes, sin embargo no dijo nada nuevo.Por eso, sin derecho a alguna defensa los columnistas y periodistas iniciaron su campaña por deslegitimar el gobierno de Samper, exigir su renuncia y navegar sobre opiniones propias, sin ética profesional alguna.El fiscal Valdivieso, sin embargo decidió llamarlo 8000, supuestamente por unos documentos que contenían pruebas en contra de Samper y que encontró en un allanamiento a los Rodríguez Orejuela: desde ese momento ante la opinión pública quedaron ambos casos como si fueran el mismo.Sin embargo, en 2017 el General y ex vicepresidente Óscar Naranjo publicó en su libro que esos documentos “donde habían supuestas pruebas y por el cual lo llamaron proceso 8000 no contenía nada que implicara a Ernesto Samper”, esto muestra que fue un elemento más de la conspiración judicial y mediática contra el exmandatario.En su momento, se abrieron las investigaciones y solo aparecieron vinculados parlamentarios liberales que estaban relacionados con la campaña de Ernesto Samper.En el Proceso 8.000 se estrenó la justicia negociada, que entonces no tenía rostro y basaba su eficacia en conseguir delaciones, realizar filtraciones de expedientes, validar acusaciones anónimas y destacar noticias fuera de contexto para producir un impacto mediático, político y jurídico, pasando por el debido proceso del acusado que empieza por la presunción de su inocencia.El caso del expresidente Samper es el pionero en América Latina de lo que hoy se conoce en el derecho angloamericano como lawfare y que consiste en la utilización de espacios y actores judiciales para entablar guerras jurídicas a fin de estigmatizar, desacreditar y condenar a personas importantes, generalmente líderes progresistas.