[2] En total, quince personas murieron fusiladas sin que hubiera forma de probar lo contrario, pues en menos de un mes desde su captura, los tribunales con jueces anónimos —sin rostro y sin registro— los sentenciaron a muerte y nunca fueron públicos los argumentos en que se basaba su fallo.Tras conferenciar con los jueces en el Palacio, los magistrados de la CSJ encontraron sólo pequeños errores, y en consecuencia los sentenciados serían fusilados.Lo que más se recuerda de aquellos fusilamientos fue que el hecho ocurrió apneas unos días antes de la visita del papa Juan Pablo II, quien había pedido indulgencia para los condenados.[2] Una semana después, el general Mejía Víctores anunció nuevos fusilamientos y otras penas severas.[4] La nueva asamblea constituyente sería el congreso interino, en lo que se convocaría a elecciones generales, que los estadounidenses consideraban sería en cuestión de tres años después del derrocamiento de Ríos Montt.Pero todo lo sentenciado por los jueces secretos, según decía la ley, debía quedar resuelto en menos de un mes y como ya no hay fusilamientos los procedimientos legales se enredaron.[Nota 7] Finalmente, en julio de 1984, Mejía Víctores decretó el indulto total mediante el decreto-ley 74-84.[2] Mejía Víctores se apoyó en un Estatuto Fundamental de Gobierno (Decreto Ley 11-86) redactado por el abogado Manuel de Jesús Girón Tánchez y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.Y mientras la asamblea delibera sobre una nueva Constitución, el Gobierno dio marcha al plan de “Reasentamiento militarizado de la población desplazada” y se implementó un proyecto militar para la transición.La contrainsurgencia había militarizado a la sociedad guatemalteca, creando una atmósfera de terror que suprimió las protestas populares y la insurgencia en sí.[7] En 1983, la activista indígena Rigoberta Menchú publicó internacionalmente sus memorias durante el período de Lucas García y Ríos Montt en su libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, el cual atrajo muchísima atención internacional a la situación que se vivía en Guatemala.[Nota 8] Sus memorias hicieron públicas las prácticas de terrorismo institucional en Guatemala.[8] En un reporte para las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos para Guatemala, reportó setecientas trece ejecuciones extrajudiciales y quinientas seis desapariciones en Guatemala entre enero y septiembre de 1984.Los grupos insusrgentes no secuestran normalmente como parte de sus actividades subversivas.En ese proceso, el gobierno capturó secretamente a cientos de individuos quienes desaparecieron sin dejar rastro, o que si lo hicieron, fue cuando se encontró su cadáver torturado y mutilado.Los cuerpos de los prisioneros que fallecían o que habían sido señalados para su desaparición eran llevados en aviones IAI Arava y lanzados sobre el Océano Pacífico en los llamados «vuelos de la muerte».[10] Mejía Víctores puso en marcha los planes de campaña “Reencuentro Institucional 84” y “Estabilidad Nacional 85”, con fuerte énfasis político para orientar la transición, pero continúa con el hostigamiento y eliminación selectiva de algunos dirigentes populares, entre ellos el catedrático universitario Santiago López Aguilar.Los disturbios se iniciaron con manifestaciones populares contra el alza del precio del transporte público pero luego se generalizaron contra la situación económica que vivía el país en ese momento.El gobierno respondió con tres mil soldados del Ejército, apoyados por blindados ligeros, y con fuerzas del pelotón antimotines de la Policía Nacional, quienes fueron desplegados en áreas céntricas y periféricas de la ciudad.[11] Varios centenares de personas fueron detenidas y el general Mejía Víctores se dirigió al país mediante una alocución radiotelevisada en la que anunció medidas para atajar la agitación social reinante.Pero los maestros continuaban en huelga; para disolver el movimiento ya que había paliado la situación con los estudiantes, Mejía Víctores ofreció Q50 de aumento, que el magisterio inicialmente rechazó, pidiendo que dicha cantidad fuera sumada a la base y no a la bonificación, lo cual enfureció a Mejía Víctores y a la entonces ministra de Educación, Aracely Samayoa de Pineda, quien mostraba pasividad ante el movimiento.[12] El Magisterio se mostró indignado ante la disposición del jefe de Estado, pero tuvo que aceptar la promoción por decreto y retornar a sus bases prácticamente con las manos vacías.
