Juicio ejecutivo

Además, dentro del mismo código se encuentran los juicios ejecutivos de mínima cuantía entre los artículos 729 al 739.Una obligación es líquida cuando la cantidad está determinada en el título, sin necesidad de acudir a otros documentos o interpretaciones complejas.Estas características se señalan en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil:La ejecución puede recaer: 1°.Las obligaciones que deben pagarse en moneda extranjera pueden dividirse en dos categorías según su forma de cumplimiento.Por lo tanto, su omisión no anula la acción ejecutiva, sino que simplemente podría requerir otras pruebas para la liquidación del crédito[4]​.En primer lugar, permite determinar la cuantía de la causa, lo que influye en aspectos procesales como la competencia del tribunal.Este es el último de los requisitos para iniciar la acción ejecutiva, que no se encuentre prescrita bajo lo señalado por los artículo 2514 y 2515 del Código Civil.Estas pueden estar relacionadas con la materialidad del título, como la notificación de un protesto, o con la obligación contenida en él, como la avaluación para determinar su liquidez.Finalmente, la notificación del título ejecutivo a los herederos garantiza la continuidad de la obligación en caso de fallecimiento del deudor, permitiendo que la deuda sea exigida a quienes lo sucedan en sus derechos y obligaciones.El juez, actuando de oficio, rechazará la solicitud si no se cumplen los requisitos mencionados.Las disposiciones relevantes se encuentran en los artículos 434 al 529 del CPC, que regulan el procedimiento ejecutivo para este tipo de obligaciones[2]​.En silencio de estas disposiciones, se debe recurrir al Libro II sobre juicio ordinario por el procedimiento supletorio.Este requerimiento debe hacérsele personalmente; pero si no es habido, se procederá en conformidad al artículo 44, expresándose en la copia a que dicho artículo se refiere, a más del mandamiento, la designación del día, hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento.No podrá recaer esta designación en empleados o dependientes a cualquier título del tribunal ni en persona que desempeñe el cargo de depositario en tres o más juicios seguidos ante el mismo juzgado.Además, si considera que no es necesario rendir prueba para resolver la causa, dictará de inmediato la sentencia definitiva.Solo existirá término probatorio extraordinario cuando lo solicite el ejecutante o ambas partes de común acuerdo, conforme al artículo 468, incisos 2 y 3 CPC.Esto restringe la posibilidad de ampliación del período probatorio en comparación con el juicio ordinario, donde este término puede decretarse en otros casos.Esta aplicación se fundamenta en la supletoriedad de las normas del juicio ordinario cuando no existe una disposición específica en el procedimiento ejecutivo.Durante este período, las partes pueden presentar observaciones escritas respecto a la prueba rendida, con el fin de destacar su relevancia o impugnar su validez.En cambio, la sentencia condenatoria acoge la demanda ejecutiva, rechaza total o parcialmente todas las excepciones opuestas y ordena seguir adelante con la ejecución.Por otro lado, la sentencia condenatoria de remate se pronuncia cuando el embargo ha recaído sobre bienes distintos de la especie o cuerpo cierto debido o bienes que no sean dinero, debiendo realizarse el remate para la ejecución.Se trata de una norma absoluta, que no permite eximir del pago al obligado.Las resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales extranjeros solo tienen fuerza obligatoria en Chile, siempre y cuando se hay obtenido previamente mediante el correspondiente exequatur.Si la sentencia estuviera redactada en un idioma distinto al español, se deberá adjuntar la correspondiente traducción oficial.Una vez recibida la solicitud, el tribunal dictará una resolución que deberá notificarse personalmente (40 del CPC) a la parte contra quien se pretende ejecutar la sentencia.Si el tribunal lo estima necesario, podrá abrir un período probatorio antes de dictar su fallo, conforme a lo establecido en la normativa sobre incidentes.Este trámite es esencial para constatar la autenticidad del fallo y acreditar su fuerza ejecutiva antes de su reconocimiento en Chile.Además, dicho reconocimiento puede ser utilizado como excepción de cosa juzgada en futuros litigios dentro del país.El proceso monitorio español es documental, es decir, se deben aportar documentos que prueben la deuda.[9]​ Este proceso podrá aplicarse a los asuntos “transfronterizos”, es decir, cuando al menos una de las partes tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro diferente de aquel en el cual se encuentra el órgano jurisdiccional donde se haya presentado la reclamación por la vía monitoria.