[26]​ Según el propio Méndez Aspe, su propósito era constituir un fondo de reserva para "hacer frente al porvenir y gastos emigración".

Su venta durante la Guerra Mundial dio entre ocho y diez millones de dólares.

Según afirmaba el propio Negrín, su propósito respecto al Vita era reservarlo para la restauración de las futuras instituciones republicanas ("deseamos que no se toquen y que queden reservados para cuando volvamos a España").

Méndez Aspe fue el hombre fuerte dentro del SERE, controlando por completo las "finanzas" del exilio[32]​ oslayando la autoridad de su presidente, Pablo de Azcárate -que ya había presentado por primera vez su dimisión al constituirse la JARE-, y su director, Bibiano Fernández Osorio y Tafall, los cuales acabaron presentando su dimisión en octubre de 1939, tras lo cual el puesto de presidente se suprimió.

[33]​ En el caso de Osorio y Tafall su dimisión tuvo también dimensión política de diferencias con Negrín, puesto que no volvió a participar en actividades políticas.

[35]​ Como parte de las actividades emprendidas por el SERE, en mayo de 1939, Méndez Aspe y Negrín se encontraban en México para recibir al primer embarque colectivo financiado por el SERE y esclarecer el estado de los bienes existentes en dicho país.

[36]​ Entre septiembre y octubre, tanto Azcarate como Aspe fueron confinados por las autoridades francesas (Aspe en Lot y Garona), prueba de la beligeracia del ministerio de Justicia francés contra el SERE,[37]​ debido a las presiones franquistas y al afán anticomunista del gobierno francés en guerra.

Por ello, se impuso la opción de liquidación del SERE en Francia.

La policía francesa intervino las oficinas del SERE y los domicilios particulares de sus directivos.

[46]​ Fue también uno de los promotores, junto con Casares Quiroga, de la Coalición Republicana Española,[47]​ una organización del exilio creada en el Reino Unido en 1942 que defendía la República española y sus instituciones,[48]​ sin abandonar su colaboración con Negrín.

Negrín se negó a ello, aduciendo que se trataba de un procedimiento irregular (en todo caso tendría que rendir cuentas al Parlamento y no al gobierno) y de que no podría hacerlo hasta que se conociese con exactitud los fondos sustraídos a su control por la Diputación Permanente y por la JARE.