En 2023, se realizó un plebiscito junto con las elecciones nacionales en Ecuador, para el rechazo o aceptación de la iniciativa Yasuní.
Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo.
Existe también otro beneficio: los fondos del capital pueden invertirse en proyectos hidroeléctricos y geotérmicos con rentabilidad garantizada.
[9][10] El presidente anunció que un 0.1% del parque nacional se usará para la extracción petrolera,[9] es decir 10 km² (1000,0 ha), lo que se estima generará alrededor de 18.000 millones USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años).
El caso ahora se encuentra en la Corte Constitucional y ha sido denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las negociaciones para conseguir fondos estuvieron a cargo de Ivonne Baki, quien fue criticada por su actitud pasiva para conseguir el financiamiento necesario.