Hacia fines del siglo XIX, las primeras respuestas a la precaria situación de la población obrera se pudieron observar en la Ley de Habitaciones Obreras del año 1906, pionera en el ámbito latinoamericano, que marcó el inicio de las labores directas por parte del sector público en la formulación y puesta en marcha de las políticas habitacionales.
En la década de 1940 la población de Santiago sufrió un explosivo aumento, básicamente por la migración campo-ciudad, por lo que surgieron los primeros campamentos que hicieron evidente el problema del déficit habitacional.
En ese período nacieron los términos «población callampa», «periferia» y «villas».
Por esa razón desde mediados de la década de 1990 se comenzó a construir más hospitales, colegios, parques y polos comerciales en alianzas entre el sector público y privado.
Debido a esto último, se potenció la política del subsidio habitacional para repoblar en altura áreas aledañas al centro aprovechando la infraestructura existente.