La inmunidad cualificada (en inglés: qualified immunity) es una doctrina legal del derecho estadounidense que protege a los oficiales del gobierno de ser demandados por cualquier acción discrecional llevada a cabo durante el ejercicio de sus funciones, a menos que su conducta viole leyes federales o derechos constitucionales «claramente establecidos».
[1] Bajo este código una persona puede demandar por daños causados cuando los oficiales estatales violan sus derechos constitucionales u otros derechos federales: El modelo actual de la inmunidad cualificada fue establecido en el caso Harlow contra Fitzgerald de 1982.
Y para determinar si tales criterios se cumplían era necesario que el oficial pasara por un juicio, comúnmente ante un jurado.
[7] De esta forma estableció que la normativa para la inmunidad cualificada debía ser: «Las acciones discrecionales de los oficiales del gobierno no podrán enfrentar juicios por daños civiles en la medida en que su conducta no viole estatutos o derechos constitucionales claramente establecidos, sino que se deberá decidir de acuerdo a cómo habría actuado una persona razonable en la posición del oficial».
[16] Para que una ley se considere «claramente establecida» los acontecimientos ocurridos en el caso llevado a juicio deben ser lo más cercano posible a los hechos del caso que se tome como antecedente y sobre los cuales la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones ya haya emitido una resolución.
Para un juez es posible casi siempre argumentar que no hay una concordancia exacta entre lo establecido en el código y lo determinado en los casos prececentes.
Y aun cuando exista un precedente similar, no tiene certeza de que se considerará como un estándar aplicable a su caso.