Ley de protección de glaciares

[2]​ El Gobierno nacional firmó un convenio con el CONICET para la realización del inventario de glaciares y se convocó al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), unidad del CONICET con sede en Mendoza.

[6]​ En el artículo 15.º -“Disposiciones Transitorias”- se establece que en un plazo no mayor a ciento ochenta días deberá realizarse el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, sobre aquellas zonas en las cuales se estén desarrollando actividades prohibidas expresamente en artículo 6° de la ley 26.639.

En 2008 el diputado Miguel Bonasso, en aquel entonces perteneciente al partido oficialista del Frente para la Victoria, impulsó la ley 26.418 de protección a los glaciares que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados (136 votos afirmativos, 3 abstenciones y 121 ausencias).

[6]​ Recién en marzo de 2011 la reglamentó el poder ejecutivo nacional publicándola en el boletín oficial.

El Gobierno nacional firmó entonces un convenio con el CONICET para la realización del inventario de glaciares y se convocó al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), unidad del CONICET con sede en Mendoza.

Además ordenó que se realizara un inventario de los glaciares y las áreas de periglaciares y una auditoría sobre la actividad industrial que realiza la minera Barrick Gold para determinar si su labor industrial afecta alguna zona protegida.

[4]​ Como el proyecto del diputado Miguel Bonasso fue vetado por el Poder Ejecutivo, el Senador Nacional Daniel Filmus, oficialista, lo volvió a presentar con cambios que no fueron del agrado de los que habían presentado el primer proyecto.

Son 11 provincias argentinas y casi 4 mil kilómetros de Cordillera donde hay que ir a buscar glaciares.

Además afirmó que se estaba liberando a las provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus fronteras, dejando así, según Martínez, a Luis Beder Herrera (gobernador de la La Rioja) y a José Luis Gioja (gobernador de la San Juan), "que son los mismos gobernadores que dicen que no hay glaciares.

O a Lucía Corpacci, que fue quien realizó represiones por pedido de la Minera Alumbrera".

Miguel Bonasso , impulsor de la ley vetada.
Cristina Fernández vetó la ley dictada por Bonasso.
Daniel Filmus realizó cambios en la ley para poder obtener mayor apoyo.