Megacanje
El Megacanje sucedió en el contexto de la crisis económica argentina que se extendió entre 1998 y 2002.
Como compensación por dicha postergación, los intereses de la deuda fueron aumentados al 7 % anual.
[cita requerida] En octubre de 2000, se produce la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez.
El Blindaje tenía como principales condiciones por parte del FMI: A cambio de gestionar los nuevos créditos, el FMI no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que también condicionaba al Parlamento.
Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por el FMI habían sido instrumentadas por decreto.
En ese contexto se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy.
El propio ministro López Murphy se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su puesto.
Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades, aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras.
La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque esta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados.
Domingo Cavallo junto al presidente Fernando De La Rua firmaron el Decreto 648/01 que habilitó la operación del megacanje.
Luego del Megacanje, ese valor se incrementaría en un 63 % y llegaría a los 98 400 millones de dólares.
[7] Domingo Cavallo logró convencer a varios gobernadores justicialistas, para aquel entonces el presidente no contaba con el aval de la Alianza en el Congreso ya que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.
Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13 % que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socioeconómica que vivía el país.
Para frenar esta nueva salida de depósitos no existía otra alternativa que concluir exitosamente la reestructuración integral de la Deuda Pública Nacional y Provincial, en el más breve plazo posible.
En este contexto, se inició una nueva negociación con el FMI para lograr los desembolsos pendientes del "blindaje" y los 3000 millones de dólares que habían sido aprobados en agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la deuda.
[cita requerida]En particular, el acuerdo se basó en el rescate de títulos por 28 144 millones de dólares, entregándose nuevos títulos por 30 401 millones, con vencimientos a mayor plazo.
[cita requerida] Sin embargo, la crisis del 2001 frenó la discusión en la Cámara de Diputados, y tras la renuncia del presidente Fernando de la Rúa el país entró en una crisis institucional que impidió que el proceso continuara.
Sin embargo, ese canje iba a tener un costo exorbitante e implicaría seguir incrementando la deuda externa.
La propuesta provenía de un banquero: David Mulford, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston.
Ramos los procesó, sin prisión preventiva, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que, los exfuncionarios se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en este caso, los bancos.
