Detenida injustamente por dos años al ser acusada por organismos del estado de socorrer a Augusto Lara Sánchez, guerrillero del Movimiento 19 de abril en 1979, tras ser liberada en 1981, fue luego obligada a exiliarse fuera de Colombia por persecuciones llevadas a cabo por agentes del estado.
La protesta se extendió a varios sectores del país, incluyendo personalidades de los dos partidos, senadores, representantes a la Cámara, exministros, la Iglesia, todas las centrales sindicales y periódicos como El Espectador, entre otros.
Luego fue trasladada a la Cárcel del Buen Pastor, donde permaneció hasta el 13 de enero de 1981, fecha en la que fue liberada por haber sido absuelta del delito que se le imputó.
Dos meses después de haber sido liberada, las fuerzas militares allanaron la casa de su padre, donde ella y su hija residían, circunstancia que la obligó a abandonar el país y someterse a tratamiento psiquiátrico.
[1][6][7] Se establecen como responsables por este crimen al presidente Julio César Turbay, al ministro de defensa general Luis Carlos Camacho Leyva, al General Miguel Vega Uribe director de la BIM, al procurador Guillermo González Charry, el capitán Leopoldo Hincapié Segrera y a los ejecutores de estas torturas.