Para facilitar la operación, Gas Natural contó con un préstamo, por una cantidad equivalente, del grupo de bancos Société Générale, UBS Investment Bank y La Caixa.
Mientras que desde la oposición se asoció esta aprobación con la buena relación entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y La Caixa, máxima accionista de Gas Natural, dicha asociación fue negada por el gobierno.
Por otro lado, sectores políticamente opuestos al PP criticaron su postura, arguyendo que estas prácticas de condonación de deudas se produjeron con todos los partidos del hemiciclo, y vinculando el rechazo del PP al origen catalán de Gas Natural.
[3] En febrero de 2006, la eléctrica alemana E.ON se incorporaba a la pugna como caballero blanco y realizaba una contra-OPA sobre Endesa, mejorando la anterior oferta en un 30% y ofreciendo 27,5 euros por acción.
[4] La directiva presidida por Manuel Pizarro rechazó ambas ofertas y apostó por su propio proyecto.
Así, el político catalán Carod Rovira llegó a calificarlo de "catalanofobia empresarial".
La privatización en los países subdesarrollados tiende a provocar que las empresas sean compradas por multinacionales extranjeras, de forma que a bajo costo (pues la mano de obra es más barata) recogen los mismos beneficios, los cuales no se reinvierten en dicho país productor sino que la multinacional los invierte en su propio país o bien en comprar otras empresas en otros países, continuando así la cadena.
[9] Desde el gobierno, sin embargo, se afirmó que las competencias dadas no eran mayores que las que tenían aún muchos países europeos, cuyas políticas energéticas estaban fuertemente blindadas como Francia o la propia Alemania (E. ON no podría ser comprada, por ejemplo, por una empresa española) y que, por tanto, se trataría de equiparar la capacidad de intervención de España para defender sus intereses energéticos al nivel del resto de países de la Unión.
España rápidamente respondió de mano del ministro de economía, primero con la contradicción entre la ley energética comunitaria, que permite a los países aducir razones de estrategia nacional para poner condiciones a una operación en el sector, pero que en la práctica no acepta ningún margen "razonable"[8] y segundo, que esta decisión sentaría precedente, puesto que mientras España y Reino Unido tienen un sector energético más o menos libre, en Francia y Alemania esta fuertemente protegido (de hecho, en Francia gran parte del capital energético era entonces propiedad del Estado).