Política energética
La política energética es la manera en que una determinada entidad (generalmente un gobierno nacional o subnacional) decide conducir la producción, distribución y consumo de energía.
Una economía que funcione no solo requiere capital y trabajo, sino también energía para las actividades de fabricación, transporte, comunicación, agricultura, salud, vivienda o educación.
[2] El acceso a la energía también es crítico para necesidades sociales básicas, como iluminación, calefacción, cocina y cuidado de la salud.
De hecho, hay ciertas actividades vitales para la política energética que no pueden gestionarse de forma realista a escala nacional, como vigilar que se cumple la normativa de eficiencia energética cuando se construye un edificio, lo cual normalmente es controlado por organismos subnacionales o municipales (aunque la normativa tenga alcance nacional).
[9] Por otra parte la política energética puede influir decisivamente en la política exterior, cuando un país es pobre en recursos energéticos y necesita asegurarse el suministro (caso por ejemplo de China), o al revés, cuando es muy rico, y busca asegurarse mercados o influir sobre otros países a través de un suministro energético barato (diplomacia petrolera).
[11][12] Las compañías Petrobras y Eletrobrás, propiedad del Estado, son los principales actores en el sector energético de Brasil.
Su aprovechamiento genera tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias (la división territorial canadiense, que en EE.
El aprovechamiento de las arenas bituminosas para extraer petróleo y exportarlo a EE.
UU. gira en torno a la rápidamente creciente producción nacional de petróleo y gas natural.
Tras el desastre de Fukushima el Gobierno decidió abandonar gradualmente la energía nuclear,[17] lo que se completaría en 2022.
[23] China mantiene relaciones militares tensas con algunos vecinos, y un eventual conflicto armado podría alterar estos tráficos.
La desaparecida Unión Soviética fue el mayor productor energético del mundo hasta finales de la década 1980-1990.
Estas políticas han sido consistentes desde la década 1990-2000, a pesar de varios cambios en gobiernos.
[1] Con los rápidos cambios de las situaciones mundial y nacional, esta política se actualizó en 2004.
