Esta ley suprimió los tribunales especiales evadiendo los acostumbrados derechos de los militares y religiosos.
Gracias a esta ley, los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos civiles, no obstante, persistieron los tribunales militares y eclesiásticos para juzgar los delitos penales, aunque se recomendó al clero abandonar su fuero para estos casos.
[1] Juárez, quien era un liberal radical, o «puro», pretendió eliminar todos los privilegios a militares y religiosos, sin embargo el secretario de Guerra, Ignacio Comonfort, recomendó al presidente Álvarez prudencia para esta ley, por tal motivo se mantuvieron los tribunales castrenses y eclesiásticos para juzgar los casos en materia penal.
[7] La sociedad comenzó a polarizarse, por una parte se escucharon los reclamos de «¡religión y fueros!»,[8] y por otra parte la contraréplica: «¡no más fueros!, ¡no más privilegios!, ¡igualdad para todos los ciudadanos!».
No obstante, tanto la Ley Juárez como la Ley Lerdo fueron ratificadas y aprobadas en todas sus partes por el Congreso Constituyente que redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.