Estos negociantes estaban generalmente encuadrados entre los potentados de la sociedad romana, incluyéndose su grupo social entre los honestiores o clase alta de Roma (junto a senadores, caballeros, decuriones, grandes propietarios y jerarquía eclesiástica, tras la aceptación del cristianismo como religión oficial del Imperio.)
Habitualmente se agrupaban en corporaciones[1] o collegia, cuya pertenencia al comienzo del Bajo Imperio era voluntaria, pero que más adelante se convirtió en obligatoria.
Esto fue así por las asignaciones que el Estado encargaba a los navicularii y por el deseo de control del poder central.
Por ello, las autoridades imperiales trataron de regular y someter a los navicularii a los intereses del Estado, legislando sobre las obligaciones y derechos de estos comerciantes.
Y esto no solo por la prioridad dada a Roma, sino por el abuso que algunas fuentes confirman que cometían los navicularii, relacionados con la inclusión de comerciantes entre sus filas, para evitar el pago de ciertos impuestos, el retraso intencionado de los barcos para presionar sobre los precios o el negocio ilegal con mercancías del Estado romano.