La lengua administrativa es aquella que es adoptada como única para ser utilizada en la comunicación de una Institución o un estado.
En el siglo XIV, el castellano se convirtió en lengua administrativa en Aragón y Navarra, sustituyendo al latín y al navarro-aragonés.
Poco a poco, todas las Cortes europeas fueron asumiendo sus lenguas vernáculas como administrativas, proceso que culminó a fines del siglo XV.
Así, es Francisco I de Francia el primer monarca que impuso una lengua sobre las demás que se usaban en su reino: en 1501 prohibió el uso de cualquier lengua que no fuese el francés en la comunicación administrativa y en el ámbito judicial.
Este ejemplo se siguió en los Estados italianos (que fueron adoptando el toscano), en el Sacro Imperio (donde se generalizó el alemán, arrinconando variantes germánicas, lenguas eslavas y fino-ugrias) y en Gran Bretaña (donde se prohibió el uso administrativo de las lenguas célticas), y, ya en el siglo XVIII, en España (donde se impuso el uso administrativo del castellano a todos los territorios; véase Decretos de Nueva Planta).