Ley AntiSociedad
Hasta un total de 400 organizaciones nacionales e internacionales han criticado el texto.
En 2010, cuando la Asamblea era presidida por Cilia Flores, el texto volvió a ser debatido, pero nunca fue presentado para una segunda discusión.
Ese año ocurrió lo mismo que en 2010, y el proyecto no se presentó en segunda discusión.
Desde entonces la ley no se volvió a mencionar hasta ese año.
[3][11][12] En el comunicado también se denuncia que el proyecto buscaba reinterpretar la definición de cooperación internacional de acuerdo con los intereses del gobierno venezolano, descartando conceptos como los derechos humanos y la ayuda humanitaria, y dado que el Estado contaba con suficientes normas e instrumentos legales internacionales, buscaba conseguir un monopolio sobre la cooperación internacional.
[1][3] ONGs como Redes Ayuda denunciaron que la ley tenía alrededor de dos años preparándose en el seno del oficialismo.
[1][2] Cabello declaró que contaba con una primera lista de 62 organizaciones no gubernamentales propensas de ser reguladas por la ley, incluyendo a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto Parlamentario Fermín Toro y Más Ciudadanos, ligada a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
[2] De acuerdo con el procedimiento legislativo, el proyecto debía ser enviado a la Comisión de Política Interior, la cual debe revisar el borrador; posteriormente debe ser llevada a segunda discusión para su aprobación, luego de lo cual entraría en vigencia.
[17][18]Diosdado Cabello afirmó el 18 de enero que la ley «sería muy severa».
[20][21] En comunicados conjuntos, el proyecto ha sido criticado hasta por 400 organizaciones nacionales e internacionales.
[17] Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el proyecto y pidió su cese, publicó una carta abierta donde denunciaba que «la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela.
Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal».
[18]La Federación Internacional por los Derechos Humanos también se pronunció en contra del proyecto de ley.
