Esto causó la intervención gubernamental que remitió operativos de la Fuerza Pública para mantener la paz.

Prohíbe su venta, cesión, expropiación, renuncia o reducción y establece que toda propiedad en manos de no indígenas adquirida previo a 1977 deberá ser expropiada a cuenta del Estado y los propietarios indemnizados por el gobierno, mientras que toda propiedad o construcción posterior a la promulgación de la ley deberá ser desalojada sin indemnización alguna.

Sin embargo, las expropiaciones y reubicaciones de la población no indígenas no se han realizado e incluso se hicieron construcciones nuevas y usurpación de tierras posteriores.

Según la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz los gobiernos previos han sido permisivos e indiferentes con el asunto y se han desentendido de la situación evitando atenderla debidamente.

[7]​ El ministro de Seguridad Pública Celso Gamboa aseguró que harían lo necesario para frenar todo acto violento en la zona.