La causa quedó radicada ante el Juzgado Federal No 4, a cargo de Ariel Lijo, siendo designado fiscal Carlos Stornelli, quien imputó a Rodríguez Larreta y Quirós por delitos de corrupción y difusión de la enfermedad.
La denuncia acompaña como prueba publicidad realizada por empresas privadas de salud, como el Sanatorio Güemes, ofreciendo «vacunación para pacientes contra el COVID-19», «para afiliados de Hominis y OSUTHGRA».
[1] Por su parte, el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que diversas empresas privadas, como el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, el Hospital Británico, CEMIC, Sanatorio Güemes, OSECAC y OBSBA quedaban autorizadas a realizar vacunaciones contra la COVID-19.
[1] Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicó que firmó siete convenios con obras sociales e instituciones privadas (Hospital Británico, Hospital Italiano, Hospital Alemán, Sanatorio Güemes -OSUTHGRA y Hominis-, CEMIC, OSBA) .
[10][11] Asimismo, Quirós explicó que desde el gobierno porteño pidieron a las obras sociales y prepagas que "sean capaces de mantener la equidad en la oferta de la vacuna" Paralelamente el gobierno porteño recibió críticas y denuncias tras ponerse en conocimiento público que se estaba vacunando a militantes de Juntos por el Cambio en un local partidista de Parque Chacabuco.