Este periodo estuvo influenciado por la filosofía krausista que, durante toda la Restauración (1874-1931), contribuyó a las políticas sociales.[9][nota 2] Retomando sus antiguos planes, en su tercer gobierno Dato impulsó la fundación de un nuevo departamento, Trabajo, que aglutinó todos aquellos órganos y organismos relacionados con la «cuestión social» ya mencionados anteriormente, así como competencias del recién desaparecido Ministerio de Abastecimientos (1918-1920).[16] Por otra parte, se impulsó la formación profesional para acabar con lo que Primo de Rivera describió como «analfabetismo técnico», creando el Estatuto de Enseñanza Industrial y una Escuela Social para este asunto.Durante los ocho años de república, el departamento cambió de denominación en otras tantas ocasiones, siendo fusionado con Justicia y Sanidad en varias oportunidades.Siendo ministro Francisco Largo Caballero, se realizó una importante labor legislativa a base de decretos, que en su mayoría fueron ratificados por las Cortes republicanas posteriormente.[20] Durante la guerra civil, los asuntos laborales se dividen en dos, desarrollados paralelamente en cada bando del conflicto.[18] Bajo la dictadura de Francisco Franco se llevó a cabo una importante labor intervencionista del mundo laboral y obrero, con el objetivo de controlar lo que quedara del movimiento obrero.[25] El departamento convivió durante el franquismo con la Organización Sindical Española (OSE), organismo que Girón de Velasco consideraba complementario al Ministerio de Trabajo.Este plan, que fue casi improvisado[27] y con la ayuda del Ejército (gracias a su amplia distribución geográfica),[28] a juicio de la OCDE obtuvo «una serie de resultados que nadie esperaba y que permiten hoy establecer una doctrina coherente nacida de esta rica experiencia».Tras la restauración democrática, las competencias en materia de Seguridad Social pasaron en 1977 al recién restablecido Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, aunque las recuperó cuatro años más tarde.Durante los años que estuvo en Sanidad, se transformó por completo el entramado institucional de la Seguridad Social; las entidades gestoras del franquismo fueron suprimidas y se crearon otras nuevas, a saber: el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales.Entre ellos, el artículo 35.1 dice que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».[32] Desde entonces, esta ley ha sido reformada en profundidad en dos ocasiones, 1995[33] y 2015,[34] siendo en ambos casos refundiciones legales para recoger los cambios menores que a lo largo de los años se han ido produciendo en la normativa laboral.[38] En 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales asume las competencias en materia de inmigración que hasta el momento residían en el Ministerio del Interior.[40][41] Durante este periodo, se empezaron a notar los principales efectos de la crisis económica que derivaron en importantes reformas como la reforma laboral de 2010, extendió el «contrato de fomento del empleo» con una indemnización de 33 días (lo que supuso un abaratamiento del despido respecto del contrato normal que tenía 45 días), estableció la posibilidad de despedir con menor indemnización en casos objetivos de problemas económicos, mayor control a los desempleados, se sancionó más duramente el absentismo laboral, se aumentó la indemnización a los contratos laborales, para desincentivar su uso, y se aumentaron las bonificaciones a las empresas por nuevas contrataciones, entre otras medidas.[44] Este Gobierno, que desde la oposición había criticado la ineficacia de la reforma laboral para alcanzar el objetivo de fomentar empleo,[45] anunció que llevaría a cabo una nueva reforma.[55] En 2022 el gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobó una nueva forma laboral, la tercera en doce años.Además de esta, posee oficinas en los alrededores del complejo que albergan algunos órganos directivos y cada uno de sus organismos autónomos (salvo la ITSS) tienen sedes individuales.Este edificio, construido en la segunda década del siglo xx, se levanta sobre el solar que dejó el Teatro Lírico, que fue devastado por un incendio en 1920.[68] A los pocos años, en 1926, el Consejo de Ministros autorizó al ministro de Trabajo, Comercio e Industria, Eduardo Aunós, a realizar un concurso público para adquirir un inmueble en la capital que sirviera como sede central ministerial.Para el actual ejercicio, este organismo tiene un presupuesto superior a los 28 000 millones.
