No se trata de buscar cómo hacer para que los ciudadanos obedezcan efectivamente las leyes, sino de buscar una forma política tal y una formación básica tal, que los ciudadanos sientan que no tienen derecho a no acatar las leyes porque se sienten moralmente obligados a ello.
Cada vez con más frecuencia, economistas, ingenieros industriales e ingenieros de sistemas, y especialistas con distintas orientaciones de las llamadas "ciencias duras", incursionan en estas temáticas antes casi exclusivamente reservadas a filósofos, humanistas, políticos, y especialistas en ciencias jurídicas (jueces, abogados, notarios, etc.).
Con toda evidencia, nuestra sociedad sufre actualmente una serie de problemáticas[7] vinculadas con la corrupción, con la especulación, con los egoísmos nacionales, con el manejo del medio ambiente, y a pesar de los esfuerzos que se realizan en cuanto a esos asuntos, tanto desde los organismos internacionales como desde las organizaciones no gubernamentales y desde los movimientos sociales, los avances que se van obteniendo parecen ser mínimos y de muy escasos resultados inmediatos.
La calificación de obreros y empleados por cierto es importante, pero la seguridad industrial no debe recaer principalmente allí.
Un país o el mundo todo debe dar lo mejor de sí para asegurar la felicidad y el bienestar de la población concernida, tratando de conseguir justicia y equidad social en todos los aspectos y en todos los lugares, pero estos loables objetivos no deberían intentar alcanzarse basándose principalmente en la educación de los ciudadanos y/o en la eficiencia e importancia del sistema punitivo o disuasorio que pudiera establecerse.