Se desempeñó como Juez de Paz en diversos destinos en el interior del país y en Montevideo.

Desde 1962 fue Juez Letrado en lo Civil en la capital del país.

Ocupó la presidencia de la Corte en dos ocasiones, durante los años 1985 y 1990 respectivamente.

Durante su periodo en el cargo le correspondió fallar sobre uno de los temas más divisivos de la historia reciente en el Uruguay, la Ley de Caducidad, a cuya constitucionalidad se opuso.

A fines de 2009 fue distinguido con el Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, compartido con otros dos juristas latinoamericanos.