[8] Durante ese tiempo, los toques de queda nocturnos estuvieron vigentes entre las 20ː00 y las 06ː00, y se prohibieron las grandes reuniones en las instalaciones públicas, mientras que las ceremonias funerarias se limitaron a un total de 10 personas en el interior y 20 personas al aire libre, con un oficial autorizado presente.
[15][16] El 5 de noviembre, el director ejecutivo del Ministerio de Salud, Siale ʻAkau’ola, informó que el paciente cero había resultado un "positivo débil" en una tercera prueba.
Los dos trabajadores y sus respectivas familias fueron aisladas en una base militar, mientras que el gobierno anunciaba un confinamiento desde las 18ː00 del día 2.
[26] El 6 de febrero se detectaron dos casos nuevos de la enfermedad, por lo que el confinamiento fue extendido por 14 días para Tongatapu y Vava'u, mientras que en 'Eua, Ha'apai y Niuas fue levantado.
[29] El primer ministro, Siaosi Sovaleni anunció un subsidio a Tonga Power Ltd.
[33] Las autoridades anunciaron que se registraron 5 casos en la prisión de Hu'atolitoli.
[33] El jueves 17, se anunció que en el país había 195 casos activos; entre los nuevos casos se encontraban funcionarios y reclusos de la prisión de Hu'atolitoli y 25 personas repatriadas.
[35] El sábado 19 de febrero el gobierno anunció un relajamiento de las restricciones, lo cual significó que tiendas minoristas y otros negocios pudieron abrir entre las 06:00 y las 18ː00, así como locales gastronómicos que sirvan únicamente comida para llevar.
[38] El viernes 11 el gobierno anunció que el miércoles 16 se retomarían las clases presenciales para los alumnos de sixth form.
[39] Según el protocolo de las autoridades sanitarias solo docentes vacunados con dos dosis podrían dictar clases.
[48][49] El lunes 4 de abril las instituciones educativas y oficinas públicas fueron cerradas, tras detectarse transmisión comunitaria del virus.
Un día más tarde, el 5 de abril la isla comenzó un confinamiento, con las mismas restricciones que Tongatapu y Vava'u, solo siendo posible salir del hogar para acceder a asistencia médica, a vacunación contra el COVID-19, a instituciones financieras y para comprar o suministrar bienes esenciales.