[1][2] El hecho fue reconocido el 24 de febrero de 2021 por el gobernador Gerardo Morales, quien graficó el grado de escándalo con la frase «Faltó que pongan hasta el perro y el gato para que se vacunen».
[3] Sin dar mayores detalles, el gobernador Morales precisó que había clínicas privadas, a las cuales la provincia les había entregado vacunas contra la COVID-19 de propiedad pública, que estaban vacunando a personas que no estaban incluidas entre las tenían prioridad para ser inoculadas.
Para graficar el grado de arbitrariedad el gobernador graficó el escándalo con la frase «Faltó que pongan hasta el perro y el gato para que se vacunen».
[4][5] El gobernador no tomó ninguna decisión contra los funcionarios del área de salud de la provincia, pero anunció que publicará las listas de personas vacunadas y que sancionará una norma para establecer penas de multa, si se repiten los casos.
El gobernador informó también que personas «con poder económico» amenazaron al personal del vacunatorio provincial instalado en el hospital de campaña.