Además, intenta generar una propuesta amplia e integradora donde los diferentes actores del desarrollo sean capaces de converger y participar en armonía y actuar de una forma responsable en sus respectivos espacios por el bienestar público.
Todo lo expuesto anteriormente ha creado serios problemas urbanos y de vivienda que han comenzado a producir situaciones críticas que ponen en cuestión el papel esencial de Santiago en el desarrollo del país.
Este Plan, válido desde noviembre de 1994, plantea un tratamiento unitario para los problemas territoriales, que van más allá del campo comunal e intenta generar una propuesta amplia e integral, donde los diferentes actores puedan converger y participar en armonía y ocuparse responsablemente de sus respectivos espacios en función del bienestar público.
Además, este territorio tiene unas peculiaridades como medio natural que limitan el uso del suelo para actividades urbanas o rurales.
Por el contrario, la expansión indiscriminada ha producido nocivas caracterizaciones de las áreas, los vecindarios, los barrios y las comunas, que devalúan el suelo, desplazan las inversiones y, este quizás sea el aspecto más serio, que se crean arquetipos negativos sobre sus habitantes.
Tal sistema tiene en cuenta los parques, las plazas públicas, y los centros deportivos para los cuales se han integrado áreas de conservación del entorno natural y también aquellas con unos alrededores de valor natural.
Además explicaron, que la expansión del radio urbano podría favorecer a grandes proyectos inmobiliarios y no necesariamente beneficiar la construcción de viviendas sociales.
Las ocho comunas integradas en este proyecto son Renca, Cerro Navia, La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Pudahuel, Maipú y San Bernardo y según el intendente de la Región Metropolitana en ese momento, Fernando Echeverría, el propósito del instrumento es hacer frente a la demanda por viviendas, vialidad, áreas verdes y servicios que tendrá la ciudad a futuro.
Los puntos más discutidos sobre el plan, van en la línea de las exigencias que requiere cualquier proyecto inmobiliario para instalarse en la extensión territorial.
Tales son, que se destinará un 8 % del nuevo suelo a la edificación de viviendas sociales y un 25 % para áreas verdes.
Sin embargo otras visiones destacan que las nuevas urbanizaciones ocuparán espacios que hoy tienen cultivos agrícolas, pastizales, matorrales; esta cubierta vegetal será reemplazada por vialidad y viviendas, desapareciendo con ello los servicios ambientales que presta la vegetación principalmente la infiltración de aguas lluvia y regulación térmica.