[2] En 1979 se creó la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca y en 1999, bajo el primer gobierno de José María Aznar, se transformó en el Archivo General de la Guerra Civil.[3] Entre los miembros fundadores había particulares que, como Teresa Rovira, querían recuperar los archivos y bibliotecas familiares, requisados a sus parientes.[5] En el año 2000 el Patronato del Archivo de la Guerra Civil Española, creado el año anterior, decide constituir una comisión técnica que estudie la posibilidad de dejar en depósito algunos documentos del Archivo en Cataluña.[7] Los diputados del Partido Popular votaron en contra y su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, lamentó que «la primera ley cultural que aprueba este Gobierno sea para deshacer un archivo nacional» y que se haya aprobado «por presiones políticas de ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds [sus socios de gobierno en Cataluña], y sin contar con los informes de los técnicos».Y cuando ya parecía irremediable [después de aprobada la ley], se valló la calle para impedir la salida de los documentos (un portavoz municipal anunció que llegarían al borde del abismo, sin caer en el precipicio)".Muchos manifestantes portaban cartulinas con la bandera española sobre la que se había escrito «ESPAÑA Y ARCHIVO = UNIDAD».A pesar de ello algunos manifestantes profirieron insultos contra los funcionarios del archivo que empujaban las carretillas.En aquellos momentos se esperaba la llegada de otros 85.000 documentos más junto con publicaciones periódicas y objetos varios como sellos o banderas.[1] En su recurso, la Junta argumentaba que el archivo «se ve seriamente mutilado convirtiéndose en un archivo parcial o un almacén parcial de restos documentales» y que suponía «una expoliación al suponer la perturbación del cumplimiento de la función social que a los fondos y al Archivo General de la Guerra Civil les corresponde».En la sentencia se refuta expresamente la tesis del "expolio" sostenida por las instituciones castellano-leonesas gobernadas por el Partido Popular:[1]Cuando se conoció la sentencia el alcalde de Salamanca Alfonso Fernando Fernández Mañueco dijo que acataba la sentencia aunque añadió que los documentos trasladados a Cataluña «no cumplen los requisitos establecidos en la propia ley para su devolución».
Pancarta reclamando el retorno de los "Papeles de Salamanca" en un acto del 11 de septiembre de 2004, en Barcelona.
