La ley instituyó además que la unidad básica de los sindicatos fuera la comuna, y no el predio como era anteriormente, y el número mínimo de afiliados fue fijado en 100.
A su vez, los sindicatos comunales tenían la libertad para formar parte de Federaciones Provinciales, y éstas a su vez de conformar Confederaciones Nacionales.
Junto con normalizar la práctica sindical campesina, esta legislación establecía que cada afiliado debía donar el 2 % de su sueldo al sindicato de base.
Por otra parte, el patrón cancelaba otro 2% por afiliado a las instancias de regulación del trabajo, las que repartían la mitad de dicho monto al fomento de la educación y extensión sindical, y la otra mitad a las superestructuras federativas y confederativas en proporción a su representatividad (porcentaje del total de sindicalizados).
Toda esta dinámica fomentó el crecimiento de la organización social y política en el campo, agudizando el conflicto nacional, justamente, en uno de sus bastiones tradicionales de la sociedad chilena: la gran propiedad agrícola.