Minería en Argentina
[1] La minería ha sido una actividad tradicionalmente poco importante en Argentina (en comparación con países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Australia, Chile y Perú, ejemplos significativos en los cuales la minería tiene gran influencia en sus economías), pero hacia finales del siglo XX el sector de la minería metalífera a gran escala empezó a experimentar un fuerte desarrollo, luego de que la Nación y las provincias firmaran un acuerdo federal minero y un conjunto de leyes que impulsaron la actividad; esas normas generaron las condiciones de promoción y estabilidad que demandan las actividades intensivas en capital.
[25] Sin embargo, existe escasa evidencia de que los europeos practicaran la minería en la etapa colonial temprana.
Sin embargo la relativa abundancia del recurso facilitaba la exploración y la detección de los elementos buscados.
[28][29] Disuelta en América la Compañía de Jesús en el año 1773 y dispersados sus miembros, las explotaciones del Famatina quedan abandonadas.
Poco tiempo después, Rivadavia asume la presidencia del directorio de esa empresa en Buenos Aires.
Las explotaciones mineras que formaban parte del acuerdo estaban en Mendoza, San Juan, Salta y La Rioja, siendo esta última la de mayor interés.
En la cima del cerro Bayo hay evidencias de trabajos mineros, así como en otros puntos hacia el sur, hasta Punta Balasto, tal como Fuerte Quemado, por ejemplo, donde se explotaron aluviones auríferos en 1853.
[46] Los principales productos minerales sólidos (sin contar las enormes reservas subterráneas de gas natural e hidrocarburos) exportados por Argentina son el oro y el cobre.
Un ejemplo típico son las explotaciones dedicadas a la obtención de sal en salinas o salares, que prácticamente se desarrollan como una «cosecha» del mineral que se encuentra a ras del suelo.
[55]Dicha creciente relevancia también se plasmó en el plano del empleo formal privado, que más que se duplicó entre 2001 y 2019, al haber pasado de 10 200 puestos de trabajo formales privados directos a 24 500, en números aproximados.
[59] Esta situación no se produjo en las provincias que mayor desarrollo minero tuvieron durante las últimas décadas.
Parecería haber una leve correlación entre el desarrollo minero y el mayor aumento poblacional, por lo menos en las provincias del cuadro.
Por debajo del promedio se encuentra como caso resonante el de los Estados Unidos, con un 1 %.
Por ejemplo, en el caso de un eventual proyecto en Famatina, La Rioja, el mismo puede utilizar el agua del río Amarillo, que presenta un flujo de agua que no es apto ni para el consumo humano, ni para uso agrícola.
En términos generales la actividad no hace uso intensivo del agua (en comparación con otras industrias o con el sector agropecuario).
[62]Sin embargo, estos sectores no pueden negar que las enormes modificaciones topográficas y paisajísticas son resultados inevitables.
Altos niveles sostenidos del mismo en el tiempo se asocian a problemas con las glándulas tiroides.
Del total, el 6 % es destinado a producir la forma de cianuro necesaria para que se pueda utilizar en la industria minera.
A nivel ambiental, no hay mayores fatalidades registradas por exposición al cianuro desde el año 1975.
[97] Desde el punto de vista del análisis formal, los sectores empresarios relacionados con la megaminería producen un discurso homogéneo y ordenado, profesionalmente construido, caracterizado por la constante reiteración de conceptos vinculados al desarrollo, la riqueza y el crecimiento.
Este tipo de mensaje resulta fácilmente desarticulable con las herramientas discursivas académicas manejadas desde los sectores que promueven la megaminería.
[106] La utilización del agua y su posible contaminación es un tema especialmente sensible, ya que en Argentina las mayores explotaciones actuales de megaminería están ubicadas en regiones áridas, donde existe una cultura histórica de cuidado y preservación del recurso hídrico.
En primer término están afectadas las áreas donde se desarrolla efectivamente la extracción y que son el objeto específico de la concesión.
Estas superficies no pueden ser mayores a 200 000 hectáreas por propietario y por provincia.
Las informaciones sobre la posible aplicación de retenciones extra a la minería movilizaron al poderoso lobby del sector, que buscó por todos los medios impedir un avance en tal sentido.
A nivel nacional la Secretaría de Minería, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, está a cargo del análisis, diseño, evaluación y ejecución de la política pública aplicable a la actividad minera en todo el territorio nacional, esto requiere el la interacción política, técnica y burocrática con las provincias, los municipios y las comunidades en su conjunto.
La coordinación con las provincias se efectúa a través del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), integrado por las mencionadas y el Estado Nacional.
Un caso ejemplo para mencionar es el proyecto ubicado en la provincia de Santa Cruz, Cerro Vanguardia.
Aun así, el dominio o derecho de propiedad no excluye el ejercicio de la jurisdicción nacional mediante leyes que regulen las explotaciones mineras, punto a favor para tener un orden federal en este sector productivo.
La Constitución Nacional Argentina establece que todo habitante goza del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, teniendo el deber de preservarlo (ART.41).
