Estos cambios reflejan una evolución en el lenguaje utilizado y promovido desde el movimiento, pero también transformaciones en su forma jurídica.
Un tiempo después se prefirió el término retrasados, más tarde deficientes mentales, luego personas con discapacidad mental hasta la actual terminología más utilizada, que es la de personas con discapacidad intelectual.
Tras unos años, se habían creado asociaciones en otras zonas: Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa, Cataluña, Madrid, Málaga, Sevilla...
En unas jornadas celebradas en Madrid, se detectó la necesidad de tener una única voz para coordinar el discurso para negociar con los poderes públicos.
Sobre la década de los 90, el movimiento comenzó un proceso similar al vivido en otras organizaciones del sector: la profesionalización, por un lado, y la creación de estructuras regionales para articular el diálogo con los gobiernos autonómicos.