Al igual que el sistema de quintas del Ejército, fue objeto de un continuado y radical rechazo por parte de las clases populares, que eran quienes la sufrían, dando lugar a algaradas y motines, hasta que la Asamblea Nacional de la Primera República española la suprimió.
[1][2] Desde 1748 fue un requisito imprescindible para poder ejercer algún oficio relacionado con el mar por lo que no había voluntariedad.
[1] El primer intento fue obra del ministro José Patiño que en 1726 intentó extender a toda España el reglamento que la Diputación de Guipúzcoa había aprobado ocho años antes y que limitaba «el ejercicio de los oficios del mar a los inscritos en los libros de la cofradía de mareantes».
[1] Entre los «matriculados» se escogían, por turno, los tripulantes de los navíos de guerra que debían prestar servicio durante seis años ―quedando sometidos a la jurisdicción militar de la Armada―, tras los cuales eran licenciados.
[2] Pero, como ha destacado José Cepeda Gómez, «esta teoría distaba de la dura realidad: ni se respetaban los turnos, ni se licenciaba a su tiempo a los embarcados, eran mal tratados en los buques, los agentes de la matrícula de mar eran venales e injustos como los reclutadores de soldados para los reales ejércitos y nadie se cuidaba de ayudar al pobre marinero una vez licenciado tras años de servicio al rey».