Ese año comenzó a tomar forma el peronismo, con un programa de reformas laborales largamente reclamadas por los sindicatos y obteniendo el apoyo masivo de esa nueva clase obrera que se expandía velozmente con la industrialización del país.
El agotamiento del alvearismo-unionismo abrieron paso a una nueva generación de líderes radicales, que se definirían yrigoyenistas e intransigentes.
El gobierno de Ramón S. Castillo, desestimó la lucha contra el fraude que había iniciado su predecesor, interviniendo entre 1941 y 1943, las provincias argentinas en las cuales no imperaba el fraude electoral: San Luis, Córdoba y Entre Ríos, estas dos últimas gobernadas por el radicalismo.
[5] En el curso de dos años (1943-1945) el grupo sindical-militar liderado por Perón, fue sumando algunos apoyos en el radicalismo (Antille, Quijano, Colom, FORJA) y llegó a convertirse en el sector más influyente del gobierno militar.
La Unión Cívica Radical se sumaría a este último frente, aunque con importantes discrepancias internas.
En 1945 el país se polarizó dramáticamente: la oposición definida como antiperonista, por un lado; Perón y los sindicatos que lo apoyaban, por el otro.
En mayo de ese año llegó el nuevo embajador estadounidense, Spruille Braden que jugó un rol decisivo coordinando a la oposición antiperonista y facilitando su unificación.
En ese momento los líderes del movimiento opositor tuvieron el país y el gobierno a su disposición.
[11] Los líderes opositores cometieron graves errores: uno de ellos, no organizarse y esperar pasivamente que las Fuerzas Armadas actuaran.
Recuerda el historiador radical Félix Luna: Todavía relegados dentro de la Unión Cívica Radical los intransigentes intentaron llamar la atención, sin que se los escuchara, sobre la naturaleza genuinamente popular de los trabajadores que salieron a apoyar a Perón.
Los líderes radicales más importantes de aquel momento fueron José P. Tamborini, Enrique Mosca, Ernesto Sanmartino, Eduardo Laurencena, entre otros.
Y adhieren luego, entre otros, Ricardo Rojas, Adolfo Güemes, Elpidio González, Ernesto Giuffra, Miguel Campero, Federico Monjardín.
Durante la campaña electoral el gobierno militar controlado por Perón, sancionó el decreto-ley 33.302/45 creando el aguinaldo y otras mejoras laborales.
La CGT declaró entonces una huelga general, que fue respondida por el sector empresario con un lock-out en las grandes tiendas comerciales.
Durante más de un mes la Unión Cívica Radical se mantuvo en silencio frente al conflicto.
Pero seis días después, fue el propio sector empresario el que llegó a un acuerdo con los sindicatos y decidido aceptar el aguinaldo, aunque pagándolo en dos cuotas.
Las elecciones se realizaron el 13 de enero, ganando los candidatos del MIR (intransigentes), Juan Prats y Crisólogo Larralde.
Inmediatamente la Unión Democrática apoyó el Libro Azul y adicionalmente exigió la inhabilitación legal de Perón para ser candidato.
[16] Era evidente que en la Argentina se había producido un cambio profundo, económico, social y cultural.
Pero en gran parte por las características fraudulentas del sistema político que gobernó entre 1930-1943, esos cambios sociopolíticos no podían percibirse correctamente.
Durante el curso del gobierno peronista los intransigentes fueron imponiendo su presencia y el retorno de la UCR al yrigoyenismo.
Los viejos unionistas en bloque y algunos intransigentes, fueron inclinándose por una posición de rechazo duro del peronismo basada en la disyuntiva democracia-fascismo.
Años más tarde esa oposición dura al peronismo será generalizadamente conocida con el término "gorilas".
Por su parte el peronismo fue endureciendo su persecución sobre el radicalismo, despojando de sus bancas a diputados como Ricardo Balbín y Ernesto Sanmartino, incluso encarcelándolos.
Arturo Frondizi y el unionista Eduardo Laurencena habían firmado en 1951, junto a otros líderes políticos, la proclama golpista del General Benjamín Menéndez.
La policía detuvo a Roque Carranza, acusándolo de dirigir el grupo terrorista que cometió el atentado.
En esas condiciones Carranza y otros 12 radicales involucrados confesaron ser los autores, siendo condenados a prisión.
Fracasado el golpe, Zavala Ortiz y 50 comandos civiles huyeron a Uruguay en uno de los aviones.