Se trataba de una ley mexicana cuyo propósito era atraer extranjeros para aumentar la población, cambiar al país y mejorar la economía.
Para poder cumplir con esto, se consideró necesario apoyar la inmigración de extranjeros al país brindándoles ciertas comodidades como la posesión de tierras para trabajarlas y se les ofreció seguridad personal y a sus propiedades.
[3] A pesar de los múltiples esfuerzos por mejorar la situación, en 1821 había 3200 colonos en Alta California y sólo 2500 en Texas.
[3] Dadas las condiciones, muchos mexicanos creían que un nuevo método para aumentar la población a lo largo de las fronteras era necesario.
Nombró una comisión gubernamental, encabezada por Juan Francisco Azcárate y Lezama, para realizar un plan de colonización.
[6] La ley establecía restricciones en cuanto a la ubicación de las tierras, no se podrían realizar asentamientos “en los territorios comprendidos entre las veinte leguas limítrofes con cualquier nación extranjera, ni diez litorales”, si no se contaba con autorización federal.
[8] A las nuevas ciudades se les darían 72 kilómetros adiciones de tierra para uso público.
[9] La ley no exigía que los colonos fueran ciudadanos mexicanos, aunque se les dio preferencia en la concesión de tierras y no les requería que fueran católicos, aunque para no violar la Constitución de 1824 debían serlo, dado que las leyes federales prohíben todas las religiones excepto el catolicismo.
[6] Cada estado tenía administradores para la inspección de las tierras, confirmar títulos y resolver disputas.
Los estados del norte fueron los primeros en hacer re-estructuración y proclamar leyes propias.
[12] De igual forma, se proclamaban las reglas y métodos a seguir para su establecimiento en el nuevo territorio.
[16] En 1836, los funcionarios federales anularon la disposición que permitía a los gobernadores presindir comisiones de tierras.
Las normas actualizadas, finalmente prohibieron que cualquier persona emitiera una patente, dando esta autoridad únicamente a los funcionarios federales.