Verificados los escrutinios, estos demostraron que la votación se había repartido principalmente entre tres candidatos: Víctor Raúl Haya de la Torre (Partido Aprista Peruano), Fernando Belaúnde Terry (Acción Popular) y Manuel A. Odría (Unión Nacional Odriista).

Pero el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no aceptó esa transacción y dio al gobierno un ultimátum para que anulara las elecciones, arguyendo serias deficiencias en el proceso electoral orientadas al fraude, denunciadas por uno de los candidatos, Beláunde.

Fernando Belaúnde Terry, líder de Acción Popular (AP) ganó las elecciones aliado con la Democracia Cristiana (DC).

También la Democracia Cristiana era de reciente fundación y se caracterizaba por una doctrina reformista más radical postulada por su líder Héctor Cornejo Chávez.

En este contexto, se embarcó al país en grandes proyectos de obras públicas sin tener los recursos necesarios para financiarlos.

A medida que empeoraba la situación económica nacional, la posición de Belaúnde se volvía más precaria.

[9]​ Asimismo, la Coalición frenó el impulso reformador del gobierno, por lo que a la inestabilidad política se sumaría la económica y social.

Este dio una autorización de 60 días para que el Ejecutivo pudiera arreglar la situación con la International Petroleum Company (IPC), la cual tuvo apoyo aprista.

La Coalición APRA-UNO retuvo sus bastiones del norte, en tanto que la Alianza perdió algunos de sus bastiones del sur, tales como Arequipa, Cuzco y Puno, pero retuvo Lima, donde Luis Bedoya Reyes fue reelegido, esta vez en ajustada contienda con Jorge Grieve Madge.

Ciertos sectores de AP, dentro de los cuales se encontraba el propio Belaúnde, empezaban a buscar acuerdos con la oligarquía y el APRA, siendo la principal materia de discusión, los asuntos financieros y tributarios, los cuales generaban brechas insalvables, pero a veces los opositores se veían obligados a flexibilizar, para no ser mal vistos por la opinión pública y dañar su imagen para las elecciones siguientes.

Esa postura de acercamiento fue rechazada por otros sectores del partido gobiernista, liderados por el vicepresidente Edgardo Seoane.

La Coalición se justificó en que el gobierno no había tomado las medidas necesarias para evitar los disturbios ocurridos unos meses antes en el Cusco, donde la toma de tierras en una hacienda tuvo como resultado la muerte de siete campesinos y veintidós heridos.

[22]​ Fue una señal de lo que se avecinaba; el primer gabinete tan solo había durado cinco meses.

En ese lapso se dio la ley de reforma agraria, cuya aplicación marchó lenta por obra del apro-odriísmo desde el Congreso.

Fue entonces que Belaúnde, considerando necesario extender la base del gabinete, llamó al doctor Raúl Ferrero Rebagliati, político independiente.

En virtud a ello, el ministro Ulloa expidió en agosto de ese año un decreto supremo que reordenaba las finanzas.

[5]​ Se inició una vasta reforma tributaria, a fin de aplicar al contribuyente una carga racional y equitativa.

El apoyo de Estados Unidos se redujo por la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas socioeconómicos internos y la inclinación nacionalista con respecto a la IPC.

Asimismo se elevó la deuda externa, que para fines del régimen llegó a los 800 millones de soles.

Esta reforma afectaba principalmente a los latifundios abandonados, deficientemente cultivados o feudalizados en los departamentos de Pasco, Junín, Puno y los valles de Lares y La Convención, en el departamento del Cuzco, zonas que se habían visto convulsionadas por las movilizaciones campesinas.

Así, tuvo lugar un conflicto entre los campesinos, liderados por Hugo Blanco Galdós y las grandes familias propietarias locales.

Durante la segunda mitad del siglo XX esta condición preliminar cambió drásticamente, con especial énfasis en el periodo 1961-1972: la población total ascendió a 13.5 millones en 1972.

[44]​ El sector agrario se encontraba tan debilitado que hasta los mismos hacendados empezaron a abandonar sus terrenos.

Al regresar a Perú fue elegido por su partido para dirigir el movimiento guerrillero de Mesa Pelada (La Convención, Cuzco).

El gobierno dinamizó sus relaciones con diversos países a fin de lograr una mayor vinculación política, económica y cultural.

Al asumir la presidencia Belaúnde ofreció resolver el problema de La Brea y Pariñas en 90 días.

Sin embargo, la opinión pública cambió cuando un sector de la prensa (la revista Oiga) dio a conocer las condiciones que había impuesto la IPC para la firma del Acta.

El gran escándalo que se armó en los medios ocasionó una crisis muy grande dentro del Gobierno, lo cual fue utilizado políticamente por la oposición.

Sin embargo, conforme los proyectos reformistas de Belaúnde eran frenados por la coalición APRA-UNO desde el Congreso, las Fuerzas Armadas empezaron a impacientarse.

Por el contrario, los militares no veían con buenos ojos la alianza del APRA con la oligarquía, y la obstrucción a las reformas de Belaúnde.